El Cabildo alega que hasta hace seis meses ''nunca'' hubo sospechas de los abusos
El Cabildo de Tenerife, en relación a los presuntos abusos sexuales ocurridos en el Hogar Sagrada Familia, y “ante la avalancha de información que se ha ofrecido respecto a este asunto”, asegura en un comunicado que fue la Unidad de Infancia y Familia de su Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) la que informó a la policía de una serie de “sospechas”, que “tras practicar la oportuna denuncia, provocaron el inicio de una investigación que culmina en actuaciones por parte del órgano judicial. Actuaciones que continúan, ya que el procedimiento no ha finalizado”.
Esas sospechas aparecieron “hace más de seis meses”, y “nunca antes se tuvo conocimiento de que el imputado pudiese estar cometiendo dichos delitos”. Alegan que, “de haberlo sabido se hubiesen tomado las medidas oportunas”. Cabe recordar que el caso de presuntos abusos en la Casa Cuna fue destapado este semana por CANARIAS AHORA, y ha cobrado incluso una resonancia internacional. La última noticia publicada por este periódico el viernes por la noche apunta por ejemplo que el educador acusado tenía una media de 24 menores a su cargo.
El sistema público de atención a la Infancia, continúa el comunicado, cuenta con un conjunto de protocolos de actuación y mecanismos de control que permiten detectar posibles situaciones abusivas de adultos hacia niños. En ocasiones, estos protocolos de actuación son compartidos con el ámbito sanitario, educativo y judicial, como mejor garante de protección a la Infancia. “Desafortunadamente, y en casos muy puntuales, se detectan indicios de conductas inadecuadas que desencadenan un conjunto de actuaciones que, por un lado, apartan al adulto del contacto con el niño, por otro, activan otros mecanismos de protección social (policía y juzgado); y por último, acompañan y arropan al niño y su familia”.
Los centros de protección de menores de Tenerife cuentan con dichos mecanismos, explica el comunicado, “y gracias a los mismos, se observó hace más de seis meses un conjunto de comportamientos del imputado que aconsejaron activar el protocolo de coordinación con los Servicios y Fuerzas de Seguridad del Estado, a fin de realizar las oportunas pesquisas e indagaciones policiales”.
Llamamiento
Por último hacen un llamamiento “a los medios de comunicación y se apela a su ética profesional para que hagan un ejercicio de responsabilidad en cuanto al tratamiento de la información, ya que el uso actual de la información está provocando un daño incalculable e irreparable a los niños que están acogidos en los centros de protección y a los familiares de los mismos; así como a los trabajadores que tratan de ayudar y acompañar en un proceso tan doloroso como es la separación temporal entre padres e hijos”.
Destacan también la importancia de que todas aquellas personas, ya sean familiares, trabajadores, amigos o vecinos que tengan conocimiento de alguna situación de desprotección infantil, lo comuniquen a los agentes competentes (Servicios Sociales, Policía, Fiscalía, etc.). “A diferencia de otras intervenciones en el ámbito de los Servicios Sociales, no es la persona que padece el problema (ya sea la víctima o el agresor) quien hace evidente su situación y solicita ayuda o protección, sino que ha de ser un agente externo quien lo diga o detecte”, concluyen.
