Un perito judicial considera falso un informe de José Luis Mena
Un informe emitido por un perito judicial ha concluido que un documento utilizado como base para denunciar al concejal de Telde Ildedonso Jiménez, de Nueva Canarias, es falso. El documento en cuestión está firmado por el ex jefe de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento, José Luis Mena, imputado en dos causas por delitos relacionados con la corrupción.
Según el periódico www.teldeactualidad.com, el informe cuestiona la autenticidad de ese dictamen de Mena elaborado en relación con la urbanización Los Alisios, por cuya tramitación fue denunciado Ildefonso Jiménez por Guillermo Reyes, de AFV-Ciuca, quien sucedió a Jiménez en la concejalía de Urbanismo en el periodo 2003-2007, cuando se produjeron numerosas detenciones en el marco de la operación Faycán.
Ildefonso Jiménez había declarado durante la causa que bajo su mandato se otorgó licencia a Los Alisios en base a un informe técnico favorable firmado en 2002 y que ese informe fue sustituido en 2005, durante el mandato de Guillermo Reyes, por otro que ahora se declara falso por el perito designado por la juez de instrucción número 6 de Telde a exigencias de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
En concreto, el estudio documentoscópico, realizado por el perito judicial Rito Martín Díaz sobre el informe jurídico negativo firmado por el entonces jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, José Luis Mena, de fecha 15 de noviembre de 2002, que consta en el expediente urbanístico de la urbanización Los Alisios, viene a dar la razón a la tesis defendida por el concejal Ildefonso Jiménez, que afirmaba que ese documento es falso porque no se emitió en dicho año, sino en 2005, y que se incorporó al expediente en lugar de un informe positivo de fecha 7 de febrero de 2002.
De las conclusiones del análisis pericial se desprende que tanto el informe jurídico de 2002 como otro posterior de fecha 14 de febrero de 2005, también firmado por José Luis Mena, presentan aspectos comunes y para su confección se utilizó una impresora de “similares características”, distinta a la empleada habitualmente en la delegación de Urbanismo para imprimir sus documentos, recoge Acnpress.
Asimismo, la prueba pericial determinó que el formato y tamaño de los caracteres mecánicos (tipo de letra) de ambos texos son iguales, a pesar de supuestamente haberse emitidos en años distintos, pero que, en cambio, esos parámetros son diferentes al resto de un total de 22 documentos de Urbanismo, que lleva la firma de José Luis Mena y que fueron cotejados en laboratorio y con instrumentos de precisión por el autor del informe para determinar si ambos informes jurídicos fueron redactados en la misma fecha.
Por último, el perito señala que la evolución de las firmas de José Luis Mena entre 2002 y 2005 indica que “existen indicios” de que la rúbrica estampada en el primer documento (noviembre de 2002) presenta trazos con “importantes similitudes” con la firma que el entonces jefe de Urbanismo empleaba en el primer semestre de 2005.
Informe jurídico
El perito calígrafo llega a estas conclusiones después de cotejar el informe jurídico negativo de noviembre de 2002 con 22 documentos del área de Urbanismo, también firmados por José Luis Mena en 2002 y 2005, y someterlos a todos ellos a un examen global, “tanto a visión directa como con el auxilio de los instrumentos ópticos adecuados”.
El llamado caso Los Alisios saltó a la opinión pública en 2006. El edil Guillermo Reyes (AFV-Ciuca), responsable de Urbanismo en el mandato anterior, fue quien acusó entonces a su antecesor en el cargo, Ildefonso Jiménez, de conceder licencias de ocupación para cuatro chalés en la urbanización Los Alisios de La Garita, “a pesar de que el único informe técnico que existe en el expediente es desfavorable al descubrir un exceso de edificabilidad y un incumplimiento de las ordenanzas en la zona”.
Reyes denunció entonces que Jiménez otorgó en 2002 la licencia final de obra y de primera ocupación de cuatro viviendas ubicadas en la calle Magarza, en Los Alisios, en el barrio de La Garita, entre las que se encuentra una del también dirigente de NC, José Mendoza, pese a que existía un informe técnico desfavorable por excesos en la edificabilidad.
Las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, a raíz de esta denuncia, motivó la declaración de varios empleados del Ayuntamiento de Telde como testigos. Entre los trabajadores que pasaron figuran el ex secretario municipal, tres auxiliares administrativos de licencia de obra mayor en la etapa en que se otorgaron los permisos y una auxiliar administrativo de Planeamiento.
