Dos millones de euros en contratos bajo sospecha
El caso Granadilla vuelve a los juzgados este viernes con la toma de declaraciones a cuatro técnicos del Ayuntamiento de esa localidad tinerfeña, cuyo alcalde, Jaime González Cejas (PSC) es investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en su anterior etapa como primer mandatario municipal y concejal de Urbanismo, de 2003 a 2007.
La toma de declaraciones en el juzgado número 3 de Granadilla de Abona está directamente relacionada con la actuación en el área de cultura de la concejal Ana María Casimiro Pérez, también imputada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por dos posibles delitos de prevaricación.
Según ha podido conocer CANARIAS AHORA de fuentes judiciales, la Concejalía de Cultura de Granadilla gozó en los ejercicios de 2005, 2006 y hasta mayo de 2007 de abultados presupuestos para gastos en bienes corrientes y servicios de los que se habrían beneficiado siempre los mismos tres empresarios con cerca de dos millones de euros.
En 2005, el presupuesto fue de 1.583.825,62 euros; en 2006 ascendió a 2.364.813,14 euros y hasta mayo de 2007, en que hubo nuevas elecciones municipales, la asignación fue de 2.156.412 euros. De acuerdo con las investigaciones del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Policía Judicial, a Juan Italo Lucio Zinícola, empresario de actividades deportivas, se le adjudicaron contratos por un total de 399.802 euros y Tanía Poladura Fernández, representante de Asesport Atlántica, obtuvo contratos por un total de 165.000 euros.
El tercer beneficiado es Ernesto Rassi Almet, que mantuvo una relación íntima con la concejal imputada, y que logró contratos por 823.500 euros.
Sin control alguno
El juez quiere indagar en cómo es posible que Zinícola obtuviera mediante adjudicación directa contratos por 4.000 y 12.000 euros entre 2005 y 2006 sin los preceptivos informes que acreditasen que se habían llevado a cabo las actividades contratadas. Lo mismo ocurrió con Rassi Almet, que en 2005 obtuvo una adjudicación directa por 12.000 euros y otros cinco contratos por cuantías entre 5.000 y 11.950 euros, hasta sumar un total de 50.350 euros.
Assesport obtuvo tres contratos por adjudicación directa en 2007 por un total de 31.800 euros.
Más cuantiosos fueron los contratos por el procedimiento de negociado sin publicidad. Zinícola obtuvo así tres contratos en 2005 por un total de 110.000 euros y tres contratos en 2006 que sumaron 79.900. Rassi obtuvo en 2005 dos contratos por un total de 60.000 euros, trece contratos al año siguiente que supusieron 412.300 euros y un último contrato en 2007 por 29.000 euros.
Según la investigación de la Guardia Civil, en estos contratos se dan ilegalidades como que no conste en ningún informe técnico la solvencia técnica ni económica de los adjudicatarios, ni certificado de la actividad contratada, ni presupuestos firmados.
En el caso de Rassi, además de las irregularidades antes mencionadas, ni siquiera quedaba acreditado que estuviese capacitado para llevar a cabo las actividades culturales por las que era contratado, ni los pliegos de prescripciones técnicas previos a la aprobación del gasto.
Incluso uno de los contratos cuenta con los reparos dela Intervención Técnica, que advierte que por su cuantía (48.900 euros) debía haberse asignado mediante concurso público.
Assesport, unas veces o directamente su representante Tania Poladura en otras, logró contratos por negociado sin publicidad entre 2005 y 2006 que ascendieron a 164.900 euros, también sin proyectos técnicos, ni garantías de organización y solvencia del adjudicatario, ni demostración de que las actividades contratadas, en efecto, se realizaron.
Zínicola obtuvo además mediante concurso contratos por 193.702 euros en 2006 y Rassi obtuvo un contrato en 2007 por 180.000 euros.
