El Gobierno y la Fiscalía colaborarán en formación y dotación de material
El Gobierno canario y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) firmaron este jueves un convenio por el que se comprometen a colaborar en materia de formación y en la dotación de medios materiales y personales.
Se trata de dos convenios rubricados este jueves por el consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo canario, José Miguel Ruano, y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido.
El fiscal jefe explicó que la comisión mixta que se constituirá para la dotación de medios y personal se reunirá cada seis meses con el fin de estudiar las necesidades que puedan ser satisfechas por la Comunidad Autónoma.
Ello redundará, prosiguió, tanto en beneficio del Ministerio Fiscal como en el cumplimiento del compromiso del Ejecutivo con los ciudadanos, ya que al fomentar la actividad de la Fiscalía se procura tutela judicial efectiva a la población.
Aunque las necesidades tendrán que ser estudiadas por la comisión, Garrido detalló que uno de los problemas de la Fiscalía es la dispersión de sedes, lo que hace que no se aprovechen al máximo los recursos humanos.
La dispersión quedará solucionada con el futuro palacio de justicia, celebró el fiscal jefe, que no obstante apuntó que una de las principales carencias se encuentran en el cuerpo de personal auxiliar.
José Miguel Ruano, quien dijo que el avance en el desarrollo de infraestructuras ha sido importante, con una inversión de 72 millones de euros, aseguró que las nuevas infraestructuras entrarán en funcionamiento a finales de 2009, tal como estaba previsto, ya que los estudios geológicos han confirmado que no habrá mayores problemas por la cercanía del mar.
El representante autonómico agregó que no hay ficha financiera específica destinada a las dotaciones para la Fiscalía, aunque aseguró que no habrá problema para cubrir las necesidades que se demanden toda vez que la rúbrica de los convenios suponen el claro reflejo de la voluntad de colaborar para cubrir las carencias que decida la comisión.
Por otra parte, se refirió a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que sitúa a Canarias como la segunda comunidad más insatisfecha con la Justicia.
Explicó que uno de los problemas se encuentra en la tasa de asuntos pendientes, lo que se debe a la alta movilidad del personal en Canarias, sea por traslados o por ascensos, lo que hace que el seguimiento las causas resulte complicado.
La insatisfacción también se debe, a su juicio, al incremento de la población y, por ende, de los asuntos judiciales, lo que genera una situación de sobrecarga similar a la que se produce en comunidades como Madrid, Cataluña o Murcia.
Vicente Garrido, por su parte, quiso apostillar que este tipo de datos debe hacer que todas las personas que tienen alguna responsabilidad hagan una crítica y realicen lo que esté en sus manos para tratar de incrementar los niveles de eficacia y satisfacción.
