Las casas que Canarias mantiene vacías mientras sus vecinos buscan dónde vivir
Canarias lleva años atravesando una grave crisis de acceso a la vivienda. En la última década, el Gobierno regional solo ha movilizado una vivienda vacía y desde hace más de cuatro años no se ha construido ni un inmueble de protección oficial en el Archipiélago, lo que ha aumentado aún más un problema que ya es estructural. Sin embargo, la escasez de vivienda pública no es la única cara de esta crisis: más de 211.400 viviendas vacías conviven en las Islas. Es decir, una de cada cinco casas se encuentran deshabitadas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) registrados en 2021.
Aunque el Gobierno canario se haya atascado en limitar la compra de vivienda a los no residentes como intento de resolver una emergencia habitacional que lleva décadas instalada en Canarias, el problema va mucho más allá. El INE clasifica las viviendas a partir de su consumo eléctrico y distingue entre inmuebles vacíos, viviendas de uso esporádico y viviendas con muy bajo consumo. No todas las casas que apenas gastan electricidad están deshabitadas, algunas se utilizan únicamente durante las vacaciones o en fechas señaladas.
Herencias bloqueadas y miedo al alquiler: por qué hay tantas casas vacías en Canarias
Entre las principales causas de un parque inmobiliario vacío tan elevado están las herencias bloqueadas por conflictos familiares o falta de acuerdo para vender. María Elena Sánchez Jordán, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna, recalca, en conversación con Canarias Ahora, que las vías para conseguir que las personas cotitulares se pongan de acuerdo “son de carácter público”. “Habría que pensar en imponer ventas o arrendamientos forzosos”, es decir, que el Estado fuerce su uso a través de expropiaciones “ ya sea de la propiedad de los bienes -en el caso de la venta- o de su uso -en el caso del alquiler forzoso-”, explica.
Sin embargo, esta solución tiene el incoveniente de que puede ser vista como “injerencia injustificada en el derecho de propiedad privada”. Por ello, para hacerlo de acuerdo con la Constitución María Elena sostiene que “habrá que declarar la utilidad pública o el interés social de la medida, e indemnizar a las personas propietarias”.
Otro de los factores que contribuyen a mantener estas viviendas vacías es la inseguridad jurídica y el temor de los propietarios a ponerlas en alquiler. Muchos prefieren asumir los gastos de mantenimiento de un inmueble cerrado antes que exponerse a posibles impagos, desperfectos o situaciones de okupación. Para hacer frente a este problema, Sánchez Jordán señala una de las medidas aprobadas por el Estado: la línea de avales públicos contemplada en el artículo 76 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, destinada a cubrir posibles impagos en el alquiler de vivienda. Sin embargo, la experta advierte de que esta medida “tiene sus limitaciones”.
Para acceder a este aval, el inquilino deberá cumplir, al menos, uno de los dos requisitos establecidos: ser menor de 35 años o encontrarse en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios fijados reglamentariamente. Estas condiciones deberán cumplirse tanto en el momento de formalizar el contrato de arrendamiento como al suscribir el documento de compromiso del aval.
Además, la concesión de la garantía está sujeta a tres condiciones: que la renta del alquiler no supere el límite establecido por el índice estatal de referencia; que se deposite la fianza legal obligatoria, junto con sus posibles actualizaciones; y que arrendador y arrendatario firmen el compromiso relativo al aval conforme al modelo aprobado por la Administración.
Sánchez Jordán señala que esto es una arma de doble filo: “La buena noticia es que este artículo ya cuenta con desarrollo reglamentario, la mala es que lo gestionan las comunidades y ciudades autónomas con financiación finalista por parte del Estado, así que me temo que se quedará en nada”.
“Al final, me parece que la única fórmula para animar al alquiler es la bonificación fiscal a quien arriende a largo plazo y el 'crujido fiscal' a quien dedique su vivienda a vacacional”, concluye.
La presión turística compite con la vivienda residencial
En un mercado muy condicionado por la presión turística, algunos propietarios y fondos mantienen inmuebles retenidos a la espera de que los precios suban aún más para vender, o están en procesos de transición para destinarlos al alquiler vacacional o de temporada.
Sobre la vivienda vacacional, el Gobierno de Canarias ha puesto especial empeño. Alejandro Armas, catedrático de Geografía Humana en la Universidad de La Laguna señala a Canarias Ahora que la principal prioridad para este Ejecutivo fue, en un primer momento, “dejar hacer a la vivienda turística, que ha ido como ha querido hasta que sacaron la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas”.
