El Gobierno canario envía al Parlamento el proyecto de ley sobre desahucios
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves para su remisión al Parlamento regional el proyecto de ley de modificación de la Ley de Vivienda, en el que se prevé la posibilidad de expropiar durante tres años el uso de viviendas a los bancos en el caso de que desahucien a familias sin recursos.
La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, se mostró convencida tras la reunión del Consejo de Gobierno de que esta reforma es perfectamente constitucional, puesto que Canarias cuenta con competencias para la regulación de la vivienda, como han establecido los servicios jurídicos y el Consejo Consultivo.
La reforma, que se tramita desde mayo por la vía de urgencia, garantiza que los bancos no podrán desalojar de sus viviendas a familias desahuciadas en situación de emergencia social, especialmente si tienen niños a su cargo, y en último caso el Gobierno de Canarias expropiará el uso de la casa durante tres años.
Otro punto de la reforma es que los bancos y sus inmobiliarias, y en general todas las personas jurídicas, deberán inscribir en un registro autonómico las viviendas que tengan vacías y tendrán que sacarlas al mercado a precios razonables y acordes con la realidad social, dijo Inés Rojas.
Esta modificación de la Ley de Vivienda de 2003 posibilita la intervención de la administración para garantizar que se pongan a disposición de los ciudadanos con más necesidades las viviendas deshabitadas propiedad de las entidades financieras o inmobiliarias, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Constitución Española sobre el derecho a una vivienda digna y adecuada.
La ley establece medidas inspectoras y sancionadoras para hacer efectivo el deber de poner la vivienda vacía en el mercado.
En la reforma también se prevé la posibilidad de declarar de interés social una vivienda a efectos de expropiación forzosa de su uso para dar cobertura a personas en especiales circunstancias de emergencia social.
“Se entenderá que existe un supuesto de especial vulnerabilidad cuando el lanzamiento afecte a familias con menores de edad, mayores dependientes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o personas desempleadas sin derecho a prestación”, según el texto, que deberá ser tramitado ahora por el Parlamento de Canarias.
La expropiación del uso se hará por un justiprecio por un máximo de tres años y en ese tiempo la persona beneficiaria tendrá que pagar a la administración autonómica una contribución no superior al 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Se presumirá que una vivienda no está habitada cuando permanezca vacía durante más de seis meses consecutivos, cuando no cuente con contrato de suministro de agua o de electricidad o cuando presente nulo o escaso consumo de suministros.
