Los empleados públicos temporales mantienen la huelga, aunque ven “avances” en la negociación

La huelga de los empleados públicos temporales de la comunidad autónoma se mantendrá hasta lograr un salida consensuada con el Gobierno canario que asegure la permanencia de los más de 3.000 que se encuentran en esta situación sin concurrir a ofertas públicas de empleo extraordinarias.

Así lo han advertido dos de los miembros del comité de huelga, Rafael Rodríguez y María Dolores Díaz, en una rueda de prensa tras concluir la segunda reunión que celebran con el consejero de la Función Pública, Julio Pérez (PSOE), del que han valorado que haya reconocido el abuso de la temporalidad y que esa “sensible” a buscar alternativas para asegurar la permanencia de todo el personal.

Rodríguez ha indicado que la Consejería remitirá un documento al comité de huelga con propuestas, que deberán ser distintas a las ofertas de empleo público extraordinarias.

El miembro del comité ha considerado que se ha producido un avance en la negociación, pero las movilizaciones continuarán y se recrudecerán hasta conseguir una salida consensuada al problema.

Rodríguez ha insistido en que el problema del abuso de la temporalidad afecta a todas las administraciones y que personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha sumado a sus reivindicaciones, que también se están produciendo en otras comunidades autónomas.

Aunque se trata de un problema que compete al Estado, la comunidad autónoma y el resto de administraciones tienen potestad para buscar soluciones, ha opinado Rodríguez, quien ha recordado que sus demandas están avaladas por sentencias y jurisprudencia europea, que se siguen dictando, la última ayer.

Díaz ha remarcado la negativa del comité de huelga a que los empleados temporales deban concurrir a un proceso selectivo para consolidar sus plazas, algunos con hasta más de 20 años de experiencia, por entender que esa solución es “un castigo” para el trabajador, cuando ha sido la administración la que ha permitido y facilitado esta situación de abuso.

Ha destacado además que las plazas que ocupan los temporales no deben ser ofertadas y que es preciso que se convoquen las que se han congelado durante años, al tiempo que ha apuntado que, precisamente, esa decisión es la que derivó a las administraciones a la contratación de personal sin convocar ofertas públicas de empleo.

En España uno de cada tres empleados públicos está afectado por la temporalidad, ha advertido Rodríguez.