Casi 5.000 docentes para 700 plazas
Dirigentes del sindicato UGT acusaron este lunes al Gobierno de Canarias de pretender “desprenderse” de empleados de más de 45 años y décadas de servicio con fines economicistas a través del “decretazo” que prepara para cambiar los modelos de relación laboral con la Comunidad Autónoma.
Un proyecto normativo contra el que UGT promoverá movilizaciones si se llega a aprobar en sus términos actuales, según anunció su representante en la Mesa General de la Función Pública, donde el Ejecutivo Autónomo negocia con los portavoces de los trabajadores, Gilberto Díaz.
En una rueda de prensa convocada para exponer sus denuncias hacia el Gobierno de Canarias, Díaz y otros dirigentes de su sindicato, Dora González, de la Federación de Educación regional de la UGT, y Jon Uña, de la de Salud, acusaron, además, a la Administración autonómica de no sólo de preparar el envío al paro de millares de empleados públicos sino, además, de mentir sobre sus planes.
A ese respecto, Gilberto Díaz relató que el consejero de Presidencia del Ejecutivo, José Miguel Ruano, declaró el pasado diciembre que “estaba preocupado por los trabajadores”, en especial los mayores de 45 años que acumulan décadas de servicio público aunque sin ser funcionarios al haber sido empleados como interinos, sustitutos o personal laboral, cuando preparaba lo contrario.
Castigo por sus años de experiencia
“Nos hemos encontrado publicada una cosa que no tiene nada que ver con lo que se había negociado”, al tiempo que “se miente a la población diciendo que se va a crear nuevo empleo público, cuando se van a convocar oposiciones para muchas menos plazas que las que actualmente ocupan los trabajadores no funcionarios”, dijo.
Sus palabras fueron respaldadas por Dora González, que precisó que, en el caso de los empleados de la educación pública, un total de 4.841 docentes sustitutos, interinos o laborales deberá disputarse sólo 700 plazas que se convocarán en oposiciones.
Lo que significa que “el Gobierno esconde el ala y dice que está creando empleo público, cuando en realidad lo está destrozando”, concluyó Gilberto Díaz.
Por todo lo expuesto, Dora González insistió en que su sindicato promoverá la movilización entre los empleados de la Comunidad Autónoma, “porque -argumentó- no puede ser que se quiera mandar a la calle a miles de empleados que han hecho posibles durante años la prestación de los servicios públicos de sanidad y educación como un castigo por sus años de experiencia, que deberían valorarse”.
