Los Verdes de Tenerife pedirán a Anticorrupción que ''se interese'' por tres planes parciales bajo sospecha
Los Verdes de Tenerife secundaron este lunes la iniciativa del PSOE de Tegueste de remitir a la Fiscalía Anticorrupción el expediente administrativo del plan parcial El Codezal, a la vez que solicitarán al Fiscal que ''se interese'' por otros dos planes parciales, El Varedero en El Rosario y Hacienda de Santa Lucía en Puntallana, relacionados en su día por el portavoz insular, Octavio Hernández, “por su modus operandi y el procedimiento de aprobación por silencio administrativo positivo”.
Octavio Hernández, en respuesta a Santiago Pérez (PSOE), estableció públicamente por primera vez a principios de septiembre pasado las “concomitancias y coincidencias en el modus operandi y el procedimiento de aprobación por silencio administrativo positivo en la actuación de promotores, asesores y grupos de gobierno en los planes parciales de Hacienda Santa Lucía (Puntallana), El Varadero (El Rosario) y El Codezal (Tegueste) y la evasión del control de la COTMAC para evitar su anulación”, recuerda el comunicado.
El portavoz de Los Verdes ha anunciado que se dirigirá a la Fiscalía Anticorrupción para que “se interese no sólo por El Codezal, como han anunciado los socialistas teguesteros, sino también por los indicios de presunta prevaricación que se desprenden de la tramitación de los otros dos planes parciales de El Rosario y Puntallana, donde el silencio administrativo también pudo emplearse de una manera que llama poderosamente la atención, supuestamente con el fin de puentear la legalidad e impedir su eficacia”.
Hernández señala que “aunque apoyamos la iniciativa sobre El Codezal, ello no obsta para que el PSOE continúe instalado en lugar privilegiado en la antología de la incongruencia, ya que estando en la oposición en Puntallana apoyó el plan parcial Hacienda de Santa Lucía, bajo un gobierno de Coalición Canaria, estando en el gobierno promovió el mismo procedimiento de aprobación en El Varadero con el asesoramiento del promotor de Hacienda Santa Lucía, y estando en la oposición en Tegueste lleva el Codezal a Anticorrupción denunciando un presunto delito en un expediente que es extraordinariamente similar de la actuación seguida en los otros dos”.
Los Verdes pretenden que la Fiscalía Anticorrupción examine estos tres expedientes aprobados en los plenos de las corporaciones de Puntallana el 23 de mayo de 2003, Tegueste el 30 de diciembre de 2003 y El Rosario el 29 de junio de 2004.
Doble rasero
Octavio Hernández indica que “no se puede adoptar un doble rasero según gobierne CC o el PSOE, y admitir e incluso justificar la actuación del alcalde Macario Benítez mientras se denuncia la de los regidores Vidal Suárez o Leonardo Fajardo, y viceversa, porque las coincidencias en su actuación, a petición de los promotores privados, no tienen color político”.
Hernández denuncia que “aunque apoyamos la iniciativa del PSOE de Tegueste, debe resaltarse políticamente el hecho de que Juan Fernando López Aguilar se reuniera en El Rosario para respaldar a Macario Benítez y a otros alcaldes y exalcaldes del PSOE, anunciándoles que la prevaricación no sería motivo de expulsión de su partido, y que ahora parta del PSOE una denuncia por esa misma circunstancia contra un exalcalde de CC”.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife recordó que “es muy llamativa la actuación ante la COTMAC, en Hacienda de Santa Lucía se personaron el alcalde y un representante del Cabildo y solicitaron que el expediente no fuera informado durante la reunión del 20 de febrero de 2002, en El Varadero se solicitó lo mismo vía fax durante la reunión del 27 de noviembre de 2002, y en El Codezal durante la reunión del 25 de junio de 2003 se remite vía fax una certificación del secretario que permite aplicar una excepción transitoria condicionada a la aprobación del plan parcial”.
Los Verdes consideran que “con este modus operandi se evitó una aplicación estricta del control jurídico de la COTMAC a la vista de los informes técnicos negativos y los que podía evacuar el propio servicio jurídico del organismo, pues las objeciones de legalidad no sólo dimanaban de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino de su transposición a la propia legislación canaria de planeamiento, ordenación territorial y medio ambiente desde el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias”.
Octavio Hernández concluye que “como se desprende de las propias actas plenarias y de la COTMAC, el uso torticero del instituto del silencio administrativo positivo venía a sortear de manera premeditada el Texto Refundido y el planeamiento insular, ambas normas de superior jerarquía que el plan parcial, y así los respectivos acuerdos plenarios podrían incurrir en un presunto ilícito penal de prevaricación que pediremos a la Fiscalía Anticorrupción que esclarezca por igual en los tres casos, aunque hayan corrido distinta suerte porque Hacienda de Santa Lucía logró sortear la aprobación del PGO y ha sido incluido en el Plan Territorial Especial Turístico de La Palma, actualmente recurrido por las organizaciones ecologistas, y los planes de El Codezal y El Varadero cuentan con varias sentencias que han sentado una jurisprudencia específica que debería ser de aplicación al plan parcial de Puntallana”.
Hernández añadió que “la actuación de los Cabildos de La Palma y Tenerife, así como de la propia COTMAC, también debería ser revisada por la Fiscalía, por si nos halláramos ante una presunta trama interadministrativa para favorecer la ejecución de determinados proyectos urbanísticos al margen de la ley, en la cual estos tres planes parciales fueran únicamente la punta de un iceberg”.
