Las 800 mutaciones del PGO de Santa Cruz

Es conocido como Plan Zerolo, pero lo cierto es que de Plan General de Ordenación (PGO) que el ex alcalde ideó en el año 2000 sólo queda ya la cáscara. De resto durante toda esta larga década de tramitación ha sido objeto de alrededor de 800 modificaciones en las tres ocasiones que ha pasado por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Ideado en los años de prosperidad en el sector de la construcción era un plan que pretendía dar vía para edificar hasta en el lugar más remoto del municipio. Sin embargo, las sucesivas imposiciones legales que impedían construir en barrancos y laderas depués de la catastrofe de la riada del 31 de marzo de 2002 y la presión ciudadana para eliminar los grandes edificios del centro de Santa Cruz hicieron que sus pretensiones se redujeran al mínimo razonable. Por este motivo del Plan Zerolo ya sólo queda una especie de filosofía especulativa pero notablemente recortada lo que le convierte en algo parecido a un frankestein urbanístico lleno de remiendos. No sirve para construir de forma indiscriminada, y tampoco la situación económica lo permite, pero tampoco satisface en absoluto a los sectores más progresistas de la ciudad. “El PGO que marcará el desarrollo de Santa Cruz durante la próxima década se hizo con unas previsiones que en la actualidad han quedado desfasadas y resultan irreales”, reconoció en su momento el portavoz socialista, Julio Pérez.

Tras el pleno del pasado viernes vuelve por cuarta vez a la Cotmac con el fin de recibir el visto bueno definitivo. En las tres ocasiones anteriores fue objeto de la imposición de cambios de calado lo que obligó a que volviera a salir a información pública en dos ocasiones. La primera vez, allá por 2008, se impusieron 187 reparos y se detectaron 173 errores materiales. Sin embargo, no fue hasta el verano de 2009 cuando el equipo redactor Palerm, Tabares de Nava y Senante y la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, admitieron que las modificaciones eran sustanciales. Por ejemplo, en aquella ocasión se obligó a eliminar el cuestionado puerto deportivo de San Andrés, ya entonces relacionado con el caso del Fórum Filatélico. Igualmente, se llamaba la atención sobre el hecho de que en Hoya Fría se hicieran planificaciones sobre la construcción de viviendas o de una ciudad sanitaria sin contar con la opinión del Ministerio de Defensa que todavía hoy sigue ocupando estos terrenos.

Sobre el traslado de la Refinería se imponía el requisito de elaborar un Plan Especial Territorial que se llegó a adjudicar pero del que nunca se ha escrito ni una sola línea. La intención era levantar en peso la industria y trasladarla al polígono de Granadilla. Ya entonces surgían los primeros roces entre Puertos y el Ayuntamiento por la intención de la Corporación local de regular el suelo de propiedad estatal. Una vez más se pedía que se tuvieran en cuenta los yacimientos arqueológicos cercanos al futuro parque tecnológico y se daba un tirón de orejas a la Corporación local por seguir defendiendo de forma sospechosa el deslinde antiguo de Las Teresitas en vez del que había sido aprobado pocos meses antes. La Cotmac ponía en entredicho la cesión al Obispado de un terreno en Cabo Llanos para construir lo que se dio en llamar la cocatedral cuyo diseño iba a ser encargado al arquitecto Moneo. Consideraba que la entrega de unos solares de gran valor sin contrapartida alguna y sin convocar un concurso podía resultar ilegal.

A finales de 2009 y tras salir a información pública el PGO recibió un aluvión de alegaciones frente a las previsiones del grupo de gobierno que consideraban que simplemente estaban cumpliendo con un requisito formal. Fue entonces cuando comenzó a despuntar la polémica por la inusitada aparición de miles de viviendas en situación de fuera de ordenación por razón de su altura. Así permanecían desde el planeamiento del año 1992 pero lo cierto es que no se hizo ningún intento por dar solución a los propietarios y la información se la tenían que buscar los propios vecinos entre los inexcrutables documentos que salían a información pública. Ya entonces residentes de La Salle se quejaban de que toda una hilera de viviendas aparecía en esta situación y otro tanto ocurrió con la urbanización La Florita, de donde partió en realidad toda la polémica.

Resistencia vecinal

Fue entonces cuando se constituyó la Plataforma vecinal que frustró los planes del ex alcalde de dar el carpetazo definitivo al PGO. El documento fue remitido a la Cotmac por segunda vez en medio de una auténtica protesta callejera, plenos suspendidos por amenazas de bombas y un grupo de gobierno rodeado de guardaespaldas que optó por seguir adelante con sus planes como si nada pasara. Esta vez el varapalo de la Cotmac fue aún mayor. A finales de 2010 se dio a conocer el informe de este organismo que daba la razón a la Plataforma en prácticamente todas sus denuncias. Anulaba urbanizaciones enteras en laderas y barrancos, desclasificaba como suelo urbano cauces, la arena de Las Teresitas, el futuro puerto deportivo de San Andrés o el Parque de Las Mesas que habían recibido esta clasificación para que cuadraran las cuentas en las áreas más colmatadas y obligaba a hacer un catálogo de viviendas fuera de ordenación.

