El ex gerente de Grupo Europa recurre una sentencia desfavorable en La Lajita

El ex gerente de Grupo Europa y principal denunciante del caso investigado en Telde, Mogán y Pájara, ha recurrido ante la Audiencia Provincial una sentencia desfavorable que condena a su mercantil, Canary Quality Business SL, tras una denuncia de la Junta de Compensación La Lajita-2000, que le reclama unos 13.000 euros por un proyecto de ingeniería para legalizar la depuración de aguas en el pago majorero, que según la sentencia en primera instancia nunca se realizó.

El gerente y administrador de Canary Quality Business SL explicó a CANARIAS AHORA que “en septiembre de 2006 se encargó a esta mercantil la realización de un proyecto de ingeniería de legalización de depuración de aguas situado en el Zoo La Lajita Oasis Park”, pero que el proyecto no se pudo llevar a cabo “debido a la situación de enconamiento” entre el presidente de la Junta de Compensación, en ese momento Antón Marín, administrador único de Grupo Europa, y el ex gerente, “a partir de mi renuncia, escasamente un mes después, impidiendo que pudiese realizar mi trabajo, ya que era del todo imprescindible la colaboración de la Junta para su consecución”.

Debido a la negativa a colaborar, Canary Quality Business envió dos burofaxes a principios de año, dando un margen de un mes entre ambos para dar una solución amistosa a este contrato. Sin embargo, no se obtuvo respuesta hasta principios de marzo, dando contestación Canary Quality Business escasamente 24 horas después. En el burofax se argumentaba que este encargo no se había realizado a Canary Quality Business, “sino a un técnico municipal del ayuntamiento de Pájara, con clara incompatibilidad”.

El ex gerente de Grupo Europa liga este caso a que “en marzo se produce las declaraciones de la denuncia ante la Policía Nacional”, que dan pie a la investigación del Grupo Europa en su relación con los ayuntamientos de Telde, Mogán y Pájara, fundamentalmente, “un hecho del todo conocido por el señor Antón, como así hizo constatar nada más ser detenido por los miembros de la Policía Nacional”.

Por eso, el ex gerente de Grupo Europa entiende que “el señor Antón, con el objeto de desviar la atención, dio orden de interponer a la mayor brevedad una demanda, con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Pájara, llamando a declarar como testigo al propio concejal de Urbanismo, don Blas Acosta Cabrera, y al técnico municipal, don Eugenio Torres, dependiente directamente de éste para que testificaran a su favor”.

Ante el hecho de que existe una remisión a través de una pieza separada en los Juzgados de Puerto del Rosario, a raíz de las declaraciones del ex gerente de Grupo Europa que denunciaban supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Pájara, “no se entiende pues como se ha permitido la declaración de dos testigos directamente relacionados con la denuncia”, apunta Benítez Cambreleng.

Así, recuerda, “la última y tercera testigo aseguró en su declaración ante el Juzgado que el cheque no lo había extendido el señor Benítez Cambreleng, como así afirmaba el representante de la Junta de Compensación (el Sr. Antón y denunciado por el Sr. Benítez Cambreleng). Igualmente aseguró y fue ratificado por el propio Sr. Blas Acosta, que el talón estaba confeccionado antes de proceder a la firma y que tenía la factura de Canary Quality Business, S.L. y estaba la firma del propio Sr. Antón Marín”.

El gerente y administrador de Canary Quiality Business considera que “es más de extrañar aún que esta demanda la interpuso a petición del Sr. Antón, sin el consentimiento ni el conocimiento del órgano de administración de la Junta de Compensación (Consejo Rector) ni siquiera en Asamblea de la Junta, actuando claramente por motivos personales, y tomando como instrumento a la Junta de Compensación de La Lajita, como presidente”.

