Santana Cazorla declara por una permuta en Jinámar
El empresario Santiago Santana Cazorla, representante legal de Hermanos Santana Cazorla SL, ha prestado declaración este viernes en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de Telde (Gran Canaria) en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en relación a una polémica permuta.
La causa tiene que ver con la aprobación en 2003 de la permuta de un edificio de Jinámar por terrenos municipales con una empresa del grupo Hermanos Santana Cazorla, según informaron a Europa Press fuentes municipales, que precisaron que se trata de una querella presentada por el actual grupo de gobierno local, formado por PSC-PSOE, Nueva Canarias y Centro Canario (CCN), contra los políticos del PP y de la Asociación Federal de Vecinos del Valle de Jinámar-Ciudadanos por el Cambio (AFV-Ciuca).
Santana Cazorla compareció este viernes ante el juez Sergio Ruiz para explicar su versión sobre dicha operación, según una información del diario digital Teldeactualidad recogida por Europa Press.
En su auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado argumenta que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de los citados delitos de prevaricación y tráfico de influencias, por lo que procede “su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias”.
De este modo, en el marco de esta investigación han sido citados para declarar como imputados el ex alcalde Francisco Valido (PP) -también imputado en el caso Faycán relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales durante el anterior mandato local-, el ex edil de Urbanismo, Benito Guillermo Reyes (AFV-Ciuca), la ex concejala de Desarrollo local, Pymes, Mujer y Seguridad, María del Carmen Castellano (PP) -imputada en el caso Faycán-.
Además del ex concejal de Policía, Tráfico y Transportes, Carmelo Reyes Rodríguez (AFV-Ciuca), el ex concejal de Aguas, Saneamiento, Agricultura, Ganadería y Pesca, José Suárez (PP), el ex edil de Economía y Hacienda, Carmelo Oliva (PP) -también imputado en el caso Faycán-, la ex concejala de Turismo, Raquel León (AFV-Ciuca).
Igualmente, han sido citados como testigos cuatro técnicos municipales, entre los que figura el ex jefe de Servicio de Urbanismo, José Luis Mena, imputado también por el caso Faycán y en el caso Doramas, así como un arquitecto ajeno al Consistorio.
''Oscuros intereses''
Una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del 7 de septiembre de 2007 desestimó el recurso de apelación presentado por Hermanos Santana Cazorla SA contra la sentencia del 5 de marzo de 2007 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de la capital, que anuló la permuta del edificio de Jinámar y un solar de la citada empresa por un grupo de parcelas que suman más de 17.000 metros cuadrados en Marpequeña valoradas en 3,7 millones de euros.
La resolución especificaba que las “premuras” del anterior gobierno PP y AFV-Ciuca para aprobar esta operación “no se explican en razón del interés público que supuestamente justifica la permuta (dotar al barrio de Jinámar de unas dependencias municipales), sino en otros ocultos y no explicados intereses”.
Además, señala que ni a lo largo del expediente ni en el propio acta del acuerdo de la junta de gobierno de 22 de diciembre de 2003, por el que PP y AFV-Ciuca aprobaron hacer un intercambio de propiedades con Iniscan (de Hermanos Santana Cazorla) “existe la menor explicación y menos aún motivación de las razones de la urgencia”.
Añade que “ciertamente resulta sorprendente que el expediente se tramitase y resolviera en el plazo récord de 7 días que median entre la solicitud de la permuta efectuada por Hermanos Santana Cazorla, 15 de diciembre de 2003 y el acuerdo impugnado del 22 de diciembre”.
“Y más sorprendente aún -prosigue- es que el mismo día en que se hace la solicitud de permuta (el día 15) se emitan sendos informes jurídicos y del negociado de patrimonio”. A ello se suma que el informe de técnico de valoración se realizó el día 12 de diciembre, es decir, antes de que la empresa formulase la propuesta de permuta. No existe ningún documento en que aparezcan las razones de tanta urgencia.
Igualmente, la resolución resalta que no hay ni un documento en el que aparezcan mínimamente detalladas las supuestas razones de urgencia para aprobar la permuta, promovida por el líder de AFV-Ciuca, Guillermo Reyes. Los técnicos valoraron el intercambio de bienes 2 días antes de que la empresa planteara la operación en el Ayuntamiento
