Cada euro invertido en testar y rastrear el virus ahorra al menos siete en gastos sanitarios

Dos investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han realizado una primera estimación del coste de la pandemia de COVID-19 en España y la rentabilidad de la estrategia de pruebas de detección de la enfermedad, rastreo de contactos y aislamiento. El trabajo, publicado recientemente en la revista Applied Economic Analysis, concluye, con un modelo base, que por cada euro invertido en esas medidas para contener el avance del virus se ahorran siete solo en costes derivados de la asistencia sanitaria, siempre que esa estrategia haya sido bien ejecutada, con personal cualificado y ágil en los tiempos. 

“Es una proporción elevadísima. Posiblemente no exista una intervención sanitaria en nuestro sistema que sea tan costo-efectiva, que ahorre tantos costes por euro invertido. Por lo general, en la Economía de la Salud nos encontramos con intervenciones que son mejores que la práctica habitual, pero que cuestan más dinero, y tenemos que decidir si ese coste adicional está justificado por la mejora en salud que genera. En este caso, no solo mejora la salud, sino que ahorra costes, algo que ya de por sí no es muy común, y en un grado muy elevado, lo que resulta aún más llamativo”, resume Laura Vallejo Torres, que ostentó la Presidencia de la Asociación de Economía de la Salud en 2018 y 2019 y que es autora, junto a la catedrática Beatriz González López-Valcárcel, de esta investigación. 

Para realizar el estudio, plantearon una estrategia que comprende la realización de cuatro pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) al día por cada mil habitantes (algo más de 187.000 diarias), dirigida a personas de alto riesgo, con síntomas de la enfermedad, contactos con positivos diagnosticados, trabajadores del área de salud, usuarios de residencias de mayores y vecinos de áreas definidas con alta prevalencia de COVID. Esa estrategia también asume una capacidad de un rastreador por cada 5.000 habitantes (cerca de 9.400 en toda España). A los test PCR les asigna un coste medio de 40 euros por unidad y por cada rastreador, contabiliza 129 euros al día. En total, cifra en 8,7 millones de euros el gasto diario en el conjunto del país con esta fórmula.  

La investigación pone ese dato en relación con el número de casos evitados desde el 15 de noviembre de 2020 hasta finales de diciembre, que cifra en 53.286. Para su cálculo, recoge los datos publicados por el Ministerio de Sanidad en ese periodo de tiempo con respecto a una serie de parámetros. En concreto, la tasa de positividad sobre los test realizados entre toda la población (10% en el caso base) y entre los contactos estrechos (24%); el porcentaje de transmisión potencial en el momento de la detección (80%); el cumplimiento de las medidas de aislamiento (75%) o el número reproductivo básico (1). 

También el porcentaje de pacientes que sufren secuelas a largo plazo tras haber sido hospitalizados por COVID-19. “Todavía no se sabe con exactitud hasta qué punto las personas que han padecido la enfermedad pueden sufrir secuelas permanentes, pero con la información que tenemos de los estudios publicados, asumimos que un tercio de los pacientes que han requerido ingreso las van a sufrir, ya sean respiratorias, cardiovasculares, musculoesqueléticas, problemas de piel o, incluso, mentales”, precisa Vallejo. 

Una vez estimado el número de casos evitados con esa estrategia de test y rastreo, el trabajo analiza su incidencia sobre el sistema sanitario, teniendo en cuenta las tasas de hospitalización (5,5%), de ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- (0,4%) y de mortalidad (0,9%) por positivos confirmados en aquellas fechas. Partiendo de un pormenorizado estudio elaborado por Osakidetza, el servicio vasco de salud, las investigadoras fijan el coste promedio de un paciente COVID en una planta de hospital en aproximadamente 8.500 euros, con una estancia media de 11,5 días en la primera ola de la pandemia en España y de 7 en la segunda. En las UCI, esos costes se elevan hasta los 33.400 euros y la estadía, a los 22 días para aquellos pacientes que logran sobrevivir y a 10 para los que fallecen. Con esos valores se estima el ahorro para el sistema sanitario, por los casos evitados, de 61,1 millones de euros. Es decir, siete veces más que el la inversión en la mencionada estrategia de test, rastreo y aislamiento.  

