Cisma en el Gobierno canario: Casimiro Curbelo se enfrenta a CC por una enmienda al proyecto de la ley de alquiler vacacional
En diciembre de 2025, el Parlamento de Canarias aprobó la ley autonómica de alquiler vacacional, elaborada por la Consejería de Turismo. La norma salió adelante con el apoyo de los cuatro partidos del Gobierno (CC, PP, AHI y ASG) y el rechazo de PSOE, Nueva Canarias y Vox. Sin embargo, uno de los socios, la Agrupación Socialista Gomera, liderada por Casimiro Curbelo, respaldó la iniciativa condicionando su voto a la apertura de un trámite posterior de enmiendas. Ese momento, pospuesto en varias ocasiones, llegó sin que se tuvieran en cuenta sus aportaciones.
ASG había pactado con PSOE y Nueva Canarias una enmienda transaccional que introduce un cambio clave en la ley de alquiler vacacional: pasar de considerar esta actividad como clasificada a inocua. Esta modificación fue aprobada en comisión parlamentaria y es sustancial porque la consideración de actividad clasificada implica mayores exigencias en materia de ruidos, salubridad, seguridad y tramitación administrativa. Además, la ley autonómica estableció que, en un plazo máximo de ocho meses desde su entrada en vigor, los ayuntamientos debían aprobar y empezar a aplicar un plan de comprobación y control de las viviendas vacacionales existentes en sus municipios.
Tras la comisión, CC presentó un escrito dirigido a la Mesa en el que solicitaba no tener en cuenta esta enmienda. “En consecuencia”, rezaba la petición de CC, “que el precepto afectado mantenga la redacción contenida en el Informe de la Ponencia con anterioridad a la incorporación de la enmienda transaccional”. La petición llegó a la votación de este martes, pese a haberse dirigido a un órgano que no es el competente para tomar la decisión, la Mesa del Parlamento. Según el reglamento interno, “los grupos parlamentarios, dentro de los dos días siguientes a la fecha de terminación del dictamen, mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara, deberán comunicar los votos particulares que pretendan defender en el Pleno, con vistas al mantenimiento del texto de la iniciativa legislativa que hubiese sido modificada en comisión como consecuencia de la incorporación de enmiendas”.
La Agrupación Socialista Gomera denuncia que dicho voto particular no fue anunciado en el propio debate del dictamen de la comisión, lo que podría haber dado al grupo parlamentario “la opción de defender sus derechos e intereses legítimos”. En un escrito, también dirigido a la Mesa, el grupo de Casimiro Curbelo sí refleja una queja de la portavoz de CC en la comisión, “que fue registrada en tiempo y forma y establecida por los servicios jurídicos como TC-1”. También alude a que no se ha presentado en el plazo que establece la normativa, “dentro de los dos días siguientes a la fecha de terminación del dictamen”, y considera que el escrito que Coalición Canaria dirigió a la Mesa “no reúne los requisitos para ser considerado un voto particular”.
La petición de ASG se votó este martes en la reunión de la Mesa de la Cámara, donde se desestimó en dos ocasiones tras un rifirrafe parlamentario que continuó en la Junta de Portavoces, donde se dijeron palabras más gruesas.
Fuentes presentes en la reunión señalan a Canarias Ahora que este martes se escuchó a un acalorado Casimiro Curbelo asegurar que “llegará hasta las últimas consecuencias”, incluso si esas últimas consecuencias son los tribunales. Por ahora, el líder de ASG debe presentar un escrito de reconsideración a la Mesa y, hasta que se resuelva, queda suspendida la tramitación de la ley.