Conflictivo inicio de curso político en la sanidad canaria. Tras apenas un mes y medio en el cargo, el nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS), Adasat Goya, ex gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), se enfrenta a su primera huelga, la de profesionales médicos. Tras las vacaciones estivales, convocó a los representantes de los trabajadores a una mesa sectorial extraordinaria que se celebró el pasado martes 9 de septiembre. En esa reunión anunció que los exámenes de la fase de oposición del proceso de estabilización para el personal del grupo A1 se celebrarán entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre. Sin haber concluido el concurso de méritos y, por tanto, sin haber adjudicado plaza a los profesionales más afectados por el abuso de la contratación temporal en la administración pública, al personal con mayor antigüedad.
La reacción fue inmediata. El Sindicato Profesional de Médicos de Canarias (CESM) ha convocado una huelga indefinida que comenzará el 23 de septiembre. El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha convocado otra para el 26 de septiembre, de momento en día único, y uno de sus portavoces ha indicado a este periódico que apoyará también el paro del CESM porque, “a pesar de ser dos convocatorias distintas, el objetivo es el mismo”.
Mientras, la fuerza mayoritaria en la sanidad pública en las Islas, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), ha remitido un escrito a Fernando Clavijo en el que pide la destitución de la consejera del área, Esther Monzón. “El presidente del Gobierno no acertó con su nombramiento y se sigue equivocando al mantenerla en el cargo”, señala Joaquín Franco, representante de esta organización, en una carta en la que califica de “nefasta” la gestión de Monzón, a quien define como “una consejera inoperante”.
Monzón había expresado un día antes su “asombro” por las protestas de los profesionales sanitarios y había atribuido el retraso del proceso de estabilización (que debía haber finalizado en diciembre de 2024) a los efectos de la pandemia de Covid-19. En declaraciones a los medios durante un acto público, había defendido que la administración y los sindicatos ya habían pactado que esos exámenes no se celebrarían en verano y que el cronograma se fijaría a la vuelta de las vacaciones.
Sin embargo, no es eso lo que se discute ahora. Tampoco la necesidad de impulsar un proceso que tenía que haber quedado finiquitado hace ya nueve meses. El problema es que el SCS ha establecido las fechas sin haber concluido el concurso de méritos. Y eso, en opinión de los sindicatos, genera perjuicios no sólo para los profesionales, sino también para la propia actividad asistencial del SCS, que deberá reorganizarse para los días de examen ante el previsible incremento de participantes en la oposición debido a la incertidumbre creada por la falta de adjudicaciones definitivas del concurso de méritos.
Joaquín Franco (Sepca) augura un “caos en la asistencia sanitaria”. Sostiene que alrededor de 8.000 profesionales están pendientes de la adjudicación definitiva de plaza a través del concurso de méritos. A la fecha del examen, por tanto, no tienen “nada seguro”, por lo que lo más probable es que paguen las tasas y se presenten a una prueba “que probablemente no les sirva para nada”.
Levy Cabrera, portavoz del Sindicato de Médicos en Canarias, señala, a modo de ejemplo, que en la especialidad de medicina familiar y comunitaria estaba previsto que se adjudicaran 675 plazas a través del concurso de méritos y alrededor de 200 en la fase de oposición, por examen. De manera que, sólo para este especialidad, podrían presentarse cerca de 900 profesionales, con el consiguiente desbarajuste en las consultas de atención primaria. Lo mismo ocurre con el resto de especialidades, incluidas las hospitalarias, lo que conllevaría la suspensión de más actividades de las estrictamente necesarias.
La consejera de Sanidad dijo esta semana que el 87% de las plazas del concurso de méritos están “prácticamente adjudicadas”. Levy Cabrera precisa que no se han publicado los listados definitivos con destino, por lo que esos aspirantes pueden tener la certeza de que adquirirán, por fin, la condición de fijo, pero no dónde, en qué lugar.
El problema añadido, señala el representante del Sindicato Profesional de Médicos, es que la sanidad pública canaria necesita nuevos especialistas que deben incorporarse a través de la oferta de empleo público ordinaria y que, ante la demora que acumula la extraordinaria de estabilización, han optado por no seguir esperando e irse a la privada o a otros países.