La jueza María de los Ángeles Zabala centró entonces la investigación en la concesión de licencia final de obra y de primera ocupación de cuatro chalés en La Garita, uno de ellos del hoy ex senador canario José Mendoza, además de otra licencia otorgada al empresario Agustín Naranjo a pesar de que existía un informe técnico desfavorable.
Las imputaciones
Zabala llegó a imputar por ambos casos al hoy alcalde de Telde, Francisco Santiago, al ex concejal de Urbanismo, Ildefonso Jiménez, y al ex asesor Manuel Cabrera por presunta prevaricación, malversación de fondos y falsedad en documento. Sin embargo, en la calificación final del Ministerio Fiscal sólo se pidió pena e inhabilitaciones especiales para Ildefonso Jiménez, actual portavoz de NC.
La Fiscalía solicitó para Jiménez la pena de un año y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio público o cargo público por un tiempo de 10 años por la comisión de los delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa en la concesión de licencia de construcción a varias edificaciones en la urbanización de Los Alisios.
Mediante un auto de fecha 28 de noviembre de 2007, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Telde, María de los Ángeles Zabala Sanz, declaró abierto el juicio oral, pese a que la defensa del concejal nacionalista aseguró que existía, a la hora de conceder las licencias de ocupación, un informe favorable con fecha de 7 de febrero de 2002. Sin embargo, Reyes argumentó que el citado expediente “no existe” y que lo que había era un informe desfavorable firmado por el ex jefe de servicio, José Luis Mena.
Lo que decía Jiménez
Jiménez alegó siempre que ese documento de Mena es falso, que no se emitió en 2002, sino en 2005. Para demostrar ese argumento, los abogados de Ildefonso Jiménez pidieron en varias ocasiones a la titular del número seis que se realizase una prueba pericial del citado informe para comprobar la fecha del mismo.
La magistrada Zabala se negó a practicar dicha pericial varias veces alegando que “según nuestros conocimientos no existe procedimiento científico fiable que determine la antigüedad de una firma, ni la fecha concreta de elaboración de un documento”. Y eso que Jiménez y otros testigos llegaron a declaran ante la jueza que lo que Mena emitió en 2002 fue un informe favorable que luego desapareció del expediente.
Señalado el juicio oral para los días 21 y 23 de octubre de 2008 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, la defensa de Jiménez formuló un último intento de solicitar a la Audiencia Provincial de Las Palmas que accediera a la opción de practicar una prueba pericial caligráfica del informe jurídico de noviembre de 2002 que forma parte del sumario, ya que tenían la sospecha de que el papel no data de aquella época, sino de 2005, y que fue añadido posterioriormente y con su fecha falseada.
El abogado del edil nacionalista, en su escrito de apelación ante la Audiencia, reclamaba que la prueba la hiciera un perito particular o un especialista del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil. Reyes llegó a decir entonces que la petición de esa prueba “sólo corresponde a una estrategia para ganar tiempo. Pida lo que pida lo cierto es que cometió una irregularidad con esos cuatro chalés y uno de ellos era para su amigo José Mendoza”, precisó.
La sección segunda de la Audiencia Provincial, mediante un auto de fecha 15 de septiembre, accedió luego a lo solicitado por Jiménez al considerar de “relevancia” la prueba para la concreción de los hechos objeto de imputación y determinó, a instancias del Ministerio Fiscal, que el informe lo llevase a cabo un perito nombrado judicialmente con el fin de garantizar su “imparcialidad y objetividad”.
Un mes después, el 15 de octubre, la Audiencia Provincial de Las Palmas decidió devolver al Juzgado número 6 de Telde el caso Los Alisios al aceptar que se haga la prueba pericial, lo que conllevó la suspensión del juicio que estaba previsto para finales de eses mes.
Caso retomado
Fue el pasado 14 de noviembre cuando la magistrado Zabala retomó el caso, encargando a la entidad R.G. Díez Internacional SL que elaborase un informe caligráfico sobre si el informe jurídico del 15 de noviembre de 2002 fue realmente elaborado en dicha fecha y su relación con el informe de 14 de febrero de 2005 y que se determinase si ambos informes fueron redactados en la misma fecha.
A finales de noviembre, Rito Martín Díaz, en calidad de perito calígrafo de la citada empresa, tras reclamar al Juzgado de Instrucción número 6 de Telde los documentos originales de los informes jurídicos de 2002 y 2005 y autorización para acceder a Urbanismo con el fin de obtener copia de otros informes firmados por José Luis Mena, se puso a trabajar en el estudio pericial, que entregó finalmente a la Justicia el pasado 27 de enero.