Pero había más. La cocatedral quedaba definitivamente anulada, se reprochaba a los redactores que hubiesen utilizado sus despachos para negociar convenios y se acusaba al Ayuntamiento de intentar privatizar el subsuelo de la ciudad para construir aparcamientos. Las grandes torres que estaba previsto construir en el centro de Santa Cruz quedaban en el aire cuando no eran directamente rechazadas, al igual que ocurrió con Valle Tahodio otras de las inversiones del Fórum Filatélico en Tenerife. Zerolo vio con pavor cómo su planeamiento minuciosamente elaborado se venía abajo. Un documento repleto de zanahorias para convencer a los ciudadanos como los centros dotacionales, las viviendas sociales, las grandes infraestructuras o la descentralización administrativa en los barrios pero en el que en su interior subyacían sospechosos intereses de las grandes fortunas de la isla.

Las investigaciones judiciales comenzaron y las visitas de la policía a la Gerencia y a la Consejería de Política Territorial no sorprendían ya a los funcionarios. Resultado de todo ello es una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente que habla de tratos de favor, falsificaciones de documentos y negocios turbios. Paradigma de la lucha vecinal fue la construcción de la urbanización Costa Cardón en el Suroeste en un área protegida y de otra en Montaña Fumero justo al lado de las ramblas. En ambos casos el dictamen de la Cotmac fue contundente y no se limitó a restringuirse a una mera valoración técnica. Los miembros de este organismo reprocharon al Ayuntamiento que se pretendiera situar por encima del bien y del mal. La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el Suroeste, conocido como puerto seco, por ser el lugar donde se iban a depositar los contenedores, quedaba también en el aire dado que la vía exterior sin la cual no tendría sentido sigue siendo un proyecto que no llega a traspasar los estrechos límites del papel.

Al grupo de gobierno le costó reponerse pero a principios de 2011 Zerolo decidió emprender una alocada carrera para aprobar el PGO antes de las elecciones. Todo parecía ir bien hasta que el PSOE puso como condición para apoyar a CC que se rehiciera el documento. Ya entonces la Cotmac había devuelvo del plan al Ayuntamiento y en este caso le había impuesto otros 45 reparos. Entre los más llamativos estaba la negativa a que se permitiera construir más plantas en varios centenares de edificios antiguos de Santa Cruz que curiosamente a la vez también se querían proteger. Con la llegada del socialista José Ángel Martín Bethencourt a la Gerencia de Urbanismo parecía que se abría una puerta al entendimiento con la Plataforma vecinal. Y esa fue la impresión durante meses. Se llegó a aprobar una moción para que todos los grupos municipales trabajaran en el documento y consiguieran consensuar su contenido. Porque aunque ahora parezca impensable hubo una época en la que los planes generales eran aprobados por unanimidad. Pero poco después sorpresivamente el alcalde, José Manuel Bermúdez anunciaba que habían planificado una hoja de ruta que consistía en aprobar el PGO en pocos meses y dejar para más adelante la solución de las áreas más conflictivas como eran las zonas donde se encontraban viviendas fuera de ordenación o sobre las que penden interminables pleitos judiciales como es todo el entorno de Las Teresitas.

Volvió entonces el desencuentro y las acusaciones. Para la Plataforma vecinal sólo se trataba de una estratagema para aprobar el que ya habían bautizado como Plan Zerolo. Encargaron un estudio a un conocido urbanista para demostrar que el PGO estaba caducado y que la Cotmac nunca procedería a suspender ámbitos ya aprobados. Martín Bethencourt le daba la razón a la Plataforma pero votaba con el grupo de gobierno. La crispación volvió al salón de plenos y la única novedad es que ahora los dardos más envenenados del portavoz de la Plataforma, Felipe Campos y del concejal de XTFE, José Manuel Corrales se dirigían hacia el socialista, Julio Pérez al que acusaron de salir beneficiado con este Plan. A esta alturas de la película nadie puede asegurar que ocurrirá en la Cotmac y lo único cierto es que sea cual sea el resultado el futuro del Plan General se decidirá en los tribunales. La única voz incontestable que todos tendrán que acatar después de años de debates, opiniones e informes que han situado la discusión justo en el agotamiento y en la opción cero.