El PSOE pide anular el concurso de Vías y Obras de LPGC
El Partido Socialista (PSC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha denunciado las “numerosas chapuzas” de los pliegos del contrato de conservación de calzadas, aceras, plazas y zonas peatonales de la Concejalía de Vías y Obras, y ha solicitado la suspensión de la convocatoria para su revisión y corrección.
El portavoz de los socialistas en la Administración local, Sebastián Franquis, señala el apartado de Personal y condiciones laborales, donde, según explica, inicialmente no se incluyó al personal a subrogar, sino que éste se incorporó al expediente una vez publicada la convocatoria. Además, indica que el contrato se licita en tres lotes, cuando en la práctica son sólo dos, porque el pliego técnico establece que los lotes segundo y tercero se adjudican a una misma empresa.
Al respecto, Franquis afirma que el pliego técnico “incumple igualmente” el artículo 68 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que exige establecer el precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto y el número estimado de unidades a suministrar. “Sin embargo, el pliego técnico en cuestión establece el presupuesto con carácter orientativo y no menciona el número estimado de unidades”, Puntualiza.
Otra de las “chapuzas” del pliego, según Franquis, se refiere a la baja económica en el precio de las distintas unidades, que “debería estar ponderada en función de aquellas que más se utilizan, y no puntuarse la baja de todas las unidades por igual, para que la oferta adjudicataria sea realmente la que resulte económicamente más ventajosa para el Ayuntamiento”.
A juicio del portavoz de los socialistas también se produce una contradicción entre el pliego técnico y el administrativo, en el caso de que el precio ofertado por alguna de las empresas supere el de licitación.
El Grupo Socialista coincide con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas en la solicitud de la suspensión de la convocatoria para la corrección de sus “múltiples errores”, y por “la falta de seguridad jurídica necesaria para licitar”.
