Sindicatos denuncian que la Ley de Función Pública del Gobierno canario “amordaza” a empleados y favorece “los enchufes”
Reclaman la creación de un Observatorio en defensa del sector público
Convocan una movilización y no descartan ir a los tribunales
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos CCOO, UGT, Sepca, Intersindical Canaria, Cobas, Convergencia Sindical Canaria y Sindicato Independiente Canario, denunciaron hoy “ilegalidades” en el contenido y la tramitación del borrador del anteproyecto de Ley de Función Pública que elabora el Gobierno regional, texto que alertan de que “amordaza” a los empleados públicos y favorece “los enchufes” y “el clientelismo partidista”.
Así lo manifestaron hoy representantes sindicales en rueda de prensa en la capital grancanaria, donde anunciaron una movilización para el próximo 16 de septiembre contra la ley que el Ejecutivo regional (CC y PP) pretende elevar al Parlamento en septiembre para su debate y aprobarla a finales de año, a fin de que entre en vigor en enero. Asimismo, no descartan ir a los tribunales.
El portavoz de CCOO, Javier Godoy, citó como supuestas ilegalidades la “evaluación del desempeño del empleado público”, de forma que si el trabajador no acata una orden puede ser sancionado o despedido, aunque ésta sea ilegal. “Tememos que mediante criterios externos de evaluación a la Administración Pública se pretenda castigar al empleado público que no acate la norma aunque vaya contra la ley”, aseveró.
UN ERE “ENCUBIERTO”
Además, aludió a la Incapacidad Laboral Transitoria, puesto que “primarán los criterios economicistas frente a los criterios médicos para que un empleado público pueda cobrar el 100 por cien de sus retribuciones a partir del cuarto mes”.
Otra protesta es que se hace un corte en la funcionarización del empleado público, algo que “va a ser impuesto y todo el mundo tendrá que ser funcionario sí o sí”.
Denunció que se persigue un Expediente de Regulación de Empleo “encubierto porque, con el argumento del déficit público, se va a recortar personal laboral”. A ello sumó la ruptura de todos los acuerdos con los sindicatos para garantizar el empleo.
“CLIENTELISMO PARTIDISTA”
Godoy hizo un llamamiento a la unidad sindical en una reunión el próximo 29 de julio en la capital grancanaria para emprender medidas contra dicha ley. Avisó de “un otoño caliente”.
Criticó el “discurso envenenado y traicionero” del Gobierno canario, que, en su opinión, “está buscando la apertura de la puerta trasera para que entren a la administración el clientelismo partidista”. De hecho, aludió a la creación de la figura del directivo profesional de foirma que va a prevalecer sobre la eficacia de los empleados públicos el que tengan un carné de un partido político.
“El Gobierno de Canarias plantea malvender la administración pública para justificar los favores políticos que tiene que hacer en este mandato”, aseveró.
Por su parte, Manuel González, de Sepca, alertó de que el borrador “da carta blanca para un ERE encubierto, y se da la posibilidad de mandar a la calle a aquellos funcionarios interinos que no superen una evaluación de desempeño”.
“Supone también que hay funcionarios interinos, laborales temporales e indefinidos de larga duración pendientes de un proceso de conciliación, pero algunos se verán abocados a que no participar en este proceso e irán al paro”, alertó el sindicalista.
En su opinión, con estas medidas “sólo se solucionarán los propios bolsillos de los políticos y hacer más grande a la clase política”. Recordó a PP y CC que “hay 100.000 empleados públicos que votarán en las próximas elecciones”.
CONTRA LA EXTERNALIZACIÓN
Igualmente, Rafael Rodríguez, de Intersindical Canaria, criticó la “ambigüedad” de la Ley y el “discurso hipócrita del Ejecutivo regional al hablar de una administración engordada y de exceso de personal, cuando el número de empleados públicos se ha mantenido constante y sólo ha engordado la administración para colocar a amigos y compromisos políticos derivados de elecciones”.
Así, planteó la necesidad “de dar más fuerza a los servicios públicos en detrimento de los chiringuitos creados por el Gobierno como empresas públicas y fundaciones, que han vaciado de contenido a la administración”.
“No pueden hablar de adelgazar la administración, cuando hay más de 100 cargos públicos, asistidos por casi 200 asesores, más de 20 empresas públicas y cerca de 30 fundaciones externas con casi 5.000 empleados. Ponen en peligro la independencia de los servicios públicos en las islas”, subrayó, al tiempo que denunció la externalización de los servicios
“CONTINUO ATAQUE A LO PÚBLICO”
El portavoz de UGT, Luis Fernando Rodríguez, consideró que el Gobierno regional pretende con la ley “degradar nuevamente a los empleados públicos”. “Hace muchos años que la administración regional emprendió una carrera por el deterioro y ataque a lo público y a favor de las contrataciones de empresas de trabajo temporal”, señaló.
A su entender, “no se puede permitir que se utilice una ley para enchufar y meter personas dependiendo del carné o del color político”. “Asistimos a un continuo y permanente ataque a los empleados públicos”, reiteró.
Igualmente, propuso al Ejecutivo regional la creación de un Observatorio en defensa del sector público, lo que interpretó como “una buena declaración de intenciones por parte del actual gobierno”.
El representante de Comisiones de Base (Cobas) y Convergencia Sindical Canaria, Manuel Monzón, acusó al Gobierno “de desprestigiar a los funcionarios que son garantes de que se cumpla la legalidad” y recordó que el Ejecutivo autonómico culpó a funcionarios de indemnizaciones millonarias relacionadas con sentencias sobre Tindaya, Montaña Rayada y Tebeto.
Indicó que “en España la administración pública tiene el 22 por ciento de acoso laboral de los trabajadores y en Canarias, según datos de 2004, existe un 17 por ciento”. “Hay jefes de servicio destituidos y empleados apartados de funciones por no querer incumplir la ley”, avisó.
“SECUESTRO DE LA INDEPENDENCIA DEL TRABAJADOR”
La portavoz de Convergencia Sindical Canaria, Ángela Hernández, aseguró tajante que el borrador de la Ley de Función Pública “pretende amordazar a los trabajadores”. “Esto es un secuestro a la independencia de los empleados públicos de Canarias”, remarcó.
Además de la movilización convocada para el próximo 16 de septiembre en las islas, se prevén asambleas de delegados de todas las administraciones públicas. Asimismo, los sindicatos elevarán la solicitud de informes al Consejo Consultivo de Canarias por entender “la ilegalidad por la tramitación y el contenido” del documento y enviarán cartas a otras instituciones para advertirles de “lo erróneo que sería aprobarlo”.
“Ni la Federación Canaria de Islas (Fecai) ni la Federación Canaria de Municipios (Fecam) no tienen ni idea de lo que se está tramitando”, manifestó Javier Godoy, que dijo que las organizaciones sindicales han sido convocadas el próximo lunes a una reunión de la Comisión Técnica de la Mesa General de Función Pública en Tenerife, “un paripé de negociación que será rechazado por los sindicatos”, avanzó.
