Ha pasado ya más de un mes desde que el agitador ultra Vito Quiles se desplazó a Canarias para protagonizar dos actos políticos, ambos sin autorización. El primero tuvo lugar el 13 de noviembre en Gran Canaria. El rechazo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) a que utilizara sus instalaciones obligó a Quiles a desplazar su concentración a la capitalina Plaza de España. En Tenerife, por el contrario, hizo oídos sordos a la decisión de la Universidad de La Laguna (ULL) y mantuvo su acto en el aparcamiento de la Facultad de Derecho el 14 de noviembre, entre gritos de “arriba España” y banderas franquistas.
La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado a esta redacción que, a día de hoy, los expedientes por estos hechos están en trámite. Su resolución final no se puede determinar aún porque ''depende de las alegaciones e informes policiales que se soliciten durante la tramitación''. Según ha podido saber este periódico, existen dos expedientes abiertos, uno por el acto de Gran Canaria y otro por el de Tenerife.
Sobre los hechos acaecidos en La Laguna, la SER ha adelantado que la Policía Nacional ha denunciado a Vito Quiles por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, y propone para él una multa de entre 50 y 100 euros. El informe, emitido por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife y recogido por la SER, recoge que el agitador cometió dos infracciones: la primera al romper un cordón policial para jalear a quienes fueron a apoyarle y la segunda por organizar una concentración sin comunicarlo previamente a la Subdelegación del Gobierno.
Sin embargo, la propuesta de sanción también se ha extendido a cuatro estudiantes antifascistas que se desplazaron al lugar para protestar en contra de Quiles. En concreto, la sanción se plantea por participar en una concentración no autorizada. La ULL ha salido a defender a sus estudiantes y ha aclarado a este periódico que estos sí comunicaron al Rectorado su intención de protestar contra la acción del ultraderechista.
Desde la institución lamentan que personas de la comunidad universitaria, que sí trasladaron a la ULL su intención de manifestarse, estén siendo objeto de expedientes sancionadores por parte de la Subdelegación de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por ''no realizar la preceptiva comunicación''. En esta línea, recuerdan que es el Rectorado la autoridad competente para recibir comunicaciones de actos públicos en espacios universitarios, conforme al artículo 23 de sus Estatutos aprobados por el Decreto 66/2022.
El Rectorado de la ULL recuerda que el 15 de noviembre, ''ante la gravedad de lo sucedido'', solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno un informe detallado y urgente sobre el dispositivo policial desplegado en el Campus de Guajara. ''A fecha de hoy, dicho informe no ha sido recibido'', añaden.
''La Universidad de La Laguna reitera su compromiso con la convivencia, el respeto a los derechos fundamentales, la lealtad entre instituciones y el normal desarrollo de la vida académica, y confía en que las circunstancias aquí aclaradas sean tenidas en cuenta y surtan los efectos oportunos'', concluyen.
El rechazo de las universidades públicas canarias
El tour de Vito Quiles por Canarias estaba previsto para principios de noviembre. Sin embargo, menos de una semana antes anunció su suspensión para ''poder coordinar con las autoridades un escenario que garantice la seguridad de la gente''. Sus actos se toparon con el rechazo de las dos universidades públicas del Archipiélago, que emitieron sendos escritos donde reivindicaban los campus como espacios de convivencia y de conocimiento.
La primera fue La Laguna, que en un comunicado subrayó que las Universidades ''no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica''. En el mismo escrito, la ULL reafirmaba su compromiso ''con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas''. ''Así, este marco no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas'', concluyó.
Poco después, la ULPGC recordó en un comunicado oficial que sus campus son ''espacios de conocimiento, libertad y convivencia'', subrayando que la libertad de expresión, pilar del pensamiento crítico y del progreso del conocimiento, debe ejercerse siempre desde el respeto a las personas y a los valores que sustentan la universidad pública, como la igualdad, la inclusión, la tolerancia y la verdad.