Los 1.600 funcionarios de prisiones de Canarias están llamados a la huelga del 17 al 20 de noviembre

El personal de los centros penitenciarios de Canarias está convocado a una huelga del 17 al 20 de noviembre, con el fin de que el Ministerio del Interior acepte reivindicaciones laborales y económicas de un colectivo que envejece sin reposición.

La junta de personal de la Administración General del Estado en Las Palmas se ha solidarizado este martes con una concentración ante la Delegación del Gobierno en Canarias con el colectivo de instituciones penitenciarias, tanto en sus reivindicaciones como en la huelga que llevan a cabo contra la Administración Penitenciaria.

Sus demandas las personalizan en el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por lo que entienden como “engaño y palabrería” a la hora de negociar las condiciones sociolaborales y económicas del colectivo.

El representante sindical Alfredo Piaya (UGT) ha precisado que reivindican una subida salarial que parte de la oferta planteada el pasado 25 de septiembre de 123 millones de euros, aunque en la mesa de retribuciones tanto el secretario general de Instituciones Penitenciarias como el ministro lo calificaron “solo de estudio”.

“También pedimos subidas de los niveles para que sea igualen con los de la Administración General y el resto de los colectivos de Interior, así como el nombramiento, a la mayor brevedad posible, de agente de la autoridad en el desempeño del puesto de trabajo”, ha abundado.

Por ese motivo, ha subrayado el sindicalista los 1.600 trabajadores del colectivo penitenciario en Canarias están llamados a la huelga del 17 al 20 de noviembre.

“Los servicios mínimos fijados para esos días”, según Piaya, “son superiores incluso a los de una jornada normal de trabajo, son abusivos y lo hemos denunciado”.

En ese sentido ha expuesto que como ejemplo que, en un servicio de noche en el que normalmente trabajan unas trece personas, “ese día trabajan veinte”, y en la jornada de mañana y tarde “otro tanto, más cantidad que un día normal”.

Destaca asimismo que los sindicatos reivindican el derecho de estos trabajadores a la huelga, en la que denuncian “el desmantelamiento que se está produciendo en el servicio público penitenciario”.

De esa forma, la falta de una oferta de empleo impide la reposición de los efectivos penitenciarios que se están perdiendo, de tal forma que en la cárcel de Juan Grande ya faltan 52 trabajadores y otros 56 en la prisión de Salto del Negro, solo en Gran Canaria.

En el conjunto del archipiélago son más de 350 los funcionarios que no están trabajando, una carencia que imposibilita, a juicio de los sindicatos, cumplir con la labor de reinserción social del preso.