Consumo admite el ''derecho a ir a los tribunales'' por el exceso de boro
La directora general de Consumo del Gobierno de Canarias, Sinesia Medina, aseguró este jueves que, en su opinión personal, “cualquier consumidor que considera que hay un fraude tiene todo el derecho a ir a los tribunales”, en relación a las denuncias presentadas ante Fiscalía por varias asociaciones de consumidores contra el Ejecutivo regional, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la empresa de gestión del agua Emalsa por un exceso de boro en el agua de consumo humano en la capital.
Así lo manifestó Medina antes de una reunión en la capital grancanaria, acompañada por el director general de Energía del Ejecutivo regional, Adrián Mendoza (CC), con las asociaciones de consumidores y oficinas de información al consumidor de la provincia de Las Palmas, con el fin de hacer llegar al máximo número de usuarios la recomendación de que se pongan en contacto con una empresa comercializadora para garantizar que les será aplicada la tarifa de último recurso a partir del 1 de julio del presente año.
La directora general aseguró que la Consejería regional de Consumo tiene previsto “tramitar y gestionar las reclamaciones que se hagan por parte de los consumidores y derivarlas a los organismos competentes, que son la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento capitalino”.
Manifestó que en la Dirección General de Consumo “no se ha recibido ninguna reclamación” hasta el momento debido a este problema, sino que “las asociaciones han optado por ir directamente a los tribunales”.
Igualmente, recordó que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias está tramitando un expediente sancionador a la empresa Emalsa al considerar la existencia de un incumplimiento en las obligaciones derivadas del Real Decreto 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, por no cargar en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC) los datos obligatorios.
Medina hizo especial hincapié en que “el Ayuntamiento es el responsable” del problema del agua de abasto de la ciudad, puesto que, a su juicio, la institución local es la que “tiene que velar porque el agua que llegue a las casas sea potable, limpia y salubre”. “Las competencias en consumo las tienen las corporaciones municipales y, en concreto, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es uno de los que las tiene más desarrolladas”, aseveró.
