El nuevo régimen de Baleares no tiene nada que ver con el de Canarias
El Gobierno de Canarias ha encontrado una nueva arma política para hacer campaña electoral: el recién publicado Régimen Especial de Baleares (REB), aprobado mediante decreto ley por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado viernes, que ha sido objeto de crítica por “poner en peligro” las especificidades canarias recogidas en su histórico Régimen Económico y Fiscal (REF), y por lo tanto, de provocar la deslocalización de empresas e inversiones a favor de Baleares. Sin embargo, el REB no contempla en absoluto incentivos fiscales y se limita a hablar de compensaciones en materia energética y de transporte, así como de la creación de un fondo de insularidad que respete una serie de partidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Ni reserva de inversiones, ni la creación de una zona especial, ni ventajas fiscales de ningún tipo para que se compense la insularidad a las empresas aparecen recogidas en el REB, tal y como está publicado en el BOE. De hecho, la oposición en Baleares ya ha tildado el acuerdo aprobado de “insuficiente” y de electoralista. El propio socio de Coalición Canaria en las elecciones europeas Proposta Per Les Isles (PI) considera que con este documento se deja atrás una parte importante de la reclamaciones de Baleares ya que no aporta garantías de que se vayan a aprobar las medidas fiscales.
El primer apartado del Régimen Especial de Baleares agrupa compromisos destinados a la mejora de la planificación energética de esta comunidad autónoma. Recoge la necesidad de que el Ejecutivo central fomente la instalación de renovables y se reduzca la dependencia de las energías fósiles. Además, el Gobierno Estatal se compromete a promover una segunda interconexión eléctrica con la Península y a que los precios de la energía sean similares.
El documento dedica otro capítulo a la compensación de su insularidad en el transporte, un apartado en el que además se constata que el Archipiélago ya venía beneficiándose de medidas como el descuento del 75% en el transporte aéreo y marítimo para los residentes. También incluye subvenciones al transporte de mercancías. Otro capítulo, hace referencia al “factor de insularidad”, es decir, la necesidad de que se destine en los Presupuestos Generales del Estado cada año una partida específica para compensar la lejanía con la Península y que esa dotación permita hacer frente al desarrollo de infraestructuras y proyectos afectados por ese carácter insular.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sin embargo, sí que aglutina una serie de medidas fiscales especiales. Por ejemplo, la existencia de una Zona Especial Canaria con una serie de beneficios para las empresas que se instauren. También recoge la posibilidad de que se integren zonas francas por las islas (con beneficios tributarios). Este documento integra además esa reserva de inversiones de la que no dispone Baleares, entre otros incentivos.
La tesis del Gobierno de Canarias sobre la supuesta descompensación que se producirá no se encuentra avalada en estos momentos por ningún documento oficial ni oficioso. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), señalaba este lunes tras la reunión del Consejo de Gobierno que ante unos incentivos fiscales “iguales”, las empresas se establecerán en el territorio más cercano al continente, es decir, Baleares ya que, según defendió, a dichas empresas se les concederá una deducción del 90 % en el Impuesto de Sociedades cuando se hagan inversiones en ese territorio, como establece la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).
Unas afirmaciones que no se corresponden con el documento aprobado por el Consejo de Ministras y publicado en el BOE del sábado. Es cierto que existe un documento del Gobierno balear con una propuesta sobre qué incentivos fiscales quiere lograr para el Archipiélago y algunos coinciden con los de Canarias, pero se trata sólo de una propuesta que ni siquiera podrá valorarse hasta que se conforme el nuevo Gobierno tras las elecciones del 28 de abril. Una iniciativa que, no obstante, tendrá que ser tramitada como una ley en el Congreso de los Diputados y no como un decreto ley.
La lucha de Baleares por el nuevo REB no es nueva. El PI (Proposta per Les Iles), socio habitual de Coalición Canaria, con quien tiene suscrito acuerdos, ha insistido en la necesidad de estas compensaciones económicas. El año pasado, de hecho, CC anunció que ambas formaciones lucharían por este propósito en su intención de concurrir juntas a las elecciones europeas. Sin embargo, ahora los nacionalistas canarios cambian de criterio al considerar ese REB un “insulto”.
El PSOE en las Islas se ha mostrado muy crítico con la actitud de Coalición Canaria. El secretario general, Ángel Víctor Torres, ha invitado al Gobierno de Clavijo a pensar más en los problemas del Archipiélago como las listas de espera en Sanidad, las carencias de Educación o la mala gestión en dependencia. El candidato socialista al Cabildo de Gran Canaria, Luis Ibarra, además ha recordado que las medidas para Baleares nada tienen que ver con el fuero isleño, recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, y que la Confederación Canaria de Empresarios, que también se ha sumado a las críticas infundadas, alimenta la confusión que está generando CC.
