Las Palmas de Gran Canaria huele mal. Es una afirmación que se escucha cualquier día en cualquier parte en boca de vecinos y vecinas que habitan o transitan la ciudad. El mal olor lo provoca fundamentalmente la basura orgánica que se acumula en los contenedores y a su alrededor, que se esparce cuando hay reboso por la acción de los gatos, de las ratas o del viento, sin que las soluciones arbitradas hasta ahora hayan servido para mitigarlo.
La ciudad ha crecido en número de habitantes no necesariamente censados. Hay muchos más turistas como consecuencia del boom del alquiler vacacional sin que en las zonas más gentrificadas se haya incrementado ni el número de contenedores ni la frecuencia de recogida, particularmente los fines de semana. También ha contribuido a esta crisis el notable incremento de mascotas censadas (63.000 perros), la obsolescencia del parque móvil de recogida de basura, la aparición de plantas invasoras y los episodios de climatología adversa, lo que, en la versión municipal, “dificultan la prestación normal de los servicios y agravan los problemas de higiene y salubridad”.
Es un problema que viene arrastrándose desde hace un tiempo pero que ahora ha alcanzado unas cotas tan alarmantes que ha obligado al grupo de gobierno (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) a tomar una decisión drástica en lo que se sustancia uno de los concursos públicos más millonarios y esperados de la década, el de higiene integral, pero que no se espera hasta la segunda mitad del año que viene, cuando prácticamente se habrán echado encima las elecciones de 2027 y el desgaste habrá sido irreconducible. Por no hablar del factor fundamental: el problema de salubridad que empezaba a ser denunciable ante las autoridades de salud pública.
Es cierto que Carolina Darias y su equipo, en el que repiten algunos responsables del anterior Gobierno municipal, se encontraron con un panorama organizativo desolador que se viene arrastrando de las leyes de racionalización del sector público de Mariano Rajoy, que impidieron durante mucho tiempo la reposición de plantillas y la cobertura de puestos claves en la Administración. Mover un papel en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con cierta solvencia y garantía llegó a ser en algunos momentos una aventura imposible. Eso, más las pegas puestas por el Gobierno canario en la tramitación del futuro macrocontrato de limpieza, lo han retrasado más de lo esperado, lo que ha complicado las cosas y ha obligado a esta solución momentánea que va a costar al consistorio dos millones de euros adicionales al mes.
Pero el problema no parece haberse resuelto del todo porque el comité de empresa del servicio municipal de Limpieza ya ha salido a poner en duda con gran aparato lingüístico la cualificación y la acreditación de los técnicos que han avalado con sus informes la decisión de la Junta de Gobierno de aprobar un contrato de emergencia con la compañía FCC para reforzar el servicio de recogida de basura en los barrios de la ciudad hasta ahora encomendados a la plantilla municipal con 261 nuevos trabajadores (entre peones, conductores y mandos) y 54 vehículos adicionales.
El jefe de grupo de las unidades técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Alejandro Olarte, al que señalan los sindicatos, ha firmado dos informes en los que se advierte que “los servicios ordinarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en materia de prestación de vaciado de contenedores de fracción resto [basura orgánica, sin materia reciclable], existiendo una alarmante acumulación y fermentación de los residuos afectando de forma directa a la seguridad y salud de la ciudadanía y de los trabajadores, así como a la imagen y el bienestar urbano de la ciudad
Es precisamente esa circunstancia, la diferencia entre la recogida de basura en la zona privatizada en comparación con la asignada a lo público lo que ha soliviantado nuevamente las relaciones entre los sindicatos y el grupo de gobierno. El comité de personal amenaza incluso con acciones judiciales.
El elevado absentismo que presenta esa plantilla, en algunos momentos del 40% (llega al 50% en el servicio de limpieza viaria), unido a la mala praxis profesional de algunos de sus integrantes están en las causas originarias de la diferencia entre la recogida de basura en la zona FCC con respecto a la zona municipal. Contra lo que se resuelven, naturalmente, los representantes sindicales que directamente acusan a los funcionarios que han elaborado ese informe, al gobierno municipal y al gerente del servicio de haber urdido una conspiración para que esa precisamente fuera la sensación: que los operarios públicos operan peor.
