Un ex interventor del Tesoro confirma el ''menoscabo'' de fondos públicos
El ex interventor delegado, Antonio Llamas, ratificó este martes que hubo “menoscabo” de los fondos públicos en las cuentas de la Dirección General del Tesoro y señaló que en el 90% de los ingresos en la caja central “se vulneraba alguna orden”.
Antonio Llamas recordó que las conclusiones del informe de la Audiencia de Cuentas “hacen referencia a las bonificaciones del IRPF” e indican que la Comunidad autónoma “dejó de ingresar el rendimiento del IRPF en sus cuentas para pagar una serie de gastos y eso se debía haber fiscalizado: el ingreso como ingreso y el gasto como gasto”, puntualizó.
El ex interventor general dejó entrever que del informe de la Audiencia de Cuentas se “deduce” que sí hubo un circuito de pago extrapresupuestario en el que había una serie de ingresos públicos contabilizables en los presupuestos de la Comunidad y pagos, sin ningún control administrativo por parte de las entidades financieras.
Llamas, que compareció este martes en la Comisión de investigación sobre el alcance de las infracciones legales a la normativa vigente, advertidas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en su Informe de Fiscalización IAC-20, imputadas a la Dirección General del Tesoro en el Ejercicio 2002, más conocido como Caso Amorós, abandonó su puesto de interventor delegado ese mismo año “por razones personales y profesionales”.
Aseguró que las profesionales se debieron a que apreció “falta de diálogo” entre la Intervención y la Dirección General del Tesoro, a que echaba en falta una normativa e instrumentos jurídicos para mejorar su trabajo y a que notó irregularidades como que las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) “no se ingresaba y la Dirección general no me aportaba información”.
En ese sentido, explicó que uno de los controles que hizo la intervención, se basó en pedir al Tesoro sus cuentas, solicitarle quiénes tenían los fondos y la situación de éstos. “Comprobé que había una relación de personas que ya no tenían responsabilidad en la Comunidad autónoma pero que sus firmas aparecían”, indicó Llamas, quien añadió que para corroborar esa información se dirigió a las entidades bancarias.
El ex interventor delegado que permaneció en el cargo hasta el 30 de abril de 2002, afirmó que el BBVA le trasladó de forma verbal que no le podía dar esa información y el Banco Central hispano de forma escrita, pero que los que le aportaron datos fueron el Deutsche Bank, la Caja Rural y sobre todo la Caja Insular.
Enorme desfase de cifras
Llamas aclaró que mientras el Tesoro señalaba que en la Caja insular existían 106 cuentas de la Comunidad Autónoma, “la Caja indicó que eran 839”. De ésas, prosiguió, 59 eran correctas porque las personas que debían firmar, claveros, eran los que tenían que estar; 41 cuentas tenían como representantes a personas que ya no se hallaban en la Dirección General del Tesoro; en 99 había sólo un clavero cuando todas deben contar con dos firmas; en 21 no existían claveros pero había movimientos en 2001, etc.
Ante la exposición del ex interventor delegado, el diputado del grupo parlamentario Socialista, José Alcaraz, que junto a los portavoces del PP y de CC, Jorge Rodríguez y José Miguel González respectivamente, se encargaron de preguntar a Llamas, manifestó que eso reflejaba un “descontrol y un cierto desbarajuste”.
Antonio Llamas declaró que le han comunicado que en la actualidad, “aunque no lo puedo confirmar” este asunto se ha arreglado. “Me han contado que el tema de los claveros se solucionó y que hay una orden de 2004 que emite la Dirección General del Tesoro para regular las cuentas bancarias”, añadió.
Preguntado acerca de si él tuvo conocimiento de que el Tesoro se había puesto en contacto con el Banco Santander y con el BBVA para que no le facilitaran a la Intervención la información que solicitaba, Llamas apuntó que las entidades financieras “nunca le transmitieron eso”, pero sí que aún no podían dar la documentación que pedía.
En relación a las conclusiones del Informe de fiscalización realizado por la Audiencia de Cuentas sobre el Tesoro, expresó que es “contundente”. Y en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, Jorge Rodríguez, de que al menos desde 1992 no se llevaban a cabo las depuraciones de las conciliaciones bancarias de las cuentas de la Comunidad Autónoma, dijo que entró a trabajar en 1999 y que fue de agosto de 2001 hasta abril de 2002 cuando fue interventor delegado.
Llamas insistió en que hubo “obstruccionismo” de la Dirección general del Tesoro y que lo que dio a conocer antes de dimitir es el problema que tuvo con los escritos de los bancos y los “reparos” puestos por el Tesoro.
El portavoz de CC, José Miguel González, preguntó al ex interventor cuándo empezó a trabajar y cómo si él había dimitido el 30 de abril, el informe de la Intervención salió a la luz más tarde.
Antonio Llamas respondió que entró como interventor delegado el 1 de agosto de 2001 y la terminó el 30 de abril de 2002 al dimitir. En cuanto al informe de la Intervención, indicó que elaboró el borrador “aunque el definitivo lo hizo la interventora titular en esos momentos”, ya que se remitió el 17 de mayo cuando él no se encontraba en el puesto.
González también cuestionó si el informe de la Intervención General finalmente señalaba lo que había informado Llamas en su borrador. El ex interventor manifestó que no se puede discutir si al final las conclusiones del informe “desdicen lo que afirmo, pero el de la Audiencia de Cuentas coincide con lo que yo dije”.
Según Antonio Llamas lo que pudo ocurrir es que el informe final de la Intervención general fuera modificado ante las alegaciones de la Dirección General del Tesoro, pero que la persona que le sustituyó “no es menos profesional que yo”.
