Soria declarará en los juzgados por una demanda del STEC-IC
El ex vicepresidente del Gobierno de Canarias y ex consejero de Economía, José Manuel Soria, deberá comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria a resultas de la demanda interpuesta por el STEC-IC por “tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, informa el sindicato en un comunicado.
La demanda fue presentada por esta organización sindical a raíz de las declaraciones realizadas el mes de noviembre de 2009 por Soria en las cuales afirmó que “se van a acabar las típicas bajas por depresión de personas que se pasan el día en la playa”.
Celebrada la comparecencia previa a la celebración de la vista oral y fijado el juicio para el pasado mes de septiembre, el mismo fue aplazado a petición de la parte demandada. Finalmente, el próximo martes 16 de noviembre se celebrará la vista, estando Soria obligado a comparecer en persona a fin de responder sobre los hechos demandados.
El STEC-IC pretende con esta actuación judicial “acabar, de una vez por todas, con las constantes y reiteradas declaraciones públicas de máximos responsables del Gobierno de Canarias (actuales y pasados) que sólo buscan minar la imagen pública del profesorado y del conjunto de los empleados públicos de Canarias culpabilizándolos irresponsablemente, en aras a desviar la atención sobre los verdaderos problemas que aquejan a los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza y a los Servicios Públicos, con especial referencia a la Educación Pública Canaria, acosada por los reiterados recortes impuestos desde los diferentes ámbitos públicos”.
Para el sindicato, las “vejatorias” afirmaciones de Soria “seguramente intentaban servir de justificación a los recortes de entonces, y, en algún modo, han seguido sirviendo para los recortes del curso actual a través del Plan de sustituciones que están sufriendo las comunidades educativas de Canarias, con la consiguiente merma de la calidad del servicio público de la educación”.
“Llevamos demasiado tiempo demandando diálogo, consenso y negociación en beneficio de la Escuela Pública, en unos momentos muy difíciles para Canarias, donde contamos con un índice de desempleo en torno al 30%, el mayor de los últimos decenios. Desde esta perspectiva, entendemos que, hoy más que nunca, la Educación Pública, debe ser una prioridad absoluta para el gobierno autonómico a fin de conseguir la adecuada formación para el conjunto de la población. Esta idea, sin embargo, no parece ser compartida por nuestros mandatarios autonómicos que juegan a desprestigiar reiteradamente al colectivo docente y, por extensión a nuestro Sistema Educativo, con el claro afán de robar unos segundos a la opinión pública y desviar la atención sobre sus verdaderas y nítidas intenciones: avanzar en la privatización de la Educación Pública Canaria”, reza el comunicado.