Para ello, sostienen que “el panorama dibujado por los informes está montado aposta. Nos consta que primero se eligieron de forma bastante arbitraria y gratuita los barrios que se iban a entregar a la gestión indirecta y después se hizo todo lo posible para dejarlos días sin recoger y poder fotografiarlos. Esas fotos constituyen buena parte de los informes técnicos que pretenden justificar el contrato de emergencia”. Dicen que es posible recoger los barrios asignados en los que el servicio es más catastrófico (San Juan, Lomo Blanco, El Secadero, San Roque, Tafira Alta, Tafira Baja, Zurbarán, El Fondillo, Monteluz, San Francisco de Paula, La Montañeta, Lomo Apolinario, Tamaraceite, Riscos Negros, Ciudad del Campo, Piletas, Casablanca I, El Lasso, Hoya de La Plata, Tres Palmas, Salto del Negro y Marzagán) “con una buena organización de los recursos propios, pero desde luego no la que existe, y ahorrar a la ciudadanía el pago de dos millones extra mensuales”. Y señalan al jefe de grupo: “Nunca ha tenido demasiada capacidad organizativa, lo único que se le da bien es venderse haciendo favores con recursos públicos y publicitar productos que no existen, por eso sigue ahí”.
El jefe de grupo de las unidades técnicas de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Alejandro Olarte, al que señalan los sindicatos, ha firmado dos informes en los que se advierte que “los servicios ordinarios no son suficientes para cubrir las necesidades básicas en materia de prestación de vaciado de contenedores de fracción resto [basura orgánica, sin materia reciclable], existiendo una alarmante acumulación y fermentación de los residuos afectando de forma directa a la seguridad y salud de la ciudadanía y de los trabajadores, así como a la imagen y el bienestar urbano de la ciudad”.
El informe relata cómo en muchos de esos barrios, como consecuencia del absentismo, no se vacían los contenedores de orgánica cada día de lunes a viernes sino una vez por semana, lo que naturalmente provoca los rebosos que dan lugar a imágenes desoladoras de la calle, además de los riesgos sanitarios. A lo que hay que sumar en muchos de esos barrios la proliferación de gatos silvestres que acuden a los contenedores a comer, destrozan las bolsas, esparcen la basura y crean suciedad, malos olores y riesgos sanitarios. Las siguientes en operar son las ratas y las cucarachas, con lo que el panorama se convierte en alarmante.
Síndrome del trabajador quemado
A esos elementos animales y al alto absentismo habría que añadir la mala praxis de algunos operarios, que no se molestan en colocar los contenedores de basura en la manera reglamentaria sino como les resulta más cómodo. Hay numerosos ejemplos de contenedores aparcados en batería con las tapas abiertas y atrapadas por el contenedor de al lado, también aparcado en batería, impidiendo el cierre de la tapa del de al lado.
A lo que hay que sumar, naturalmente, la falta de civismo de la ciudadanía, que quizás contagiada por le desidia municipal y funcionarial, no hace nada por colocar mejor sus residuos y los larga como le parece más cómodo: en el contenedor con la tapa abierta, mayormente.
¿Y cómo justifica el comité de empresa el alto absentismo de la plantilla de recogida de residuos sólidos urbanos? De entrada no niega ese alto porcentaje del 40%, pero culpa de él a la Administración municipal: “Tenemos parte de la plantilla con el síndrome del trabajador o la trabajadora quemada, creemos que fundamentalmente se debe a una sobrecarga desmesurada de trabajo”.
Y atribuye ese estrés a la falta de personal, a la falta de recursos materiales e incluso a “la desidia de la Administración en materias de prevención básicas, como por ejemplo, la vigilancia de la salud, lo cual, indica, les ha conducido a presentar ”infinidad de denuncias ante la Inspección de Trabajo“.