Educación lamenta que los sindicatos sólo quieran hablar de subida de sueldos
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes lamenta que los cuatro sindicatos firmantes del preaviso de huelga en la enseñanza pública no universitaria mantengan inamovible su postura y se nieguen a hablar de otra cosa que no sea subida de sueldos a cambio de nada.
La cuantificación, por parte de los sindicatos que conforman el comité de huelga, de un incremento salarial comprendido entre un mínimo de 140 y un máximo de 250 millones de euros anuales (es decir, entre 23.294 y 41.596 millones de pesetas), así como el rechazo a las contrapartidas vinculadas a la mejora de la calidad del sistema por parte de los sindicatos, ha llevado a una nueva falta de entendimiento en la reunión mantenida en la tarde de este lunes con la Administración educativa, representada por el Viceconsejero de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Gonzalo Marrero.
El Gobierno, por su parte, ha anunciado a los sindicatos que los 80 millones de euros (más de 13.300 millones de pesetas) previstos para los próximos cinco años es el mayor esfuerzo presupuestario posible, que significarían un desembolso total de 232 millones de euros para las arcas públicas al finalizar el periodo, ya que los incrementos se van acumulando año a año. Asimismo, los 80 millones formarían parte ya del incremento anual que habría que contemplarse después de esa fecha.
Sin embargo, FETE-UGT, STEC-IC, EA Canarias y UCPL no han aceptado negociar un marco retributivo del profesorado y han vuelto a manifestar que sólo aceptarán una homologación sin contrapartidas. Al respecto, Gonzalo Marrero reiteró a los sindicatos que no hay amparo legal alguno para reclamar una homologación con el resto de los funcionarios de la comunidad autónoma de igual categoría y titulación. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible la homologación retributiva entre funcionarios cuyas funciones son esencialmente distintas.
En este sentido, el viceconsejero recordó que la Ley de 1991 establecía un plan de cinco años de incrementos retributivos sobre el complemento específico y que cumplió su objetivo cuando finalizó este plazo. “Por lo tanto -añadió- no podemos hablar de una vigencia indefinida, ni de un derecho subjetivo a la homologación permanente”. Por último, el Gobierno mostró su sorpresa porque ahora se rechacen unas contrapartidas que ya formaron parte de la Ley del 91, sólo por el hecho de que en esta ocasión su cumplimiento esté vinculado a los sueldos.
