Canarias es la comunidad con más casos de violencia escolar
El sindicato de Educación ANPE ha hecho público este lunes los datos de una encuesta realizada en marzo de este año en centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda Gran Canaria, en la que se recoge que un 93,3% de los encuestados reconoce la existencia de situaciones de violencia en su centro educativo, hechos que el 60% califica de “graves” y que están motivados por una crisis de valores, según el 24% de los encuestados y en la situación familiar de los alumnos según un 25%.
Estos hechos convierten a Canarias en la Comunidad Autónoma española “con más violencia escolar”, según Bernardo Huerga, secretario de Organización, quien exigió en nombre de todo el colectivo que se elabore “ un Estatuto de la Función Pública Docente en el que todas las particularidades de nuestro trabajo estén reflejadas”. Agregó que los docentes exigen que “se aborden con rigor y de manera inmediata los temas referentes a la Salud Laboral, las normativas sobre Convivencia Escolar, la protección y asistencia jurídica al Profesorado”.
En este sentido responsabilizan “directamente al Gobierno canario” por “pasarse la pelota en las denuncias presentadas por los centros”. ANPE culpa a la Administración canaria de “no actualizar su normativa sobre convivencia escolar” que implicaría el “establecimiento de una relación de las situaciones de conflicto que se dan en los centros con su correspondiente medida correctora y la agilización del trámite de los expedientes disciplinarios”, explicó María Perera, vicepresidenta de ANPE.
“Hasta un mes tarda la Administración en resolver un conflicto”, explicó Huerga, “con lo que el objetivo que se persigue no se cumple, ya que el alumno debe recibir la medida correctora inmediatamente”. En estos momentos el estatuto del alumnado establece “más derechos que deberes, es demasiado garantista”, por lo que las situaciones de conflicto son muy “frecuentes”.
Estas consisten “fundamentalmente en faltas de respeto, aunque también se dan casos de violencia física o acoso tanto por parte del alumno como otro compañero”, explicó Perera. Todo esto provoca que un 64.7% de los encuestados encuentre dificultades para impartir clases con normalidad, ya que en un 43,5% padecen “con asiduidad” agresiones verbales y el 22% psicológicas. A las agresiones físicas les corresponde un porcentaje del 30,6%.
Todo ello provoca que el 49.6% de los docentes encuestados por ANPE reconozca que esta conflictividad escolar le “desmotiva con respecto al trabajo”, explicó Huerga, “lo que incide directamente en la calidad educativa que reciben los jóvenes”.
Bajas laborales
Esta situación descrita está provocando también que el 80.7% de los encuestados consideren que las dificultades en el desempeño de su trabajo “afectan negativamente a su salud”, ya que un 46.2% reconoce “no haber recibido formación específica sobre la resolución de conflictos escolares”.
Según Huerga, “no existen cifras oficiales de cuánto le cuesta las bajas laborales a la Administración canaria” aunque sí existen datos a nivel nacional que establecen que “los docentes son el colectivo profesional con más bajas por motivos psiquiátricos”.
Un dato, según ANPE, por el que se puede comprobar que el número de docentes de baja “es muy importante en Canarias son el número de sustituciones que se nombran en un curso y el hecho de que la Administración educativa haya tenido que abrir dos veces en este año las listas de sustitución”, un hecho “muy relevante”, explicó Huerga.
