La contabilidad del Gobierno de Clavijo de 2017, a debate en el Parlamento: hay 439 millones pendientes de cobro

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ha subrayado la opinión favorable de este organismo, con salvedades, sobre la cuenta general de la Comunidad Autónoma de 2017, ante las denuncias de la oposición sobre la escasa recaudación de 41,4 millones de euros de los 448 millones pendientes de cobro.

El informe, que fiscaliza las cuentas del Ejecutivo de Fernando Clavijo en 2017, fue debatido este martes con gran retraso en comisión parlamentaria, un año y un mes después de que la Audiencia de Cuentas lo remitiera a la Cámara, una demora sobre la que se lamentaron los diputados pero de la cual no dieron explicaciones.

Una de las deficiencias principales, la falta de gestión de los fondos pendientes de cobro, que se arrastra desde 2012. Sin embargo, según explicó el portavoz de CC-PNC, José Miguel Barragán, esto se abordó a partir de 2018 con la dotación de más personal.

Pedro Pacheco corroboró la dificultad burocrática de gestionar miles de expedientes, muchos de los cuales deben ser dados de baja uno por uno y justificando el motivo tasado por el que no se pueden cobrar, como insolvencia o fallecimiento del deudor.

En cualquier caso, la Audiencia sí considera que el Gobierno de Clavijo podría haber sido más prudente a la hora de fijar la no disponibilidad de gasto por fondos de dudoso cobro, que el Ejecutivo situó en unos 13 millones de euros y la Audiencia amplió a 354 millones.

“La diferencia es alarmante y la consecuencia es que se falsearon los datos del superávit de 295 millones de euros del que tanto alarde hizo Fernando Clavijo, pero nunca hubo superávit”, denunció la diputada de Nueva Canarias Esther González.

Pacheco replicó que en ningún caso el informe de la Audiencia de Cuentas dice que la cuenta general esté mal formulada, que contenga imprecisiones o que la contabilidad esté falseada.

Según Pacheco, salvo algunas salvedades, en la cuenta general no hay supuestos de responsabilidad contable ni penal y hubo un saldo presupuestario positivo de 192 millones de euros, con lo que se cumplió la ley de estabilidad presupuestaria.

Subvenciones sin justificar y contrataciones sin autorización

No obstante, la Audiencia de Cuentas alerta sobre el aumento del endeudamiento en ese año 2017 hasta 6.881,6 millones de euros y de los casi 440 millones de euros otorgados en subvenciones que están pendientes de justificar, de los que 167,2 millones han superado ya los plazos de prescripción.

La contratación de personal sin autorización y sin remisión de la información correspondiente a la Audiencia de Cuentas, especialmente por parte de empresas públicas, es otra de las salvedades que figuran en el informe de la Audiencia.

Otro año más la Audiencia insiste en la necesidad de presupuestar por objetivos y de introducir indicadores para poder evaluar la eficiencia y efectividad de los gastos, lo cual solo se hace en el caso de que haya fondos europeos porque así lo exige la UE, según expuso Pacheco.

Iñaki Lavandera, del PSOE, denunció que el anterior Gobierno de Canarias solamente incorporó en 2017 cuatro de las 34 recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas en su informe sobre el ejercicio anterior.

Puso de relieve que la Audiencia calcula en 646 millones de euros el déficit de financiación de los servicios públicos canarios por parte del Estado, algo que hay que corregir con la reforma del sistema de financiación autonómica y con la flexibilización de la regla de gasto.

Por su parte, José Miguel Barragán, de CC-PNC, defendió la labor realizada por su partido y quiso destacar la alta ejecución presupuestaria en 2017, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y el cambio en la metodología de gestión de los fondos de dudoso cobro a partir de 2018, siguiendo por fin la recomendación de la Audiencia.

Fernando Enseñat, del PP, consideró llamativo que año tras año se repitan las mismas recomendaciones y no se cumplan, denunció que no haya una evaluación del gasto y la falta de cumplimiento de los criterios de contratación de personal.

La diputada de NC Esther González denunció también los incumplimientos en la contratación de personal, la falta de seguimiento de las recomendaciones, y la “abstención recaudatoria” a la hora de abordar el “agujero” de 448 millones de euros en fondos adeudados a la Comunidad Autónoma.

Para Manuel Marrero, de Sí Podemos, puede que no haya responsabilidades penales en la cuenta general de 2017, pero sí “mucha responsabilidad política y de gestión”, entre otros motivos por el “falseamiento” de un superávit que nunca existió.

Melodie Mendoza, de ASG, dudó de la utilidad de analizar en 2020 un informe presupuestario correspondiente a 2017, aunque reconoció que la responsabilidad no es de la Audiencia de Cuentas, sino del Parlamento.

Vidina Espino, de Ciudadanos, criticó las deficiencias en la contratación de personal, la falta de evaluación de las políticas públicas y la dedicación del Fondo de Desarrollo de Canarias a inversiones financieramente sostenibles que pueden acometer los propios ayuntamientos con sus superávit.