Las oposiciones a la policía canaria están condicionadas a la crisis
El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este martes el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Canaria para convocar en septiembre el concurso y las oposiciones para cubrir las 123 primeras plazas, aunque la relación está condicionada a la situación económica que de dicho mes.
Así lo afirmó este martes la portavoz del Gobierno canario, Carolina Déniz, quien dijo que el presupuesto previsto para cubrir estas plazas es de 3,5 millones de euros y el catálogo podrá ser modificado según los gastos e ingresos de la comunidad autónoma en septiembre.
Si la situación económica lo permite, la previsión del Gobierno es publicar la oferta pública de empleo en septiembre y convocar ese mismo mes tanto el concurso como las oposiciones.
A través de concurso podrán acceder a la nueva policía agentes procedentes de otros cuerpos, cuarenta serán agentes de base y 23 formarán parte de la cadena de mandos, y todos estarían “en la calle” en el mes de abril de 2009.
Los otros 60 agentes tendrán que superar unas oposiciones y cursar formación en la Academia Canaria de Seguridad hasta diciembre de 2009, de manera que se incorporen a sus puestos de trabajo en enero de 2010.
La primera fase de la Policía Canaria está compuesta por un total de 300 agentes, de los que 95 se incorporarían en los años 2009-2010 y 82 entre 2010 y 2011.
Se trata de la división de recursos operativos que realizará funciones ordinarias atribuidas por ley e integrará las denominadas brigadas móviles que, en el futuro, estarán especializadas en intervención; protección, investigación e información; rescate y montaña, detalló.
Esta primera fase estará financiada por la comunidad autónoma y la siguiente, que prevé la integración de 1.700 agentes, dependerá de la financiación estatal, hasta el momento negada por el Ejecutivo central.
Además de aprobar este Catálogo, el Consejo de Gobierno, que no se volverá a reunir hasta finales de agosto, aprobó destinar 16 millones a la prórroga del contrato de transporte escolar que cubre 181 rutas, lo que se suma a la próxima adjudicación de 725 rutas para los próximos cinco años por 125 millones de euros.
Asimismo, autorizó la prorrogar la gestión de los programas del Plan de Vivienda de Canarias por 3,4 millones y la construcción de 40 viviendas para ofrecer en alquiler en Gran Tarajal por un presupuesto de 2,8 millones de euros.
En materia de Sanidad, el Consejo dio su conformidad a la disolución del Consorcio Sanitario de Tenerife y ha reajustado las inversiones anuales en el Hospital del Norte de Tenerife hasta alcanzar 28,4 millones de euros y del Sur hasta 33,7 millones, a lo que se suman 224.946 euros destinados a los familiares de los enfermos de alzheimer de esta isla.
Por otra parte, aprobó los convenios para fomentar el transporte terrestre discrecional en Gran Canaria y Tenerife, lo que supondrá una inversión de 6,5 millones de euros.
También en el apartado de transportes, el Gobierno autorizó la contratación de la línea Valle Gran Rey, Playa Santiago, San Sebastián de La Gomera y Los Cristianos como línea de obligación de servicio público por 4,7 millones de euros.
Hasta el momento, la empresa pública Proexca canalizaba las acciones del Gobierno canario en el exterior, pero tras la aprobación este martes de la creación de una Fundación para actuaciones en el exterior, Proexca se dedicará únicamente a los asuntos económicos y la nueva organización al resto de asuntos.
La aprobación del Reglamento del Consejo Canario de Turismo, y el envío al Consejo Consultivo de la modificación de la regulación de agencias de viaje son los asuntos relacionados con la Consejería de Turismo.
Además, el Consejo solicitará al Gobierno estatal que apruebe la emisión de deuda pública por parte del Cabildo de Gran Canaria por 42,6 millones, aprobó los convenios para ejecutar un auditorio en Agüimes y un centro cultural en Ingenio por valor de un millón de euros cada uno.
La isla de Fuerteventura contará con 670.600 euros para la redacción del PIO y se expropiará cuanto antes los terrenos afectados por la nueva carretera de La Caldereta-Corralejo que permitirá que las dunas no tengan que ser atravesadas por el tráfico, que debido a la arena sufre diversidad de accidentes.
Finalmente, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y las dependencias del Gobierno estarán conectadas por fibra óptica, a lo que el Ejecutivo destinará 1.5 millones de euros.
