El PSOE acusa a Rivero de urdir un plan manipulador de la prensa con la TDT
El PSC acusó este miércoles al presidente canario, Paulino Rivero, de urdir un plan de manipulación de todos los medios de comunicación cuya primera fase era la adjudicación de la TDT, mientras que el Gobierno dijo que ese partido es el único que defiende intereses particulares y efectúa un “discurso basura” de incriminación “generalizada”.
El cruce de acusaciones se produjo entre el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, y la diputada del grupo Socialista Gloria Gutiérrez, quien había solicitado la comparecencia del Gobierno para informar sobre la adjudicación de los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT).
Para Gloria Gutiérrez este concurso ha sido la crónica “de un amaño anunciado” por un Gobierno que desprecia “la legalidad y la decencia”, y que lo ha convertido en “una trama y un chanchullo” para “silenciar a los medios de comunicación a cambio de la manipulación mas burda”, lo que paró el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al anular el concurso en Tenerife.
A su juicio, el TSJC puso al descubierto “el subjetivismo puro y duro” del Gobierno, y Gutiérrez denunció “la actitud cobarde de quien se esconde detrás de los funcionarios” en este asunto.
“El Gobierno está en un callejón sin salida en el que ha metido a todo el sector audiovisual de Canarias, pues se ha cargado su futuro cuando tenía una oportunidad para la diversificación”, añadió la diputada.
Mostró su convencimiento de que el presidente Paulino Rivero ha urdido un plan de manipulación de todos los medios de comunicación públicos y privados con dos fases y con ficha financiera, los 300 millones de euros procedentes del cambio de modelo de gestión en la Televisión Canaria.
Denunció que se adjudicó la TDT a empresas que no emiten por tener deudas, lo que pone en entredicho su solvencia, y precisó que, salvo una, todas las empresas que se dedican a la prensa escrita fueron excluidas del concurso y se optó por empresas débiles, pues Paulino Rivero “tenía en mente el reparto arbitrario” de la citada cantidad.
En su opinión, el presidente ideó este plan para controlar los medios al conceder la TDT a empresas con necesidades económicas y técnicas y luego, en una segunda fase de esta “trama”, encargarle la producción “a cambio de lo que todos sabemos: como se atrevan a criticarme se acaba la producción”.
“Al intentar coartar la libertad de expresión Paulino Rivero no ha tenido límites y lo que es más grave, triste y doloroso, se ha atrevido en un ataque de ira a amenazar a los diputados que osaran llevarle la contraria, pero ni tenemos miedo ni nos harán callar”, añadió Gutiérrez, quien opinó que el Gobierno canario es “de barro” porque tiene miedo a la libertad de información, la pluralidad y la democracia.
El consejero José Miguel Ruano consideró “ridículo” el hablar de una trama y acusó al PSC de pretender una incriminación generalizada que obedece “a la estrategia diseñada en la más complicada cabeza que dirige ese partido en Canarias, que está ajeno a la realidad y que no soportaba compartir el debate” en el Parlamento regional.
José Miguel Ruano afirmó que “ese Mesías” ha dejado en las islas “los peones más sectarios y duros con el único objetivo de jugar a la ruleta y deteriorar y acabar con las instituciones”.
Por ello lanzó “un mensaje de firmeza” respecto a que el objetivo del Gobierno es “la defensa del interés público de que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso a la TDT sin estar sometidos a grupos privados”.
Recordó que el Gobierno regional ha anunciado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJC en el que alega once motivos, el más importante “la incongruencia” del fallo, que discrepa de que la evaluación de las empresas se hiciese por parte de una empresa externa, lo que según Ruano no fue rechazado por ninguna parte.
Argumentó que en otras comunidades autónomas también ha habido “conflictividad” porque normalmente “el que no resulta adjudicatario, recurre”.
Advirtió de que el PSC no cuestionó las bases del concurso, que han sido “bendecidas jurídicamente”, sino que discute quién ha sido adjudicatario, por lo que se preguntó “quién es el que defiende intereses de grupos empresariales concretos”.
La portavoz del grupo Popular, María Australia Navarro, afirmó que el grupo Socialista aprovecha la menor oportunidad para arremeter contra el Gobierno y mantener abierta su particular “caja de Pandora, de la que no dejan de salir exabruptos, descalificaciones, calumnias e incluso falsedades”.
Se trata “de una escenificación más de la estrategia escandalosa del difama, que algo queda”, dijo la portavoz popular, quien acusó al PSC de instalarse en una crispación caótica y de empozoñar la política canaria.
Por ello pidió a los diputados socialistas “que no le hagan el juego a su líder, ya conocido como la rana saltarina o la falsa moneda, porque está siempre en campaña”, y afirmó que el PSC aplica “la ley del fonil”, pues defiende el principio de inocencia cuando le afecta pero no para los demás.
Flora Marrero, diputada de Coalición Canaria, dijo que la decisión política del Gobierno en este ámbito se limita a la resolución de febrero de 2007 por la que se inicia el expediente para contratar una consultoría externa en este ámbito “y a partir de ahí no hay decisiones políticas”.
Marrero subrayó que el Gobierno regional ha actuado con total imparcialidad “y no es partidista”, mostró su respeto absoluto al poder judicial y apuntó que si las empresas adjudicatarias hubiesen sido otras el PSC no hubiera traído este asunto a la Cámara.
