Una madre de acogida crea una asociación para defender los derechos de los 'niños peregrinos'
Elsa Baute, una madre de acogida para quien el fiscal pide diez meses de cárcel tras negarse a entregar a la niña que tuvo durante seis años, ha creado la asociación para los Derechos de los Niños Peregrinos (Deniper) para “sacar a flote y corregir el vacío” en esta forma de tutela, en la que “algo falla”.
El nombre de la asociación, cuyos estatutos han sido depositados este mes en el Gobierno de Canarias y la Delegación de Hacienda, se debe a que los niños de acogida “empiezan un peregrinaje constante” desde que pasan de sus padres biológicos a un centro y luego a su familia de acogida, explica Elsa Baute en una entrevista a Efe.
El 75% de los niños sometidos a este procedimiento de tutela retornan al centro y son entregados de nuevo a otra familia de acogida, señala la presidenta de Deniper.
A su juicio, todos los niños en situación de desamparo deberían entregarse en adopción y habría que eliminar la figura del acogimiento que, según su vivencia, implica sufrimiento para los menores “y para todo el que se meta en este camino”.
Pero además puntualiza que el hecho de que desde la Administración pública se favorezca el acogimiento ha provocado que “baje muchísimo” la adopción de niños españoles y se recurra a la internacional.
Baute se embarcó en la creación de Deniper tras vivir en carne propia una historia como madre de acogida, en su caso de una niña de diecinueve meses, hija de un sobrino carnal suyo, y que actualmente tiene ocho años.
La niña también tiene un hermano, tres años mayor, que acogió otra hermana de Elsa.
Los niños fueron dados en acogida porque sus padres biológicos tenían problemas de drogadicción.
En principio la acogida se iba a prolongar durante dos años que finalmente fueron seis, en los que se crearon “unos vínculos afectivos muy fuertes por parte de todos, porque para mis tres hijos la niña era una hermana más”, agrega Baute.
La madre biológica reclamó a su hija
Al cabo de seis años la niña fue reclamada por su madre biológica, pero Elsa decidió no entregarla cuando lo estableció la Dirección General de Protección al Menor y la Familia, que la denunció por desobediencia.
En ese momento entendió que la Dirección General “no hizo las cosas correctamente” porque en una cláusula del contrato de acogimiento se establece que, sin una resolución administrativa que lo especifique, “bajo ningún concepto” se entregará el niño a una institución o persona porque se podría incurrir en un delito por lo penal.
“Para acoger un niño hay una resolución administrativa que lo autoriza y para quitarlo debe haber otra que en mi caso no existía, ya que supuestamente yo debía entregar a la niña el 25 de junio de 2008 y (la resolución) me llegó el 1 de julio”, afirma.
A los tres días se le notificó que debía acudir al juzgado para lo que ella consideraba un acto de conciliación, pero al llegar a primera hora de la mañana se le comunicó que al mediodía debía entregar a la niña en la sede de la Fundación O'Belen.
Esta fundación es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que gestiona programas de acogimiento familiar y centros especializados en la atención de menores con trastornos de conducta o en situación de riesgo.
Por este caso el fiscal pide diez meses de cárcel para Elsa Baute, así como para su hermana, aunque el juicio no ha sido convocado.
A finales de julio fue citada para otro juicio en Santa Cruz de Tenerife, que está pendiente de sentencia, tras recurrir la resolución por la que se le “arrebató” a la niña.
“Sólo se miran los papeles”
La asociación Deniper está en desacuerdo con la forma en que se gestiona lo relacionado con los niños desprotegidos, que en su opinión no tienen derechos, sobre todo los afectivos y emocionales “que no se miran para nada, sólo los papeles”.
Baute niega que en la práctica prevalezca el interés superior del menor y reclama el derecho de los menores “a ser oídos sin ser ignorados”.
Ella lamenta que cuando le quitaron la niña le prohibieron las llamadas y las visitas “como si fuera una delincuente” a pesar de que es familia suya.
Por el contrario, defiende que no se puede privar a un niño de ver a su familia de acogida porque esto le supone “un impacto emocional, es aislarlo completamente de las personas con las que se ha criado”.
“Hay que cambiar muchas cosas y vamos a intentarlo porque tampoco los acogentes tienen derechos”, comenta Baute, que es miembro de la Asociación de Mujeres “Ágora”, una de las entidades que promovió la creación del Defensor del Menor en Canarias, una propuesta aprobada por el Parlamento regional que no se ha desarrollado.
