Nueva Canarias ve “indecente” la cifra de exclusión social en “un lugar de felicidad para 16 millones de turistas”

NC-BC ha considerado este martes “indecente” que haya más de 800.000 personas en exclusión social en Canarias, “un lugar de felicidad para 16 millones de turistas”, a lo que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha respondido que debe ser el Estado el que aumente los fondos contra la pobreza con al menos 60 millones de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se ha referido a las medidas para proteger a la numerosa población en riesgo de exclusión social que pone de manifiesto el Informe 2023 sobre el estado de la pobreza a petición de la diputada de NC-BC Natalia Santana, quien ha pedido a Delgado “que coja las riendas” porque su departamento “hace aguas por todos los lados”.

Santana se ha preguntado si la pobreza es un asunto prioritario para el Gobierno y si el Ejecutivo puede sostener la mirada a las más de 6.000 personas que viven en la calle en Canarias, y ha recriminado al departamento que dirige Candelaria Delgado que sólo ha resuelto 700 expedientes de renta ciudadana en su mandato.

La consejera ha negado esta cifra, ha reiterado que encontró “un colapso” de expedientes al llegar al departamento y se ha preguntado por qué Canarias no recibe más dinero del Estado si tiene mayores cifras de pobreza que otras regiones, para añadir que ha pedido al Ejecutivo central como mínimo 60 millones de euros pero habrá que “esperar” hasta que haya Presupuestos Generales del Estado.

En total, ha continuado, la Consejería destina 213,5 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a combatir la pobreza y atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, lo que ha permitido la atención de 843.000 personas.

“El Gobierno de Canarias no olvida que las cifras en nuestra tierra en cuanto a pobreza, exclusión social o privación material básica son muy preocupantes. Por eso, entendemos que las actuaciones han de ser eficaces y cumplir con las normas, pero, a la vez exigimos al Estado que cumpla con sus compromisos en la materia”, ha añadido la consejera regional.

En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, esta ayuda económica mensual llegó a un total de 12.903 personas en junio, con una inversión de 8,5 millones de euros, casi un millón de euros más en el marzo de 2023, cuando entró en vigor en sustitución de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

La consejera hizo alusión a los fondos estatales provenientes del programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, a través de los cuales se gestionaron 32 subvenciones por importe de 3,3 millones de euros, a los que hay que añadir las subvenciones nominadas que se gestionan desde la consejería por valor de 5 millones de euros.

La diputada socialista Elena Máñez ha criticado que no ha habido mejoras en el año de gestión del actual gobierno y sigue habiendo 5.000 expedientes en espera de la renta ciudadana, mientras que para el nacionalista Jonathan Martín es preciso dar herramientas para que las personas puedan salir de la situación de vulnerabilidad.

Isabel Saavedra, del grupo Popular, ha pedido un análisis específico sobre la situación de la juventud “precarizada”, que a su juicio es la asignatura pendiente, al tiempo que Marta Gómez, de Vox, ha considerado preocupante que se normalice la pobreza en una región con empleos relacionados con el turismo, por lo que “obviamente algo se está haciendo mal”.

Melodie Mendoza, de ASG, ha mostrado su preocupación por el colectivo de mujeres mayores de 65 años que perciben pensiones de escasa cuantía y ha hablado de la importancia “de la cultura del ahorro” frente a la tranquilidad de creer que el Estado “te va a dar una pensión”, para considerar que el futuro no parece que vaya a ser más halagüeño.

El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta, de AHI, ha opinado que en este ámbito no se puede fiar todo a la respuesta del Estado aunque sí hay que reclamar “lo que en justicia nos corresponde”, al tiempo que ha pedido a la consejera políticas para que cada vez menos gente tenga necesidad de percibir ayudas sociales.