La funcionaria de la Fiscalía se desmarca de la estafa millonaria en Telde

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

La funcionaria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas imputada por su presunta participación en la estafa millonaria en la venta de inmuebles procedentes de supuestas subastas judiciales ha admitido este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde que recibió un encargo de Teresa Velázquez, la principal encartada de la denominada operación Cebo, para llamar a una treintena de clientes e informarles de que la puja para la adquisición de viviendas embargadas estaba próxima a celebrarse.

Según ha podido saber Canarias Ahora, esta funcionaria, Cristina del Carmen Cabrera, ha defendido que actuó siguiendo las directrices que le había marcado la empresaria, con la que mantenía una relación de amistad, y que en ningún momento pensó que Velázquez estaba engañando a sus clientes.

Además, manifestó que las gestiones las realizaba en nombre de Canarias Gestión de Embargos, la empresa de la principal imputada, y que nunca lo hizo en su condición de trabajadora de la Fiscalía, donde no manejaba ningún asunto relacionado con las subastas o embargos judiciales. Sin embargo, algunos de los afectados por este fraude, entre ellos Pilar Grande, diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados, aseguran haber recibido llamadas telefónicas de “una señora que se identificaba como trabajadora de los juzgados”.

Los abogados personados en la causa y la fiscal adscrita a este juzgado se interesaron por el teléfono desde el que realizaba las llamadas Cabrera. Al igual en su primera comparecencia ante la juez Virginia Peña, cuando aún no se había levantado el secreto de sumario, la funcionaria defendió que las realizaba desde su teléfono particular y que no recordaba haberlo hecho desde el fijo de su trabajo.

Laa funcionaria de la Fiscalía es también denunciante, ya que aportó a Velázquez 28.000 euros para adquirir un inmueble cerca de la playa de Las Canteras,

Además de Cabrera, este miércoles ha comparecido en calidad de imputado Antonio Santana, abogado de Velázquez, que ha señalado que su trabajo para la empresaria consistió en la elaboración de dos documentos, uno de ellos el modelo de contrato que usaba para dar apariencia de legalidad a la operación fraudulenta.

Este jueves están llamados a declarar a partir de las 10.00 horas Teresa Velázquez, su marido y su hermano.

La empresaria reconoció los hechos el pasado 31 de octubre en un careo de una hora y media con su marido y asumió toda la responsabilidad de lo sucedido.  Según las pesquisas judiciales y policiales, Velázquez solicitaba, a través de Canarias Gestión de Embargos, yna cantidad de dinero a sus clientes para supuestamente poder pujar  en subastas judiciales y quedarse con inmuebles embargados que después traspasaba.  

Sin embargo, nunca existió ninguna subasta, ni judicial ni extrajudicial. La empresaria  utilizaba diferentes engaños, como la venta previa de coches de lujo a precios irrisorios -en las que incluso perdía dinero-,  para engatusar a sus clientes, convencerles para que le dieran un anticipo para las subastas de las viviendas y quedarse con el dinero.

Según las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV)  del Cuerpo Nacional de Policía, Velázquez pudo estafar con este método cerca de tres millones de euros. De momento son algo más de 80 las personas afectadas. Del total del dinero defraudado, solo se ha conseguido localizar en las cuentas de la encartada 120.000 euros.

A la empresaria, que está en la cárcel desde el 24 de octubre, se le imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Su marido, que fue puesto en libertad el día 31 tras el careo, aseguró en su comparecencia anterior que desconocía dónde estaba el dinero de Velázquez o en qué se lo había gastado.

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