El PP tendría al borde de la expulsión a una alcaldesa y un diputado
La regeneración política anunciada este fin de semana por el PP de Canarias en su XIII Congreso regional se toparía de bruces con la cruda realidad de su pasado reciente. Al menos otros dos altos cargos de la organización conservadora, aparte de Luz Reverón, estarían al borde de la expulsión, si se aplicara el nuevo reglamento de los estatutos regionales que obliga a la expulsión de los militantes imputados si se abre juicio oral contra ellos.
De ser efectiva la máxima anunciada por el ponente de los nuevos estatutos, Fernando Figuereo, la alcaldesa de Telde, Mari Carmen Castellano, y el diputado autonómico Jorge Rodríguez (ex portavoz del grupo entre 2003 y 2007), tendrían sus días contados en el partido presidido por José Manuel Soria, al figurar en el auto de fin de instrucción del caso Faycan como imputados por diversos delitos relacionados con la corrupción, y solo pendientes, después de tres años de infinidad de recursos por parte de los encartados, del escrito de calificación del fiscal para la apertura del juicio oral.
La alcaldesa de Telde está imputada por cohecho y malversación de fondos públicos, en concreto de procedencia de la Unión Europea para combatir el paro y formar a desempleados, pero destinados ilegalmente a la reforma de la sede del PP de Telde en Arnao, cuando ejercía como concejal de Desarrollo Local, Pymes y Mujer siendo segunda teniente de alcalde.
Las pesquisas de Faycan determinaron también que Castellano, en calidad también de presidenta del Comité Local del PP, percibió comisiones ilegales repartidas por la cabecilla de la trama, la fallecida Toñi Torres, confabulada con el exalcalde Francisco Valido y otros “para pergeñar un sistema de financiación ilícita del Partido Popular”.
Castellano cumplió en parte su cometido y fue fiel al partido. Si bien el auto indica que el sistema de presunta extorsión a empresas, con el cobro de entre un 6 y un 20% de sobrecoste para contratar con el Ayuntamiento, no terminó en las arcas del PP y se derivó a los bolsillos privados de sus políticos destacados en Telde, ella sí que desvió fondos para reformar la sede en Arnao.
La alcaldesa percibió del reparto de comisiones ilegales las cantidades de 2.235, 20.500 y 16.071 euros, a juicio del magistrado instructor, que en el auto también aclara que Castellano presentaba, desde el ejercicio de 2003 en que tomó posesión, hasta su detención y posterior dimisión de cargos orgánicos y públicos en noviembre de 2006, “unos ingresos carentes de justificación en cuantía de 81.466,02 euros”.
Un local reformado con fondos contra el paro
Su imputación por malversación de fondos públicos se centra en el desvío de dinero del Ayuntamiento para costear la reforma de la sede de su partido. Así, Castellano se puso de acuerdo con Toñi Torres y sus respectivos asesores, José Luis Sánchez y Francisco Gordillo, para que los gastos de la gestión del alquiler y reforma del local del PP se facturaran por la ferretería Felipe y Nicolás Ojeda contra el Ayuntamiento de Telde.
El modus operandi sería a través del departamento de Castellano, “en facturas que se emitirían desde la Concejalía de Desarrollo Local con material fungible, en realidad no servido, para así hacer imposible un eventual control de las mismas respecto del material suministrado”.
Para ello, Castellano se valió de un programa financiado por la UE para combatir el paro y fomentar el desarrollo local, el Proyecto Opea 2000. De sus fondos extrajo dinero que acabó en la reforma del local, a través de facturas giradas por la ferretería de cabecera de la trama, en concepto de material informático consumible por el citado proyecto o material de limpieza, así como por la presunta compra de material para la escuela taller de nuevas tecnologías.
La política municipal para la promoción de viviendas
Por su parte, el mismo auto considera al actual diputado autonómico Jorge Rodríguez [su caso, por tanto, lo juzgará el Tribunal Superior por ser aforado, de nuevo], “determinante” para que Grupo Europa concretara con la ex concejal popular Toñi Torres las actuaciones presuntamente ilícitas llevadas a cabo en Telde para promover viviendas sociales.
El juez consideró ya en febrero de 2009 acreditado que Jorge Rodríguez Pérez, cuando ejercía también como portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, cobró más de 64.000 euros de Grupo Europa a pesar de tener dedicación exclusiva como diputado autonómico.
Sostiene la instrucción final de Faycán que Rodríguez Pérez “introdujo en el círculo de Antonia Torres a José Manuel Antón Marín, administrador único de Gestión de Cooperativas Europa SAU, a los efectos de promocionar la gestión que quería realizar de viviendas de protección oficial”.
El juez detalla en el auto que el exportavoz del PP adquirió la condición plena de diputado el 18 de junio de 2003 y la mantuvo hasta el 25 de junio de 2007. Acogido al régimen de dedicación exclusiva a las tareas parlamentarias, con una retribución económica fija mensual, “no obstante” mantuvo su actividad profesional percibiendo de las empresas ligadas a Grupo Europa 13.944 euros en 2003, 20.916 euros en 2004, 23.921, 06 euros en 2005 y 5.229 euros en 2006.
El contacto “determinante” de Jorge Rodríguez Pérez deparó con posterioridad que el administrador único de Grupo Europa, Antón Marín, “articulara la actuación” de su empresa en Telde, entregando a Toñi Torres los pliegos de las bases del concurso “que mejor se adaptaba al modo de operar” de la empresa representada por el ex portavoz del PP en la Cámara regional.
Figura también en el auto que a raíz de todos los problemas surgidos entre Grupo Europa y el Ayuntamiento de Telde para llevar a cabo las promociones de viviendas, en especial con el jefe de los servicios urbanísticos, José Luis Mena, como principal obstáculo, Antón Marín llegó a realizar pagos “para hacer posibles los objetivos de promoción” de alrededor de 240.000 euros.
Calificación para este verano
En el foro, la previsión para acabar con la retahíla de recursos de todo tipo -desde las propias conclusiones del juez instructor sobre los delitos cometidos por 37 imputados, hasta la más mínima providencia o resolución han sido cuestionadas durante tres años y tres meses- que las defensas de los imputados han presentado desde el auto de procedimiento abreviado de febrero de 2009 se calcula que pueda lograrse después del verano, con el fin de que el ministerio público pueda concluir su escrito de calificación pidiendo la apertura del juicio o el archivo de la causa.
Nada apunta, en todo caso, que pueda producirse cosa distinta al juicio oral a estos encartados por delitos de corrupción, dada las contundentes aseveraciones formuladas en el auto de fin de instrucción por el magistrado Javier García García-Sotoca, quien determinó que de sus amplias pesquisas cabe mantener que el PP de Telde tomó el control de pagos del Ayuntamiento que ahora vuelve a presidir para financiar a su propio partido, durante el mandato de gobierno 2003-2007.
