El PSC pide responsabilidad al Gobierno por el 'escándalo de Tindaya'
El PSC-PSOE, a través de su portavoz de Cultura, Domingo Fuentes Curbelo, pedirá responsabilidades al Gobierno de Canarias en el pleno del Parlamento a raíz del contenido de la última sentencia de los tribunales de Justicia que confirma el escándalo de Tindaya, según informó el partido en un comunicado.
En concreto, tras la notificación por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la última sentencia, derivada de la reclamación patrimonial por daños y perjuicios promovida por Canteras Cabo Verde S. A. contra el Gobierno de Canarias, que condena a éste a pagar 92.295.312,00 euros a la empresa demandante, Fuentes solicitará al Gobierno que informe al Parlamento si piensa recurrir esa sentencia, “recurso que, si se llevara a cabo, sólo sirve para ocultar su responsabilidad política, o si, por el contrario, tal como tal como ha manifestado públicamente el consejero delegado de la empresa demandante, Rafael Bittini, el Gobierno piensa llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa demandante, Canteras Cabo Verde S.A., para poner fin a los numerosos pleitos que ambas partes mantienen en los tribunales de justicia, relativos a las concesiones mineras y el proyecto monumental en la Montaña de Tindaya”.
Domingo Fuentes afirma que, “para vergüenza del Gobierno y de los partidos que lo sustentan, CC y PP, Chillida concibió esta escultura como un monumento a la tolerancia. No deseaba el escultor que Tindaya sirviera como elemento de división, y menos aún como piedra de escándalo arrojada en luchas políticas en las que no deseba verse envuelto. Todo lo contrario de lo que los sucesivos gobiernos de CC y PP han hecho y continúan haciendo”.
Fuentes añade que el proyecto de Tindaya “se hunde sin remedio y se ve envuelto en una deriva escandalosa de estafas al erario público y de sentencias contundentes del TSJC que no sólo no acceden a ninguna de las pretensiones del Gobierno, sino que lo condenan a pagar cantidades escandalosas por su negligencia, su torpeza y su ineficacia”.
“Es lamentable ?explica Fuentes- que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, anunciara a los cuatro vientos que el proyecto monumental de Tindaya, que ya se ha llevado por delante 25,7 millones de euros, estaría acabado en el año 2011, después de 13 largos años de escándalos, comisiones de investigación, estafas, querellas, y, lo que es peor, sin responsables políticos”.
El diputado hace memoria y recuerda que desde 1995 el Gobierno declaró de interés general el proyecto de Chillida, el cual se iba a realizar sobre una concesión minera, sin rescatar previamente esa concesión. “En ese momento el Gobierno no había realizado ni siquiera los estudios geológicos y geotécnicos previos que avalaran la viabilidad del proyecto, que tenía que haber sido lo primero. El Gobierno no disponía de los terrenos necesarios para la ejecución del mismo, y lo peor es que todavía no dispone de ellos. El Gobierno jamás llevó a cabo el Plan Especial de Protección, condición sin la cual Chillida no iba a autorizar jamás la realización del proyecto”.
Además, especifica que el Gobierno renunció a la expropiación de las concesiones mineras “y llegó a acuerdos claramente lesivos para el interés público con los concesionarios sobre unas valoraciones sin fundamento. Se aprobó además un modelo de financiación a todas luces imprudente y lesivo para las arcas públicas y una fórmula para la ejecución material del monumento con importantes anomalías. Asimismo, se adjudicó la obra a una UTE, estableciendo unos plazos de ejecución imposibles de cumplir”.
“Todo esto nos lleva a pensar -afirma Fuentes- que más que un proyecto artístico Tindaya se ha convertido una trama montada para fines ilícitos, en la que pagan unos y cobran otros unos supuestos derechos derivados del propio expediente, hechos que el propio Gobierno consideró podrían estar tipificados en el Código Penal y en el Civil. Tindaya se ha convertido en una estafa a las arcas de la Comunidad, a la memoria del artista Eduardo Chillida, y al pueblo majorero. Uno de los casos más graves en toda la historia de la Comunidad Autónoma en relación con el mal uso de los fondos públicos”.
El Gobierno de Canarias, asegura Fuentes, “lleva 13 años enfangando un proyecto artístico que hubiera situado a Fuerteventura y a toda Canarias como un referente mundial del arte contemporáneo. Sin embargo, CC y PP lo han transformado en un símbolo, no ya artístico, sino en una forma de hacer política, una concepción de cómo gestionar los fondos públicos. Un sistema que ha propiciado la proliferación de esas las redes clientelares que espantan a los ciudadanos y los alejan de la vida pública”.
El portavoz de Cultura concluye afirmando que “lo que la sociedad canaria espera ya no es otra cosa que una respuesta clara sobre las responsabilidades políticas de quienes han conducido este proyecto al abismo y que ha provocado y sigue provocando consecuencias claramente lesivas para los intereses públicos”.
