Educación debe indemnizar con 400.000 euros a profesores de religión despedidos ''por sindicalistas''

El Tribunal Supremo ha determinado que el Gobierno de Canarias deberá abonar alrededor de 400.000 euros de indemnización a los cinco profesores de religión de Las Palmas de Gran Canaria que fueron despedidos en septiembre de 2008 “por pertenecer a un sindicato”.

Así lo explicó este lunes el representante del sindicato Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), Rafael Ramírez, en una rueda de prensa en la que destacó que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo “han reconocido que el único motivo por el que se ha despedido a estos trabajadores es por defender sus derechos laborales y que esas actuaciones van en contra de la Constitución española”.

“Esto es el despilfarro, el derroche, no tienen pudor alguno para pagar esta indemnización”, indicó Ramírez con respecto a las cantidades de dinero que deberá abonar la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

En este sentido, recordó que existe una “Orden del Ministerio de Administraciones Públicas ante la crisis que comunica a las administraciones que en caso de despido improcedente opten por la readmisión más que por la indemnización, pero la Consejería a pesar de lo cuantiosa que son las indemnizaciones está por la labor de pagar”.

Según Ramírez, la Consejería regional de Educación despidió a estos docentes alegando “ineptitud sobrevenida”, pero ese argumento “es mentira” ya que “la normativa vigente reconoce que estos profesores sí tienen la titulación válida para impartir clases de religión”.

“Se ha echado a seis profesores porque dicen que no tienen la titulación válida, cuando en la actualidad hay más profesores que tienen igual nivel académico y titulación que los despedidos y no les han echado. La diferencia es que los despedidos son afiliados a la CCT”, apostilló.

Para el portavoz del sindicato, la razón de los despidos se basa en que los afectados han estado detrás de varios actos reivindicativos de la unión sindical como un encierro en la Consejería en 1999 y una huelga indefinida en 2000. “El problema es que como salgas en la foto de una movilización o de una medida de presión contra la administración pública ya estás fichado y puedes sufrir consecuencias como la del despido”, apuntó.

Finalmente, el representante de los trabajadores afectados recalcó que en la provincia de Las Palmas “hay alrededor de 20 profesores en las mismas circunstancias”. Por todo ello, los profesores pidieron “la dimisión de la directora general de Personal, Maria Teresa Covisa, y de la consejera regional de Educación, Milagros Luis Brito”.