El Diputado del Común admite ''irregularidades'' en las oposiciones
El Diputado del Común, Manuel Alcaide, denunció este jueves que existe “una desconfianza cada vez mayor” de los ciudadanos en la limpieza de los procesos de selección de empleo público, tanto para funcionarios como para personal laboral, y afirmó que su institución ha constatado “la existencia de irregularidades que no pueden permitirse”.
Ésta fue uno de los aspectos negativos en el funcionamiento de las administraciones públicas canarias expuesto por el Diputado del Común en su informe anual de 2006, que este jueves presentó ante el pleno de la Cámara regional.
Otras deficiencias tienen que ver con el deficiente servicio sanitario, la falta de recursos para personas dependientes, la ineficacia de la justicia o el cobro indebido de tributos, aunque también se reconoce una mejora en la situación de los menores con medidas judiciales.
Personas discapacitadas
Según Manuel Alcaide, las familias con personas discapacitadas tienen dificultades para acceder a los recursos específicos y especializados, y en el caso de los discapacitados psíquicos, no hay asesoramiento ni respuestas adecuadas por parte de las administraciones.
El informe pide que haya coordinación entre las administraciones en los servicios de atención y más plazas y recursos, y además existen incumplimientos de la ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas.
Mayores
La implantación de la ley de dependencia será difícil por la necesidad de coordinación entre varias administraciones, según Alcaide, que pide que este asunto no se convierta en motivo de confrontación política.
Es necesario un nuevo impulso a los servicios sociales para las personas mayores, potenciar la atención domiciliaria e incrementar las plazas residenciales, ya que hay muchas personas desatendidas y listas de espera.
Menores
Ha disminuido el grado de conflictividad en los centros de menores con medidas judiciales, pero hay preocupación por la integración de menores extranjeros de más de 16 años que no tienen permiso para trabajar.
La llegada de inmigrantes menores de edad ha desbordado los recursos autonómicos, dijo Manuel Alcaide, y subrayó la responsabilidad de las administraciones públicas de asumir la tutela del menor, documentarlo y tramitar su residencia cuando haya dificultad de retorno a su núcleo familiar.
En protección de la infancia hay ausencia de labores de prevención, faltan recursos y hay dificultades de coordinación entre las administración. También hay numerosas quejas por las deficiencias de los servicios de adopción de la Dirección General del Menor.
Educación
Hay problemas en la admisión de alumnos en determinados colegios, y hay una carencia grave en las ayudas que necesitan los padres con niños con discapacidades.
También ha habido denuncias por agresiones crecientes a profesores y personal no docente.
Sanidad
Las listas de espera no se consiguen reducir a “cifras tolerables” y los servicios de urgencia están saturados, mientras que aumentan las quejas de los pacientes sobre el transporte sanitario no urgente por falta de coordinación y complejidad del servicio.
Justicia
Alcaide considera que hay un gran retraso en la justicia que pone en cuestión la tutela judicial efectiva, con muchos asuntos pendientes, insuficientes órganos judiciales, interinidad y falta de preparación de parte del personal y escasez de recursos humanos.
Es especialmente preocupante la situación de la jurisdicción contencioso-administrativa, donde se dan señalamientos “a años vista”.
También hay quejas de la población reclusa por traslados de centros injustificados provocados por la saturación de los centros penitenciarios en Canarias.
Seguridad ciudadana
Las medidas para reforzar el orden público no son suficientes, según Alcaide, y la ciudadanía tiene la percepción de que la seguridad pública no ha mejorado.
Servicios sociales
Las quejas se centran en la deficiente gestión de las ayudas y pensiones por parte de la comunidad autónoma y las administraciones locales.
Economía y Hacienda
La queja más frecuente es que no hay respuesta a las quejas y recursos, y se envía a los ciudadanos a que reclamen judicialmente, lo cual “es una clara vulneración de la ley” y una “patología” administrativa.
Los que están al frente de las unidades administrativas no asumen sus responsabilidades y esto se traduce en una sobrecarga de la jurisdicción contencioso-administrativa y en el retraso a la solución de las quejas.
También hay quejas por el cobro de tributos indebidos y por el embargo de cuentas corrientes sin notificación previa.
Comercio y consumo
La Dirección General de Consumo no contesta a las reclamaciones presentadas por los consumidores.
Vivienda
Ha habido disminución de las quejas sobre supuestas irregularidades en el baremo para el acceso a viviendas públicas debido al descenso de promociones en las que se necesita baremación.
Actividades clasificadas
El informe indica que hay numerosas quejas por contaminación acústica, elevados niveles de ruido y actividades sin licencia, así como por humo y malos olores, ante lo que existe pasividad de la administración.
Política territorial
Alcaide denunció la pasividad de las administraciones respecto a las obras y viviendas ilegales, la indisciplina urbanística y el deterioro del suelo rústico.
Trabajo y función pública
Según Alcaide, la desconfianza es cada vez mayor respecto a la limpieza de los procesos de acceso a los empleos públicos, al no garantizarse los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El Diputado del Común precisó que muchos procesos selectivos se hacen bien, pero en su institución constan irregularidades “que no pueden permitirse”.
