La Federación de Ampas Galdós pide a Educación que estudie la base legal de las autorizaciones enviadas a las familias para realizar las PCR al alumnado

La Federación insular de AMPAS de Gran Canaria, Galdós, ha pedido a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que evalúe una consulta jurídica sobre la base legal del texto que deben firmar las familias para autorizar que se hagan las pruebas PCR a niños y niñas en los centros escolares. El colectivo señala en un comunicado emitido este miércoles que “gran parte de las familias que han recibido la comunicación del centro tienen dudas con respecto al alcance de dicha autorización y la base legal que obliga a mantener una cuarentena a las familias que no cedan a la realización de las pruebas”.

Desde este martes, la Consejería ha enviado una información en la que se explica que el alumnado canario cuyas familias no den el consentimiento para que se le practique una prueba PCR deberá guardar una cuarentena durante 14 días. Educación está enviando una carta de “consentimiento informado” a las familias de los centros donde comenzará el cribado. Unas pruebas que han comenzado este mismo miércoles.

La organización que representa a las familias en Gran Canaria sostiene que son las primeras interesadas es que se garantice la protección de la salud de la comunidad educativa, y que “en ningún caso se oponen a los cribados que pueden ser muy útiles en el contexto escolar”, apuntan. Sin embargo, la federación exige que las medidas que se vayan a aplicar cuenten con el mayor consenso posible, en un clima que genere confianza y entendimiento por parte de las familias. 

El presidente de la Federación, Sergio de la Fe, sostiene que “una buena comunicación previa de la Consejería con las organizaciones que representan a las familias, algo que llevamos reivindicando desde el inicio de la pandemia, habría garantizado un procedimiento menos caótico y lleno de angustia para las familias y el alumnado”. 

Además, desde la Federación se critica la celeridad con la que se quiere realizar el cribado“ que ha obligado a los centros a avisar a las familias la tarde antes de que los equipos se trasladaran a los centros para realizar las pruebas”. Además, añade que, a lo largo de esta mañana, desde los centros escolares se ha dado información distinta sobre el tipo de prueba que se hará a los menores, no especificada en el consentimiento “provocando aún más desasosiego e incertidumbre en las familias”. 

“Ante la falta de información y el caos que esta situación he generado, hemos puesto en manos de la Asesoría Jurídica de esta Federación el análisis de de esta situación y el establecimiento de posibles responsabilidades que de ella se deriven”, indicó Sergio de la Fe.