Derecho al Techo alerta de un desahucio en Gran Canaria que afectará a once personas, cuatro de ellas menores
Derecho al Techo denuncia un nuevo proceso de desahucio para el próximo 13 de julio, que afecta a varias familias residentes en Gran Canaria, barrio de San Roque, que vuelve a poner de manifiesto la grave emergencia habitacional que atraviesa Canarias.
Las personas afectadas llevan años residiendo en las viviendas, donde, según informa el colectivo a Canarias Ahora “han construido su proyecto de vida”.
Durante ese tiempo las familias afectadas han abonado el alquiler acordado y han asumido incluso gastos de mantenimiento y mejoras en los inmuebles. “A partir de 2019, el propietario dejó de mantener contacto con las personas inquilinas, pasando toda la relación a realizarse a través de un intermediario”, sostienen desde la plataforma.
Sin embargo, la vivienda fue adquirida por WHITE HEAD Investment (WH Invest.), tras el cambio de propiedad, y es la nueva empresa propietaria la que ha comunicado su intención de recuperar las viviendas, “negándose a estudiar cualquier posibilidad de regularizar la situación mediante nuevos contratos de alquiler”.
Menores
Entre las personas afectadas se encuentran cuatro menores, de 8, 9, 10 y 14 años, y personas especialmente vulnerables, incluyendo una residente con graves problemas de salud y dependencia de tratamientos médicos. “La incertidumbre sobre la pérdida de su hogar está provocando una profunda situación de ansiedad e inseguridad en todas las familias”, aseguran.
“Desde Derecho al Techo queremos dejar claro que estas familias no se niegan a pagar un alquiler. Al contrario, han manifestado su disposición a firmar contratos y abonar una renta acorde con sus posibilidades. En caso de que la propiedad mantenga su decisión de desalojarlas, solicitan únicamente un plazo razonable que les permita encontrar una alternativa habitacional, algo extremadamente difícil en el actual mercado de la vivienda en Canarias”.
Para el colectivo resulta “inaceptable que, mientras miles de viviendas permanecen vacías en manos de grandes propietarios y fondos de inversión, familias trabajadoras, menores y personas enfermas continúen siendo expulsadas de sus hogares sin una solución habitacional previa”.
Derecho al Techo exige la paralización de este desahucio hasta que se garantice una alternativa digna para todas las personas afectadas e insta a las administraciones públicas a intervenir con urgencia para evitar que nuevas familias pasen a engrosar la lista de personas sin acceso a una vivienda.
“Canarias no puede normalizar que cada semana nuevas familias se enfrenten a la pérdida de su hogar sin que existan respuestas eficaces por parte de las instituciones”, sentencian.