El TSJC anula las torres del Canódromo aprobadas por la mayoría del PP
La Justicia ha dado un nuevo varapalo a los anteriores gobiernos del PP en la capital grancanaria. En esta ocasión se trata del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha anulado el Plan Especial del Canódromo, el Plan General de 2000 y su adaptación de 2005 que afecta a este espacio, según informó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho plan, aprobado por la mayoría popular en 2003, fue duramente criticado por los grupos de la oposición, que llegaron incluso a tachar el proyecto de ''pelotazo urbanístico''. La sentencia, en todo caso, es recurrible.
La resolución judicial se basa en que se ha modificado de forma sustancial el modelo territorial previsto sin haberlo sometido a exposición pública, y que no cabía introducir uso residencial en la parcela al estar agotada la edificabilidad en los barrios de Escaleritas y Schamann.
La resolución judicial es consecuencia de una demanda presentada en su día por la asociación vecinal Avecalta, que basó su oposición a la construcción de las llamadas torres del Canódromo en el agotamiento residencial de los barrios cercanos al referido espacio libre, hoy un parque urbano en la mayor parte de la parcela. Esa consideración estaba recogida en el Avance del Plan General municipal, aprobado en 1998, y ha servido de base al TSJC para elaborar la sentencia.
Según fuentes conocedoras de la sentencia, en la misma se hace alusión a que la denuncia vecinal de supuesta especulación, con la connivencia del Ayuntamiento, en esta parcela no ha podido ser probada, si bien admite la existencia de indicios que así lo avalan.
El Plan Especial de Ordenación del antiguo Canódromo fue aprobado por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a finales de 2003 con los votos en contra de la oposición, quien denunció el “pelotazo urbanístico” de esta operación que suponía autorizar la construcción de dos torres pantalla de 15 pisos y más de 50 metros de altura en esta zona del barrio de Schaman.
Un proyecto duramente criticado desde la oposición
La portavoz de Compromiso y actual concejala de Fomento y Servicios Públicos, Nardy Barrios, criticó en su día el echo de que al construirse los dos edificios, el barrio se veía condenado a soportar aún mayor presión poblacional de la que ya se denunciaba en la memoria del proyecto. No en vano, la memoria del plan recordaba que Schaman tiene 28.800 habitantes por metro cuadrado, cuando la media de la ciudad es de 3.300 y la del segundo barrio con mayor población 16.000.
Además, al igual que se hace en la sentencia del Alto Tribunal, la memoria hablaba de “edificabilidad agotada” en el barrio. Algo que en ningún caso se tuvo en cuenta a la hora de dar luz verde al Plan General, que sufrió una modificación y un cambio del uso del suelo -de dotacional terciario a residencial-, triplicándose la edificabilidad en la zona, de 6.800 metros cuadrados a 20.000.
Todos los grupos de la oposición también coincidieron entonces en la urgencia injustificada que manifestó el gobierno del Partido Popular para llevar a cabo la aprobación. Al igual que ahora estima la Justicia, la oposición criticó que no se hubiese dado la suficiente audiencia a los vecinos, manifestando el convencimiento de que el proceder del grupo de gobierno municipal respondía en realidad “a voraces intereses particulares”.
Antecedentes
La actuación prevista en ese espacio, ubicado en el corazón de Ciudad Alta, el distrito más poblado de Las Palmas de Gran Canaria con 101.000 habitantes, era la construcción de un parque urbano, aunque el Ayuntamiento accedió a otros usos a cambio de la titularidad de la parcela.
El suelo era propiedad de una promotora inmobiliaria, Inprocansa, que había adquirido el mismo a la titular anterior -la hija del ex abogado de los antiguos trabajadores del Canódromo- apenas unos meses antes de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para tramitar la operación urbanística. Sus anteriores propietarios habían intentado durante años, y sin éxito, llegar a un acuerdo con la administración municipal que, en cambio, sí logró la constructora en tiempo récord.
A cambio de la entrega de la parcela, y en el contexto de un convenio urbanístico, el Ayuntamiento entregó a Inprocansa una franja del solar para la construcción de dos edificios de vivendas en 15 plantas de altura, además de otros suelos urbanos en el sector de Tamaraceite. Así, la ciudad obtenía un espacio libre -ya estaba calificado así, por muy privado que fuese, en el anterior Plan General de 1989- que destinaría a parque.
En aquel entonces era alcalde de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Soria y el concejal de Urbanismo era Juan José Cardona. En el debate político, el PSOE se opuso frontalmente a la operación, que calificó de especulativa.
Esta sentencia, que se puede recurrir, se comunicó este jueves a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, donde los técnicos están analizando los términos de la misma, para actuar en consecuencia, señala una nota oficial del Ayuntamiento.
Fuentes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria consideran que esta sentencia supone “un varapalo” para el Partido Popular, ya que el Plan Especial del Canódromo se aprobó en el anterior mandato. No obstante, las soluciones a esta anulación deben ser arbitradas por la actual mayoría municipal socialista.
Trabajando con normalidad en la parcela
Mientras tanto, y pese a la sentencia conocida este miércoles, este periódico pudo comprobar que durante la tarde en la parcela de Los galgos se seguía trabajando con total normalidad en la construcción del proyecto Torres del Mar.
Tal y como reza la información de la promotora de las viviendas -la empresa Realia-, se trata de un conjunto residencial compuesto por dos “torres emblemáticas” que albergan un total de 120 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, dúplex, garajes y trasteros.
Las viviendas, que se han puesto a la venta a un precio que oscila entre los 184.225 euros y los 259.000 euros, está previsto que se entreguen a lo largo del primer trimestre de 2009.