“En esa cifra solo estamos teniendo en cuenta los costes sanitarios que se ahorran debido a que se evitan casos, hospitalizaciones, ingresos en UCI, secuelas permanentes y muertes. No tenemos en cuenta que, al reducirse los casos, también se pueden reducir pérdidas de productividad, a nivel global, en la economía. Si se consigue mantener la pandemia bajo control, las medidas que se adoptan para contenerla son menos restrictivas y, por lo tanto, se puede ir reabriendo la economía, lo que, obviamente, tiene un efecto sobre el Producto Interior Bruto (PIB)”, señala Vallejo. La investigadora precisa, no obstante, que no por hacer más test se va a ahorrar más en gasto sanitario. “Hasta cierto punto va a ser mejor, pero su rentabilidad siempre va a estar relacionada con otros parámetros, por ejemplo con la tasa de positividad. Va a llegar un momento en que, si haces muchos tests, la tasa de positividad va a ser muy baja, se detectan pocos casos porque se hacen demasiados tests”, añade. 

Ese ahorro de 7 euros en atención sanitaria por cada euro invertido en las medidas de control y contención se eleva hasta los 19,4 si se contabilizan también los beneficios a través de una unidad de medida estandarizada en el ámbito de la Economía de la Salud: los años de vida ajustados por calidad. Este indicador mide, por un lado, cuántos años de vida se han perdido por cada muerte registrada. En el caso de la COVID-19, la edad media de los fallecidos se sitúa en torno a los 80 años y la esperanza de vida en España, sobre los 84. A las “vidas salvadas” por esa estrategia de pruebas y rastreo se les asigna un valor monetizado, al igual que a la “morbilidad evitable a largo plazo”, es decir, a los costes que se logran eludir al reducirse la cifra de pacientes que sufren secuelas permanentes. 

Estimación del coste de la pandemia

El trabajo hace una estimación del coste de la pandemia en España y destaca que los gastos directos en prevención y tratamiento de la enfermedad apenas representan un 2,14% del total. Vallejo explica que, debido a las dificultades para contabilizarlos debido a su amplitud (abarcan no solo los vinculados a la atención hospitalaria o al suministro de material de protección, sino también, por ejemplo, los gastos asumidos en los alojamientos para cuarentena o la adaptación de los establecimientos para ejecutar las medidas de seguridad y evitar riesgos), estimaron la cifra a partir de las cantidades transferidas por el Gobierno central al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas para dotarlas de recursos con los que combatir la propagación del virus. En concreto, 5.350 millones de euros. 

La caída del Producto Interior Bruto (PIB) por la propia expansión del virus y por las medidas adoptadas para combatirla se erige en el mayor coste de la pandemia (336.000 millones de euros, el 94,8% de un total de 350.000). El descenso con respecto a las estimaciones macroeconómicas anteriores a la irrupción del SARS CoV-2 es del 24%, lo que convierte a España en el país europeo más castigado de esta crisis, muy por encima del desplome en el conjunto de la UE (16%). Dos son las razones esgrimidas en el trabajo para explicar este derrumbe de las previsiones. La primera es la reducción del consumo y el aumento del ahorro ante la expectativa de la población de una pérdida de riqueza. La segunda, la interrupción del suministro por las medidas de contención, que han tenido un impacto directo en el empleo y en la productividad. El artículo recuerda que esta crisis es la peor desde la Gran Depresión de 1920, aunque advierte de que los pronósticos son aún muy inciertos, pues dependen de factores como la disponibilidad de vacunas, la “movilidad del comportamiento interpersonal” o la “adherencia a las restricciones económicas”. 

El trabajo de las investigadoras de la ULPGC cifra además en 7.805 millones los costes indirectos, es decir, aquellos calculados a partir de la productividad perdida por la mortalidad y la morbilidad prematuras debido a la enfermedad. Las autoras explican que también hay un coste de oportunidad, que se vincula con los recursos de atención médica que permanecieron inactivos durante el periodo de pandemia, reservados para asistir a los pacientes con COVID-19 en caso de que la situación empeorara, pero que no ha sido incorporado a esas estimaciones por la dificultad que entraña su medición.