''Nos conformaríamos con una aplicación no tan dura''
Juan Francisco y Anette almuerzan cada tarde frente a su ventana. Los días de marea alta o de temporal las vistas no son a la playa, sino a la espuma de las olas que casi rompen en sus cristales. El matrimonio vive con sus dos hijos en una de las casas afectadas por la Ley de Costas en Tufia, el histórico poblado marinero perteneciente al municipio grancanario de Telde que desde 2009 corre el riesgo de desaparecer. El anuncio del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de una “reforma muy profunda” de la norma ha despertado una cauta expectación entre los vecinos, que ven en sus palabras la posibilidad de salvarse de la suerte de otros núcleos costeros como Cho Vito, en Tenerife.
“Somos optimistas en el sentido de que se vaya a flexibilizar [la ley]”, valora Javier López Irrutia, el presidente de la Asociación de Vecinos Bentaguayre, de Tufia, que advierte: “Ni siquiera se ha filtrado el alcance de la reforma”. “Nos conformaríamos con que se hiciera una aplicación no tan dura”, apostilla.
En la actualidad, están en peligro 17 construcciones en primera línea de playa sobre las que pesan sendos expedientes de demolición desde 2009. El deslinde del dominio público marítimo-terrestre original (anterior a la aprobación de la ley, en 1988) incluye las casas ganadas a la arena, pero no las situadas en las zonas altas que escalan el acantilado. Desde noviembre de 2011, sin embargo, ningún vecino respira tranquilo. La ampliación de la franja de dominio público a 90 metros crea una zona de servidumbre de tránsito y protección de 100 metros desde la línea del nuevo deslinde que amenaza todo el poblado. “Apoyamos”, explica López Irrutia, “una interpretación más correcta de la propia norma”. Esa interpretación incluye el derecho de concesiones administrativas, que permiten el uso privado de las construcciones afectadas hasta por 60 años, y el establecimiento de una servidumbre de 20 metros, como contempla la norma para los núcleos urbanos consolidados y que no se ha aplicado en Tufia ya que el suelo sobre el que se asentaban las tradicionales casas de pescadores no estaba categorizado como urbano.
Suelo no urbanizable
Se trata de un problema que Juan Francisco entiende a la perfección. Su casa, de unos 70 metros cuadrados está tasada en 84.000 euros. “Es por el suelo, que figura como solar”, dice. En 2001 el Ayuntamiento de Telde se propuso sacar adelante un Plan Especial del Litoral de Tufia que incluía, además del nombramiento del enclave como Sitio de Interés Científico, una reserva de suelo pendiente de calificación donde construir nuevas viviendas para realojar a los afectados. El proyecto no salió adelante. “Nos pilló en la oposición el inicio del desarrollo del planeamiento”, explica el entonces alcalde nacionalista Francisco Santiago. El objetivo, como lo que se ha previsto en Ojos de Garza tras retomar la misma iniciativa, era garantizar suelo urbano para reubicar las viviendas habituales, y no las segundas residencias, si Costas procedía a su derribo.
“Si me tiran la casa me tienen que dar donde vivir”, apunta Juan Francisco, a quien le habían prometido, asegura, una de esas casas de una planta con licencia para construir un segundo piso. Todo quedó en nada. “No pueden construir arriba porque no es suelo urbano”, dice. Él lleva toda la vida metido en la misma casa y compartiendo puerta con Andrés, que a sus 72 años condensa la historia del barrio. El abuelo de Tufia se jacta de haber nacido en una de las habitaciones-cueva de su casa. “Cuando abrí los ojos estaban ellos pescando”, dice. “Ellos” son su padre y su abuelo, que ya vivía y trabajaba allí y de quien ha escuchado cómo los marineros de Gando se asentaron en los núcleos cercanos de Ojos de Garza, Salinetas o Tufia cuando el régimen franquista cedió la zona militar a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1973, el padre de Juan Francisco compró al de Andrés una pequeña parcela para hacerse su propia casa, que consiguió hasta la cédula de habitabilidad. Ahora lleva tres años litigando contra una orden de desahucio que le puede dejar en la calle en cualquier momento. “No tengo certeza de a qué me puedo agarrar”, dice, “no tengo otro sitio” Juan Sánchez, representante de los afectados en Tufia por el carácter retroactivo de la ley, lleva allí “desde las primeras elecciones democráticas”. Compró una chabola de madera que después reformó, con la llegada de la electricidad al barrio a finales de los años noventa. “La gente ha nacido allí, ha crecido allí”, insiste López, que cita como barrios que se han salvado los de Salinetas, también en Telde, y San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, considerados núcleos urbanos consolidados.
“Habrá que ver qué reformas son”
En Ojos de Garza la situación es más urgente. Allí ya se han entregado 26 órdenes de derribo que se han paralizado hasta que la Corporación teldense y la Demarcación de Costas en Canarias encuentren cómo realojar a los afectados. Las declaraciones de Arias Cañete dan un respiro a vecinos como Estrella, que cada mañana abre la puerta de su casa sobre la línea del deslinde que marca qué queda en pie y qué no. “Mi casa no es una de las afectadas, pero puede que lo sea en el futuro”, dice. Eso ocurriría si se amplía la servidumbre, que puede reservar hasta 100 metros a partir de la frontera del deslinde. Y para ella, la línea es tan física como el cemento de la calle Nuestra Señora del Carmen. “Habrá que ver qué reformas son”, matiza.
Uno de los temores es que la reforma de la ley sea más de corte económico que social. Los ecologistas han denunciado ya los peligros de que desaparezca lo que Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, ha calificado como “la única herramienta de defensa legal para parar el ladrillazo”. Javier López Irrutia confía en que el nuevo texto sea más “blando” o que el Gobierno popular promueva una “interpretación más coherente” que no dé lugar a borrar poblados históricos como Tufia y permitir, en cambio, el mantenimiento de urbanizaciones, hoteles o zonas comerciales levantadas de forma ilegal.
El último caso es el de los locales del Anexo II de Playa del Inglés. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del propietario a obtener una concesión por 30 años, prorrogable por otros 30 más a partir de 1998, año en que el deslinde se hizo firme.
“Sería lamentable que se estuvieran cometiendo ejecuciones a poblados de marineros en la costa mientras se autorizó el puerto de Granadilla, que va a destruir 17 playas”, se ha quejado Marcos este martes en el programa La Molienda de CANARIAS AHORA RADIO. El conocido como informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo, reconoce que la ley “afecta de forma desproporcionada a las propiedaddes particulares” y se pregunta “por qué es su aplicación tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero no con los nuevos apartamentos”. La representante ecologista ha apuntado también que la reforma propuesta por Arias Cañete encuentra en el camino un obstáculo que deberá esquivar, especialmente si se anulan de forma retroactiva los expedientes de demolición: “¿Se va a indemnizar a esos propietarios que sí acataron la Ley de Costas y vieron derribar sus casas o se van a crear ciudadanos de dos categorías?”.
