El CGPJ dice que Soria quebranta ''gravemente'' al Estado de Derecho
Gabriela Bravo en El Correíllo
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo Sanestanislao, rechazó este martes las críticas del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, hacia los informes policiales en la instrucción del caso salmón, que desarrolla la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia en las islas (TSJC), porque, en su opinión, “constituyen un grave quebranto para el funcionamiento del Estado de Derecho”.
Tras ofrecer una ponencia en el curso Oratoria y comunicación, organizado por la Fiscalía Superior de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Bravo señaló que “las valoraciones de políticos o de ciudadanos merecen el respeto como ejercicio de su propio derecho a la libertad de expresión”, aunque rechazó “aquellas valoraciones que pueden constituir un ataque a las instituciones y a la independencia del poder judicial y a la propia responsabilidad y buen hacer de los jueces y magistrados”.
Rechaza “absolutamente” las filtraciones
Asimismo, Bravo fue cuestionada por la comparecencia prevista para este martes y finalmente suspendida de la jefa superior de Policía de Canarias, Concepción de Vega Caamaño, que iba a prestar declaración en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria en relación a las diligencias que investigan supuestas filtraciones a la prensa en el caso salmón, en el que está imputado por presunto cohecho el también vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, José Manuel Soria.
En este sentido, la portavoz subrayó que el CGPJ “rechaza absolutamente las filtraciones”, que, a su entender, “no puede considerarse que forman parte del contenido del derecho a informar”.
A este respecto, explicó que “este derecho ha de ejercitarse dentro de los parámetros que marcan las leyes y sabiendo conjugar los intereses en juego”. “Estas filtraciones dan lugar a la conversión de más que de una información de una manipulación y no ocasionan ningún tipo de beneficio para el funcionamiento del Estado de Derecho”, apostilló.
Derecho a la información
Durante su conferencia Bravo ofreció una reflexión sobre el derecho a la información visto desde el poder judicial. “Somos conscientes de que el derecho a la información es un derecho constitucional y hay que ejercitarlo en los parámetros que marca la Constitución, hay que informar a los ciudadanos con objetividad, transparencia, profesionalidad y veracidad”, manifestó.
Así, lanzó un mensaje desde el CGPJ de desarrollar una política institucional y apostó por “una justicia transparente porque ésta es la mejor manera de acercar la justicia al ciudadano”. Además, considera que “una justicia transparente no se consolida si no se consigue explicar y trasladar al ciudadano todo aquello que acontece en los tribunales.
En su opinión, “el ciudadano tiene derecho a saber y a estar informado del contenido de los asuntos que puedan tener un interés general”. Resaltó que “el derecho a comunicar no es un derecho de los periodistas sino de la sociedad”.
Por último, planteó que por parte de los medios de comunicación “hay que saber tutelar aquellos derechos en juego, como los derechos de los más vulnerables como los menores y las víctimas, saber respetar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y al mismo tiempo tener la capacidad de informar con trasparencia, objetividad y veracidad”.
