El Gobierno de Canarias anuncia un plan de desaladoras para combatir la sequía en las Islas

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, se reunirá el próximo 24 de marzo con representantes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para tratar la financiación del Convenio de Obras Hidráulicas.

En comparecencia parlamentaria, el consejero ha indicado que el objetivo del Ejecutivo canario es introducir en este documento un importante plan de desaladoras para combatir la sequía en las Islas, si bien ha aclarado que estas infraestructuras deberán contar con el beneplácito de los consejos insulares de aguas.

En su intervención, José Antonio Valbuena señalo que la seguía que está afectando a todo el archipiélago, tanto a las islas orientales como a las occidentales, es un problema “latente” que irá a más porque la recarga de los acuíferos no se está produciendo al ritmo que sería necesario.

Valbuena detalló que en Canarias hay en estos momentos una demanda anual de agua de 500 hectómetros cúbicos, de los que 130 se corresponden con el abastecimiento domiciliario y el resto con el sector primario, por lo que “está claro que el problema está focalizado en este sector”, remarcó.

El consejero señaló que la Ley de Aguas de Canarias es muy protectora con los recursos hídricos y apuntó que ante una situación de emergencia hídrica siempre se priorizará el abastecimiento domiciliario, lo que supone un riesgo para el sector primario.

En su opinión, hay que ser “muy prudentes” a la hora de activar estas emergencias porque serían los consejos insulares los que decidirían el comercio del agua en cada una de las cuencas, pudiendo llegar a la requisa para garantizar el abastecimiento domiciliario.

Reiteró que quienes tienen la competencia para declarar la emergencia hídrica son los consejos insulares de aguas, no el Gobierno, cuya misión es estar en contacto con dichos consejos por si fuera necesario activar medidas de apoyo o si se detectase que no se está garantizando el abastecimiento domiciliario.

En esta línea, quiso recordar que el Gobierno de Canarias está intentando meter un paquete “importante” de desaladoras en el Plan Hidrológico de tercer ciclo, no sólo en las islas orientales, sino también en las occidentales, donde por primera vez “hay que introducir esa variable”.

Explicó que la Consejería está analizando con cada consejo cuáles son sus necesidades en cuanto a las desaladoras, que es la apuesta que hace el Gobierno por los problemas que la sequía puede generar en el sector primario: “Tenemos que apostar por una política de desaladoras en todas las islas, si bien el Gobierno de Canarias no puede imponer esas infraestructuras si no cuenta con el beneplácito de los consejos insulares”.

José Antonio Valbuena indicó, también, que la ejecución de estas desaladoras tendrá que estar vinculada con que las administraciones locales se comprometan con la reducción de las pérdidas de agua. De igual forma, admitió que la Ley de Aguas de necesita una revisión, en el sentido de el agua tiene que ir orientada a una titularidad pública, si bien reconoció que esta revisión no está entre las prioridades del Ejecutivo.

Plan frente a la sequía

El diputado nacionalista Narvay Quintero, proponente de la comparecencia, consideró acertado que no se haya declarado la emergencia hídrica porque la propia Ley de Aguas puede tener consecuencias que podrían perjudicar al sector primario.

Añadió, además, que dado que febrero fue el mes más seco de los últimos 55 años, habría que desarrollar un plan o estrategia para paliar los efectos de la falta de lluvia y la planificación para garantizar no sólo el abastecimiento domiciliario, sino también para el sector primario.

A su vez, consideró fundamental y urgente que el Gobierno de Canarias negocie con el Estado el nuevo Convenio de Obras Hidráulicas para garantizar el agua, así como realizar tanto el plan urgente de desaladoras, como actuaciones necesarias en materia hídrica.