Las expropiaciones hacen peligrar los plazos que el Gobierno prometió para la ejecución de la carretera de La Aldea

Roque Faneque destaca en el paisaje vertical de la carretera entre Agaete y La Aldea, en Gran Canaria. VA

Silvia Álamo

Las Palmas de Gran Canaria —

El pasado 29 de enero el Boletín Oficial de Canarias (BOC) hacía pública la orden emitida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias por la que se someten a información pública las expropiaciones necesarias para construir la segunda fase de la carretera de La Aldea, el tramo comprendido entre el barrio de El Risco y Agaete.

La primera fase de la carretera de La Aldea se puso en marcha en su totalidad el pasado 3 de julio. El día de la inauguración, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió con los vecinos del pueblo más alejado de Gran Canaria a que en 2018 comiencen las obras del segundo tramo. “El pueblo de La Aldea no puede esperar más”, manifestó Clavijo.

A raíz de la publicación del BOC, la diputada de Nueva Canarias Esther González criticó en los medios de comunicación que la Administración Pública vuelve a mentir al pueblo de La Aldea. Según la nacionalista “las obras de la carretera de La Aldea no se van a iniciar en 2018”. Además, va más allá y considera que tampoco se licitará este año.

La diputada nacionalista denuncia que el procedimiento ordinario elegido por Coalición Canaria para las expropiaciones necesita “mínimo seis meses para su conclusión”. En la publicación aparece un listado con todos los propietarios y los metros cuadrados que le pertenecen a cada dueño. A partir de la publicación del BOC el 29 de enero se abre un período de 20 días hábiles en el que “cualquier persona física o jurídica, aun no siendo las relacionadas puedan formular alegaciones a los efectos de subsanar posibles errores en la descripción material y legal de los mismos, acompañándose a tal efecto, plano parcelario”, tal y como se explica en el BOC.

Una vez planteadas las alegaciones, la Consejería de Obras Públicas aceptará las que sean necesarias y denegará el resto para pasar a la valoración de los terrenos hasta adjudicar el justiprecio (valor o tasación rigurosa de una cosa) a cada uno de ellos. En ese momento comienza la negociación con cada uno de los propietarios, en este caso hay 42 parcelas repartidas entre 17 personas y dos terrenos de los que se desconoce su titularidad.

“Llegados a ese punto y que todos los propietarios estuvieran de acuerdo, la administración tiene que abonar el justiprecio y una vez abonado ya el Gobierno es propietario del terreno”, explica la diputada nacionalista. “Ese procedimiento les puede llevar entre seis y ocho meses”, asegura González.  “En el mejor de los casos podríamos llegar a septiembre u octubre”, afirma la diputada.

En el caso de que un solo titular no estuviera de acuerdo con la cantidad que la administración pública le ofrece tendría que iniciar todos los trámites en vía administrativa, proceso que retrasaría la licitación de la obra. A todo esto, Luis Suárez, director general del Gabinete del consejero de Obras Públicas y vicepresidente del Gobierno, Pablo Rodríguez, afirma que “los tiempos tal cual están se pueden condensar”. “Nosotros desde que llegamos al Gobierno hemos cumplido con todo”, sentencia.

Esther González critica que se haya elegido el procedimiento “más lento” para una obra “de interés general”, que es el de ocupación de la vía ordinaria frente a la de urgente ocupación. Sin embargo, Suárez asegura que “una vez esté el procedimiento empezado se puede hacer una ocupación forzosa, se acortan los plazos y no hay que esperar tanto tiempo”.

La nacionalista recuerda que una vez se inicie el trámite de la licitación “hay que presentar un procedimiento de regulación armonizada en Europa y pueden tardar hasta cuatro meses”. Todo el proceso puede llevar “meses y meses de trabajo con lo que este año no se adjudica la segunda fase de La Aldea a Agaete y veremos si se llega antes de que se termine la Legislatura cuando se convoquen las elecciones de mayo 2019”, advierte González.

Por su parte, el director general del Gabinete de Pablo Rodríguez recuerda que “no hay convenio de carreteras y eso complica mucho la licitación” pero “estamos trabajando para que las obras comiencen en 2018 y confiamos en que así será”.

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