Respecto a esto, hace unas semanas el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, aseguraba que, a día de hoy, en Canarias había 6.000 viviendas vacacionales menos que hace un año. Pero este descenso no se ve reflejado en una realidad que hoy dibuja que al menos siete municipios canarios tienen más camas que habitantes. Armas recalca que no son datos oficiales y que “habría que contabilizar desde que se empezó a redactar el borrador de la ley”, ya que en ese momento se provocó un evidente “efecto llamada” ante el miedo a las futuras restricciones y multitud de propietarios corrieron en estampida a registrar sus inmuebles, inflando artificialmente el número de licencias y creando un pico máximo irreal.
El Gobierno prioriza construir frente a movilizar las casas vacías
En cuanto a la gestión de las viviendas vacías, esta sigue siendo una tarea pendiente en el agenda del Gobierno, centrado por el momento en liberar suelo para construir vivienda pública. Armas garantiza que el Ejecutivo “no va a tener un discurso que sea de carácter sostenible”, “sostenible de verdad”, insiste. En este sentido, señala que “no se contempla impulsar medidas que permitan destinar al alquiler social viviendas ya existentes, como la compra de inmuebles” para este fin, ni aplicar medidas o incentivos para movilizar las viviendas vacías. “No es una línea prioritaria”, concluye.
En la misma línea, el experto en geografía humana cree que “las soluciones para la vivienda no pasan por articular solamente una política, sino que hay que articular muchas piezas” y que “sacar esas viviendas al mercado sí podría aliviar la crisis de la vivienda”.
La mayoría de las casas vacías se concentran en municipios turísticos y en las capitales canarias. Un 35% del total de viviendas vacías corresponden a dichos municipios. Arona es el que tiene el mayor volumen de viviendas deshabitadas de todo el Archipiélago, con hasta 14.483 inmuebles.
Por su parte, la patronal de las empresas inmobiliarias está de acuerdo con poner en venta o alquiler las viviendas vacías. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias aseguraba hace unos meses a este periódico que Canarias necesita como mínimo 44.000 viviendas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las viviendas que están cerradas.
Por el momento, la Consejería de Vivienda del Gobierno regional ha habilitado la página web del Programa de Incorporación de Vivienda Vacía al Alquiler en Canarias para incorporar casas vacías al alquiler, con seguro a tres años y asesoramiento para propietarios e inquilinos
¿Dónde están las casas vacías en Canarias?
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas concentran las mayores cifras de viviendas vacías del Archipiélago. La primera provincia suma 110.995 inmuebles deshabitados, mientras que la segunda alcanza los 100.486, según los datos del último censo disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE), recopilados por el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan). Es decir, 47 de los 88 municipios canarios cuentan con más de mil viviendas vacías.
Pero el fenómeno se amplía en las capitales. Las Palmas de Gran Canaria encabeza la clasificación, con 24.822 inmuebles sin ocupar, seguida de Santa Cruz de Tenerife, con 16.729. También Arrecife, con 3.101; Santa Cruz de La Palma, con 1.611; y Puerto del Rosario, con 1.567. San Sebastián de La Gomera registra 927 viviendas vacías y Valverde, 685.
Entre las grandes ciudades también destacan San Cristóbal de La Laguna, con 9.980 inmuebles deshabitados, y Telde, la segunda ciudad más poblada de Gran Canaria, con 5.390.
Por islas, Tenerife supera las 92.300 viviendas vacías y Gran Canaria alcanza las 65.900. Lanzarote ronda las 20.000; Fuerteventura suma unas 14.500 y La Palma, cerca de 12.000. En las islas menos pobladas, La Gomera se aproxima a las 4.900 y El Hierro contabiliza alrededor de 1.680 inmuebles deshabitados.
En comparación con el resto de España, Canarias ocupa el tercer puesto de España en porcentaje de viviendas vacías, con un 19,4% del parque inmobiliario, según datos de la plataforma Brainsre. Al mismo tiempo, el 22% de las viviendas está destinado al alquiler, una cifra que refleja el peso de un mercado al que cada vez más residentes se ven obligados a recurrir ante las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.
La combincación de presión turística, la escasez de oferta residencial y el encarecimiento de los alquileres visibilizan un mercado en el que la vivienda existe, pero no siempre está al alcance de quienes la necesitan.
El problema va más allá de la falta de inmuebles. Es también una cuestión de acceso y de distribución de los recursos habitacionales. En Canarias, donde los residentes destinan cerca del 40% de su sueldo al pago del alquiler, vivir bajo techo supone cada vez un mayor esfuerzo económico. Y así es como un derecho, como es la vivienda, ha acabado por convertirse en un privilegio para quienes pueden permitírselo.