Además, añade que “ni siquiera el señor Antón convocó la Asamblea General de la Junta de Compensación en los plazos legalmente previstos (antes del 30 de Junio de 2007), como así hiciera en la Cooperativa Canaria de Funcionarios, en la que el propio denunciante forzó la convocatoria por medio judicial a raiz del incumpliendo del plazo y que en la celebración del 27 de Septiembre, fue expulsado y cesado por unanimidad de los asistentes”.

Sobre este aspecto, incide en que “el día siguiente convocó la Asamblea de la Junta de Compensación, por miedo a que el señor Benítez Cambreleng, también representante de uno de los junteros de la Junta le forzase judicialmente a su convocatoria. Sin embargo, se puede observar la mala fé del señor Antón, de convocar la Asamblea de la Junta un día después de este Juicio, celebrado en primera instancia el 27 de Septiembre. Sin embargo, se tuvo que posponer por la imposibilidad de asistir del señor Blas Acosta al mismo en calidad de testigo hasta mediados de octubre. Así, el señor Antón no asistió el día siguiente a la Asamblea de la Junta de Compensación de La Lajita, ni siquiera justificó su ausencia a los presentes. Por tanto, tampoco explicó a los junteros las actuaciones en relación a este tema”.

Francisco Benítez apunta que “por este y otros motivos de gestión, con claros indicios de irregularidad, se acordó por mayoría cesarle del cargo de presidente de la Junta de Compensación así como a su abogado, don José Luis Hernández Trejo, como secretario”.

Añade que “Gardenkit, la empresa a la que representa en la Junta debe más de 1.500.000 euros en concepto de cuotas, paralizando la actividad urbanizadora, hasta tal punto que actualmente se encuentra el plan de etapas caducado sin ejecutar ni el 40% de la urbanización, estando a expensas de que el ayutamiento proceda a iniciar un expediente sancionador e incluso comience las obras con cargo a la Junta o promueva la descalificación del Plan Parcial, perjudicando a los junteros minoritarios que si están al corriente en el pago y han satisfecho todas las cuotas aprobadas”.

Sobre este conflicto en La Lajita destaca también que “a mediados de octubre, cuando se retomó el juicio para la testifical del señor Blas Acosta Cabrera, volvieron a personarse el señor Antón y el señor José Luis Hernández Trejo, a pesar de haber sido cesados del cargo, así como tener conocimiento cierto de este hecho. No obstante, la demandada aportó certificado del Presidente de dicha Asamblea de la Junta certificando el cese así como informando que se había solicitado una auditoría para comprobar supuestas irregularidades realizadas por el propio señor Antón”, solicitando a Benítez Cambreleng su estrecha colaboración, como conocedor de gran parte de sus posibles irregularidades.

Sin embargo, esta nueva prueba no fue admitida a trámite en el juicio, que nada más conocer la resolución judicial que estimaba las pretenciones de la Junta de Compensación en perjuicio de la mercantil Canary Quality Business, S.L. de la que es representante Francisco Benítez Cambreleng, se procedió a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria.

Por todo ello, el ex gerente de Grupo Europa considera que “todo esto parece que está más encaminado a desprestigiar la imagen del demandado como único medio para poder echar abajo las extensas denuncias puestas puestas en abril y mayo de 2007”, y que han dado pie a una serie de imputaciones por cohecho en los ayuntamientos de Telde y Mogán.

En aquellos meses fueron varios los medios de comunicación que se hicieron eco de supuestas querellas por parte de Antón Marín o sus sociedades al Benítez Cambreleng por apropiación indebida, sin que hasta la fecha se haya presentado alguna, prueba más de intentar desprestigar cara la galería la credibilidad y como argumento en la defensa.

Además, la misma mercantil Canary Quality Business, SL ha sido contratada por la Junta de Compensación, a través del nuevo presidente de la Junta, Agustín Trujillo Ojeda, para la realización de un informe del estado actual de la Junta, lo que refuerza aún más la tesis mantenida por Benítez, pues en otro caso no se entendería que la demandante solicitase a la demandada otro encargo a pocos días de la resolución del juicio, tras la destitución de José Manuel Antón Marín como presidente de la Junta de Compensación.