La Fiscalía pide cuatro años de prisión para dos funcionarios
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha acusado a dos funcionarios del Ayuntamiento de Santa Brígida y a un constructor contratado por el Consistorio de haber cometido un delito de falsificación en documento oficial, en relación a unas obras de saneamiento llevadas a cabo entre finales de 2002 y principios de 2003 en la zona conocida como Hoya Bravo.
El fiscal solicita al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria la apertura de juicio oral en la Audiencia contra José Antonio Vega Martín, José María Lupiola Gómez y Adolfo Manuel Fernández Pinazo, para los que en su escrito de acusación pide penas de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo por igual tiempo, quince meses de multa a razón de 20 euros al día y cuatro años de inhabilitación especial.
En el escrito de acusación al que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, el Ministerio Público da por probado que en 2002 el constructor contratado por el Ayuntamiento de Santa Brígida Vega Martín, el arquitecto municipal Lupiola Gómez y el ingeniero técnico Fernández Pinazo, se pusieron de acuerdo para redactar y firmar el acta de recepción de una obra de saneamiento en Hoya Bravo aún no finalizada.
Los acusados perseguían con esta falsificación documental evitar la pérdida de una subvención para la obra por parte del Cabildo de Gran Canaria, ante el hecho de que el plazo de ejecución de la misma finalizaba y el Consistorio satauteño, cuyo concejal de Vías y Obras era en esos momentos Luis Troya, imputado en el caso Brisan y condenado en el caso parterre a nueve años de inhabilitación, se quedaría sin el dinero.
Relata el fiscal en su escrito que los tres acusados levantaron acta, el 15 de noviembre de 2002, de la recepción de la obra. Y en la misma hicieron constar que “tras un recorrido total de la ubicación de las obras, con reconocimiento minucioso por parte de los señores técnicos de los trabajos, los que declaran haberse efectuado la ejecución de la obra, con observancia estricta de todas las prescripciones contenidas en el Proyecto, encontrando la misma en buen estado, por lo que el técnico designado por la Corporación contrante y representante de esta las da por recibidas”.
Pero todo era falso. Los tres firmaron el acta: Fernández Pinazo, como director técnico de la obra, Lupiola Gómez, como representante de la Corporación contratante y Vega Martín, en nombre de la empresa adjudicataria de la obra.
La firma del acta por parte de los tres acusados ese 15 de noviembre de 2002 permitió que el 28 de mayo de 2003 el constructor recibiera del Ayuntamiento de Santa Brígida 121.719, 39 euros, cantidad recibida en el Ayuntamiento desde el Cabildo de Gran Canaria al hacerse efectivo el pago de la subvención de la Corporación insular.
El ministerio fiscal, en su escrito al Juzgado, propone una serie de testigos para ser oídos en el juicio oral que se abra, así como el interrogatorio de los tres acusados.
