La empresa perjudicada amenaza con querellarse
“En el supuesto de que el consejero de Obras Públicas [Carlos Sánchez] haya mentido deliberadamente a la Mesa de Contratación, incurriendo presuntamente en un delito de prevaricación administrativa, tal circunstancia será puesta de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, sin perjuicio del derecho que asiste a MI3 Ingenieros Consultores, SCP, para la interposición de la correspondiente querella criminal ante el juzgado de lo penal contra todos y cada uno de los responsables políticos del Cabildo de Gran Canaria que hayan participado, por acción u omisión, en dicha presunta tropelía”.
Este párrafo está extraído de un escrito de siete folios que este viernes recibieron una docena de cargos públicos del Cabildo de Gran Canaria, tanto los pertenecientes a la Mesa de Contratación de la Corporación como su consejera de Medio Ambiente, Mari Mar Arévalo, el jefe de los Servicios Jurídicos y el mismísimo presidente, José Miguel Bravo de Laguna.
El escrito, presentado por Registro de Entrada, relata con pelos y señales lo adelantado este jueves por CANARIAS AHORA, las maniobras ejercidas por el consejero de Obras Públicas, Carlos Sánchez, para que tres concursos referidos a los dos vertederos insulares (Juan Grande y Salto del Negro) le fueran adjudicados a una UTE de la que forma parte la ingeniería Análisis Ingenieros, S.L., de la que es partícipe el ingeniero de Caminos Huber Lang-Lenton, a quien Sánchez “profesa una amistad íntima”, según se relata en este escrito que firma Carlos Manuel Medina Álvarez en nombre de MI3.
Como adelantó este periódico, Carlos Sánchez se personó inesperadamente el pasado 10 de abril en la Mesa de Contratación del Cabildo para imponer la paralización de dos de los tres concursos referidos a la dirección de obra y de explotación de los dos vertederos insulares ante la imposibilidad de que la ingeniería de Lang-Lenton pudiera resultar adjudicataria dentro de la UTE con la que concurrió junto a Ingenia Consultoría Activa. Sánchez había intentado previamente sin éxito que otra UTE, en la que se integra MI3, la que los técnicos valoraron como la que mejor oferta presentaba, incluyera a Análisis Ingenieros, S.L.
Alegando razones que un informe jurídico del propio Cabildo ha desmontado, el consejero y portavoz del PP en el Cabildo, dejó sobre la mesa esas adjudicaciones. MI3 considera que pudo ser “por falta de instrucción, incompetencia y total desconocimiento de los expedientes en cuestión”, pero también “por haber mentido de forma deliberada al no recaer la propuesta de adjudicación sobre la UTE” de la que formaba parte la empresa de su amigo Huber Lang-Lenton.
De ahí que en su escrito, MI3 promueva la recusación de Sánchez para que no intervenga en este procedimiento administrativo, que habría de ser devuelto a la Mesa de Contratación para que lo adjudique de la forma en que recomendaron los técnicos, es decir, en el sentido de adjudicárselo a la ingeniería que amenaza con querellas y denuncias ante la Fiscalía.