Informe jurídico
El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA), sin representación en la mesa sectorial de Sanidad, también ha convocado huelga. Esta organización, constituida por facultativos afectados por el abuso de la temporalidad en la administración pública, presentó junto al preaviso de huelga un informe jurídico en el que sostiene que la convocatoria de los exámenes por la vía del concurso-oposición sin haber finalizado de forma efectiva el concurso de méritos “incumple la propia convocatoria de dichos procesos”.
Los procesos selectivos de estabilización fueron convocados a través de una resolución fechada el 23 de diciembre de 2022. El objetivo era cumplir las directrices europeas para reducir la tasa de temporalidad en el empleo público hasta un máximo del 8%.
Las bases preveían la convocatoria de tres procesos selectivos. El primero, de estabilización de empleo temporal de larga duración mediante el concurso de méritos. El segundo, de estabilización de empleo temporal a través de concurso-oposición. Y el tercero, el proceso selectivo ordinario, también mediante concurso oposición.
La resolución estipula que esos procesos se desarrollarán “de forma secuencial e independiente (cuando finaliza uno se continúa con el siguiente)”. Y que las personas nombradas como personal estatutario fijo en el concurso de méritos “habrán perdido sus derechos de participación en este proceso selectivo (en referencia al concurso-oposición)”.
Para el sindicato SEMCA, “solo hay una forma de interpretar y aplicar” estas bases. Y es que “primero se debe finalizar el proceso selectivo de estabilización por la vía del concurso y, una vez nombrados como personal estatutario fijo las personas adjudicatarias de las plazas de este proceso selectivo, se procederá al llamamiento para realizar las pruebas del proceso selectivo de estabilización por la vía del concurso-oposición”, por el examen.
Esta organización sindical solicitaba en ese escrito, previo al registro de la huelga, que no se convocaran las pruebas del concurso-oposición hasta que se hubieran realizado todos los nombramientos del personal adjudicatario de las plazas convocadas por el concurso de méritos y advertía de la posibilidad de recurrir a los tribunales en caso contrario. “La demanda ya está en marcha”, señalan fuentes de SEMCA.
El SCS no comparte esta tesis. En la resolución con el calendario de exámenes considera que la fase de oposición es un trámite “autónomo y perfectamente reglado” y que su celebración no está supeditada a la previa finalización del concurso de méritos, reservado para los trabajadores de mayor antigüedad afectados por el abuso de la temporalidad.
“Nada obsta a que la fase de oposición se convoque y se celebre aun cuando la fase de concurso no haya concluido, en la medida en que las bases configuran ambos trámites como secuenciales pero independientes”, sostiene la administración autonómica.
Según el SCS, la “tramitación anticipada de la oposición” no altera el orden de resolución. Es decir, que las primeras plazas serán adjudicadas a los aspirantes del concurso de méritos, tal y como estipulan las bases de la convocatoria. Sin embargo, los sindicatos inciden en que, sin la seguridad del efectivo nombramiento, los profesionales deberán acudir a un examen que “no les servirá de nada”.
Servicios mínimos
El SCS ya ha fijado los servicios mínimos para la huelga médica que comenzará la próxima semana en el Archipiélago. En línea con anteriores convocatorias, deberá cubrirse el 100% de la asistencia sanitaria de carácter urgente, tanto en régimen ambulatorio como domiciliario, incluyendo las prescripciones farmacéuticas; los servicios de oncología médica, oncología radioterápica, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria. También la actividad quirúrgica programada de pacientes oncológicos y de aquellas otras patologías que no pudieran demorarse atendido el riesgo que implicaría en el paciente.
En atención primaria, y con carácter general, deberá haber en los centros de salud al menos un médico de familia para atender de forma preferente las urgencias. En aquellos que atiendan a una población de entre 10.000 y 30.000 usuarios deberá sumarse otro facultativo y en los que superen los 30.000 usuarios, otros dos especialistas.
Por su parte, los servicios de urgencias extrahospitalarias deberán estar cubiertos con el 100% de los efectivos en el turno de trabajo en que habitualmente se presta el servicio.
En atención especializada (hospitalaria), los servicios mínimos serán los equivalentes a los previstos para los domingos y festivos. Los servicios de oncología médica, oncología radioterápica, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria deberán contar con el número de efectivos indispensables para garantizar el 100% de la asistencia.
La huelga tampoco afectará a las intervenciones quirúrgicas programadas de pacientes oncológicos y aquellas otras patologías que no puedan demorarse atendido el riesgo que implicaría en el paciente.