La patronal rechaza la declaración institucional propuesta por Rivero contra los PGE

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) no firmará la declaración institucional propuesta por el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, para rechazar las cuentas del Estado de 2009, si bien no las “asume ni comparte” porque sitúan a las islas en “clara desventaja”.

Así lo anunció estee jueves la CCE en un comunicado, en el que expresa su desacuerdo con el “sistema y el modelo” utilizado por Rivero para posicionarse contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque señala que por respeto a las instituciones que gobiernan la Comunidad asistirá a cualquier acto al que se les convoque.

La CCE recuerda que no es un órgano unipersonal sino una institución de relevancia constitucional, cuyas decisiones se alcanzan democráticamente, por lo que el Gobierno debe hacer “un ejercicio de responsabilidad” en una situación de crisis como la actual y preservar el papel que garantiza la Constitución a las organizaciones empresariales más representativas.

En cuanto a los PGE, manifiesta que las partidas destinadas a Canarias no responden a las verdaderas necesidades que afectan a la región, en un momento en que la inversión pública debe impulsar el crecimiento económico.

Según la CCE, se debe actuar de manera urgente y dejar a un lado el debate político, por lo que insta a los diputados y senadores canarios a actuar en un frente común en defensa de los intereses del archipiélago.

La CCE no puede consentir un “aparente sostenimiento” de los recursos que prevén destinarse a Canaris a cambio de menoscabar la pontencialidad del Régimen Económico y Fiscal canario, y las medidas legalmente constituidas en atención a la condición de ultraperificidad.

Considera “inaceptable” que se postule la reducción de ayudas al transporte de mercancías o se comprometa el futuro económico de la región con el recorte de las previsiones presupuestarias de proyectos plurianuales ya iniciados, más aún cuando afectan a programas tan sensibles para Canarias como los relativos a los aeropuertos, indica la nota.

La CCE cree que el Estado debe cumplir con sus obligaciones en materia presupuestaria, de manera que las inversiones en el archipiélago se sitúen en la media nacional por habitante, sin perjuicio de que existan otros instrumentos que compensen los déficit derivados de la condición ultraperiférica de Canarias.

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