El Gobierno lleva al Supremo la Variante de Bañaderos
El consejero de Obras Públicas, Juan Ramón Hernández, ha afirmado en el Parlamento de Canarias que el Ejecutivo regional está “estudiando posibles alternativas” a la Variante de Bañaderos a la vez que ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anulaba la construcción de esta infraestructura.
Además, Hernández ha asegurado que es “increíble e imposible de ejecutar en términos presupuestarios el soterramiento” de la Variante de Bañaderos, tal y como han propuesto algunos colectivos ciudadanos y ecologistas.
“La Consejería está estudiando posibilidades y está haciendo lo que tiene que hacer, no estamos quietos. Afortunadamente se ha atenuado el problema del tráfico en esa zona con el cuarto carril y la duplicación de la vía Pagador-Guía y durante los próximos seis años no tendremos problemas de tráfico”, aseguró Hernández.
El estudio de alternativas, según el consejero, se ha hecho por acuerdo unánime con el Cabildo y los alcaldes de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria con la finalidad de ganar tiempo en previsión de que el Tribunal Supremo pueda dictaminar en contra de los recursos, “puesto que hay que barajar todas las posibilidades”.
Consecuencias del fallo del TSJC
Hernández compareció este miércoles ante la Comisión de Obras Públicas, a petición del Grupo Socialista, para explicar las consecuencias del fallo del TSJC que en diciembre declaró nulo Anteproyecto Enlace de Arucas (GC-2)-El Pagador (Variante de Bañaderos. Isla de Gran Canaria, aprobado hace casi diez años.
El portavoz socialista en el área de Infraestructuras, Sergio Calixto Roque, acusó al “empeño del Gobierno de Canarias en trazar una vía por una zona agrícola con fuerte impacto medioambiental” de haber convertido la construcción de la GC-2 en “una desgracia para los grancanarios” y en “un galimatías”, pues “el tramo segundo tuvo hasta cuatro proyectos distintos” y se optó por el que ha sido anulado por varias sentencias judiciales.
Es más, el portavoz socialista afirmó que “fue la propia Consejería de Agricultura y los técnicos de Medio Ambiente quienes informaron del impacto medioambiental”, pero que fue la Consejería de Infraestructuras la que “se empeñó en destrozar el paisaje y el suelo y forzó la maquinaria de los Servicios Jurídicos” con el fin de “imponer sus tesis” rebatidas por los tribunales.
Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, Miguel Jorge (PP) y José Miguel Barragán (CC), apoyaron la decisión del Ejecutivo de recurrir ante el TS la sentencia del TSJC, aunque el representante de los conservadores recomendó a la Consejería que “vaya estudiando alternativas, por si el Supremo falla en contra, y apruebe aquella que sea más rápida de ejecutar porque los ciudadanos no pueden seguir soportando este retraso” de una infraestructura vital para el Norte de Gran Canaria.
Por su parte, Barragán se defendió de las acusaciones del PSC afirmando que “durante los gobiernos de CC es cuando más planes para preservar espacios naturales protegidos se han aprobado”, además de hacer hincapié en el hecho de que la Variante de Bañaderos se llevó a cabo teniendo en cuenta las indicaciones del Cabildo de Gran Canaria y los municipios implicados.
Este aspecto también fue corroborado por el consejero, quien recordó que “la Consejería se puso de acuerdo con las administraciones insular y municipales y se actuó como ellas decidieron” a la hora de aprobar el proyecto ahora anulado.
El fallo del TSJC del pasado mes de diciembre no es el único que ha propiciado un varapalo a la Variante de Bañaderos, ya que en septiembre de 2007 dos sentencias anularon el Plan Insular de Ordenación (PIO), y otras dos sentencias de abril y julio de 2008 tumbaron el Plan Territorial Especial de la zona norte-central de Gran Canaria (PTE).
Según el TSJC, el proyecto se anula porque “altera significativamente las características ecológicas del lugar y provoca la desaparición de las plataneras, la alteración del paisaje, no respeta el tan repetido principio del 'desarrollo sostenible', ni explica por qué se abandona el criterio prioritario de aprovechar las vías existentes”
El fallo daba respuesta al recurso presentado por HZ Agrícola contra la Variante de Bañaderos.
