Emalsa: “No hay razones jurídicas” para intervenir
Emalsa ha anunciado este miércoles que sus abogados trabajan en las alegaciones al expediente iniciado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para intervenir la concesión administrativa del ciclo integral del agua, porque considera que “no hay razones jurídicas” para ello.
En un comunicado, Emalsa -participada en un 66% por socios privados y en un 34% por el Ayuntamiento- califica de “reveladora” la “anticipación” que ha tenido el Consistorio en este expediente, ya que este se inició, según la resolución remitida a la empresa, el 25 de octubre, en base a un informe técnico del jefe de servicio de Aguas que fue firmado por su titular “40 días después, el 4 de noviembre”.
Emalsa agrega en un comunicado que “la razón jurídica que promueve la intervención de cualquier concesión es la perturbación grave del servicio por cualquiera de las causas que contempla la ley”, lo que, desde su punto de vista, no es aplicable a esta empresa, “como reconocen los responsables municipales”.
La empresa mixta de abastecimiento de agua en Las Palmas de Gran Canaria alega en su escrito que “es muy improbable que cualquier concesionario de servicios, ante la necesidad de dar equilibrio a sus cuentas, no ponga sobre la mesa toda la información necesaria”.
Además, considera “inconcebible” y “falso” que no haya colaborado con el servicio municipal de aguas en aspectos que condicionan su resultado económico (un aumento de tarifas) o en su equilibrio financiero (que le paguen las facturas por servicios que ya ha prestado).
Emalsa subraya que el Ayuntamiento, como socio de Emalsa y participante en su máximo órgano decisorio, el consejo de administración, “ha tenido acceso directo y constante a todas las informaciones internas y externas de la sociedad, incluidas las de gestión”.
“Como base de sus expedientes de revisión de tarifas (o del pago de sus facturas), Emalsa ha comunicado una y otra vez todos estos datos al Ayuntamiento. Además, desde el año 2012, ha respondido a los requerimientos específicos de información del Servicio de Agua con detallados y costosos dossiers”, asevera la empresa de gestión mixta.
Como prueba de ello, apostilla, “basta constatar que las cuentas de la compañía, durante todo este tiempo, se han formulado por el consejo y aprobado en junta general con el apoyo puntual y regular de todos sus socios, público y privados”.
Funcionamiento precario
Sobre los supuestos incumplimientos contractuales en los que ha podido incurrir, Emalsa alega que “el funcionamiento precario de las principales instalaciones, por cumplimiento de su vida útil, puede ser un riesgo para el servicio, pero nunca un incumplimiento contractual de la concesionaria ni una causa para la intervención si, como es el caso, no se traduce en una perturbación del mismo”.
Considera la empresa que de este riesgo “no puede culpabilizarse a Emalsa, que lo sufre y se ve obligada a mayores esfuerzos y equilibrios en la operación y mantenimiento de estos activos, sino a la falta de diligencia de su propietario y titular del servicio para renovarlas”.
Sobre el “colapso de zonas cada vez más significativas del saneamiento”, del que habla el informe elaborado por el Ayuntamiento, Emalsa recuerda que el Servicio de Agua apostilla que, en colaboración con la empresa, ha confeccionado planes urgentes por valor de más de 12 millones, “pero cuya inclusión en el presupuesto municipal 2014 es improbable”.
La compañía ha negado que su conducta pueda ser calificada en ningún caso de “dilatoria o obstruccionista”, como apunta otro informe jurídico encargado por el Consistorio, y la “increíble tesis de que Emalsa boicotea los aumentos de ingresos que necesita”.
Por todo ello, la empresa considera que “el fundamento legal de la intervención parece poco fundamentado” y subraya que “en ningún caso se ha derivado perturbación del servicio público”.
“No hay razones para intervenir Emalsa y sí para trabajar con ella en las soluciones posibles para el sistema del ciclo integral del agua de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria”, asevera la empresa, que ha mostrado su predisposición a hacerlo.