Costas salva de la piqueta al Papagayo Arena y provoca una fuerte polémica
La decisión de la Dirección General de Costas del Gobierno de España de detener el expediente de expropiación forzosa para el derribo del hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, ha desatado este lunes una fuerte polémica, con duras críticas de los ecologistas y perplejidad en las filas del PSC-PSOE lanzaroteño, al tiempo que desde el Gobierno de Canarias, su vicepresidente, José Manuel Soria, aseguró este lunes que “no es el tiempo de utilizar la piqueta, es el tiempo de utilizar el sentido común”.
En su edición de este lunes, El País informaba de la decisión tomada por la Dirección General de Costas, confirmada a Europa Press por el director del hotel, Manuel Concepción. que explicó que el caso “está legalmente caducado” y que la la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha paralizado el expediente de expropiación que inició en 2007.
“Cuando un expediente no se mueve, caduca, y esto es lo que le ha pasado a la expropiación del Papagayo Arena”, explicó Concepción. Al ver que el tiempo transcurría y nadie de Costas se dirigía a los responsables del hotel, “la abogada instó al Gobierno central a que le informara sobre qué estaba pasando con el expediente y la conclusión es que han optado por no seguir con él, pues no ha habido ningún movimiento al respecto”, sentenció.
Desde el PSC-PSOE de Lanzarote, su secretario de comunicación y diputado en las Cortes, Miguel González Rodríguez, cree que el expediente de expropiación “llegará a su final” porque se trata de un caso “flagrante” del incumplimiento de la Ley de Costas.
González consideró que la política del Gobierno central en materia del conservación del litoral sigue siendo la misma se mostró seguro de que “el expediente de expropiación llegará a su final porque el Ministerio tiene mucho interés en restaurar toda la costa española en su conjunto y el Papagayo Arena es uno de los casos más flagrantes de ilegalidad”.
Sin embargo, desde el Cabildo conejero, su vicepresidente, Fabián Martín, aprecia un “cambio de orientación” en la política del Gobierno central. El pilista Martín consideró que esta decisión responde a un cambio de estrategias del Gobierno central en materia de Costas ya que “desde hace tiempo se viene hablando de un cambio de orientación y de prácticas en el Ministerio de Medio Ambiente; y concretamente en la Dirección General de Costas, cuya política ha sido en algunas ocasiones puesta en entredicho”.
Martín aseguró que ahora habrá que “estudiar por qué ha caducado el expediente y ver qué repercusiones puede tener” la situación del complejo hotelero, que también linda con el espacio natural protegido de Los Ajaches.
Por su parte, la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha criticado el “doble rasero” de la Dirección General de Costas. Un portavoz de la asociación denunció la “presión que ha habido sobre viviendas ilegales en la costa”, mientras dijo echar “de menos que a todo el mundo se le haga pasar sobre el mismo rasero”.
“No entendemos cómo es posible que se eliminen los barrios de Cho Vito en Tenerife o Tufia en Gran Canaria, mientras que los hoteles queden impunes o, por ejemplo, el centro comercial Las Terrazas, también en la isla grancanaria, que es claramente ilegal. No entendemos este doble rasero”, sentenció.
Al respecto, Ben Magec calificó la situación de “alucinante”, ya que es la propia administración quien “paraliza estos procesos y luego resulta que al que demanda termina ganando porque en la propia administración no hay voluntad” de hacer andar el procedimiento.
“Al final todo se resume en la nula voluntad de gobierno central, y también del Gobierno canario, de tratar a todas las ilegalidades con el mismo rasero. No es posible que un hotel que aduciendo los puestos de trabajo, tenga licencia para hacer lo que quiera mientras que gente que lleva 25 años en una vivienda, aunque tampoco sea justificable, esa sí que haya que tirarla”, aclaró.
Además, la asociación aprovechó para denunciar la situación similar de varios hoteles del norte de Fuerteventura, en Corralejo. “Están en las mismas condiciones. Hoteles que desde hace años son ilegales y que una y otra vez los sucesivos gobiernos van, de alguna forma, amnistiando, buscando métodos para terminar haciéndolos legales”, sentenció.
También Greenpeace valoró que la política del Gobierno en materia de sostenibilidad de costas ha sufrido un “retroceso claro” desde que la ministra Elena Espinosa asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, hecho que ve “demostrado” con casos como el del hotel Papagayo Arena (Lanzarote) o El Algarrobico (Almería), de los que solicitan su demolición y posterior recuperación del entorno.
“Están paralizándose los procesos de expropiación de los casos que pensábamos casi ganados, como El Algarrobico (Almería) o el Papagayo Arena (Lanzarote), que eran las bandera de la destrucción de las costas españolas”, aseguró la responsable de política de costas de la ONG, Pilar Marcos.
Marcos añadió que alargando el estudio del expediente del hotel Papagayo Arena por parte del Gobierno se está “provocando que pueda caducar”, cuando hay avales como el del Tribuna Superior de Justicia, que declaró “ilegal” la licencia de este complejo hotelero de la costa sur de la isla canaria.
En ese sentido, manifestó que se observa “a golpe de diario el retroceso claro en el cuidado de las costas” y que “sorprende, dentro del mismo color de Gobierno, este cambio de estrategia”. “Parece que estamos hablando de un cambio radical de Gobierno especialmente en la política de costas”, sentenció.
Finalmente, aseguró que Greenpeace seguirá denunciando “los casos más graves” y que con respecto a las actuaciones sobre el Papagayo Arena seguirán la misma “metodología que con El Algarrobico”. “Esperamos que no se alarguen los procesos iniciados y las iniciativas legales contra estos edificios que violan la ley de costas. Ese es un reto importante para los grupos ecologistas”, concluyó.
Para el Gobierno de Canarias, según su vicepresidente, José Manuel Soria, “no es el tiempo de utilizar la piqueta, es el tiempo de utilizar el sentido común”.
El consejero puntualizó a Efe que desconoce la nueva decisión del organismo estatal, pero defendió que, “siempre dentro de la legalidad”, se deben “dar soluciones” para garantizar el éxito de “la materia prima básica de Canarias”, es decir, añadió, “la de los establecimientos hoteleros”.
“No están los tiempos para andar con bromas y tirar la base de lo que es la industria fundamental de Canarias”, subrayó.
Por ello, considera que empresarios y operadores deben gozar de “seguridad jurídica” cuando abordan una nueva inversión, porque, de lo contrario, “podríamos estar tirando piedras contra nuestro propio tejado”, lamentó.
