El ‘cerebro’ de Lifeblood se queda con la hemodiálisis del sur de Gran Canaria tras bajar un 30% el precio de las sesiones

Javier Artiles y Guillermo Martinón, consejero delegado y director gerente, respectivamente, de Avericum.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

Los pacientes con insuficiencia renal que residan en la zona sur de Gran Canaria seguirán pasando por las manos de Avericum para someterse a los tratamientos de hemodiálisis. La Consejería de Sanidad ha vuelto a adjudicar el contrato del servicio externalizado del Hospital Insular de Gran Canaria a la empresa de Javier Artiles, el abogado que se presentó de tapadillo al concurso de 2010 para la misma prestación en el área norte de la isla (Hospital Doctor Negrín) y en el José Molina Orosa de Lanzarote mientras ejercía como asesor externo del Servicio Canario de Salud (SCS). Para ello, ha rebajado el precio de las sesiones hasta situarlo por debajo de los 103 euros, un 30% menos de la tarifa prevista en la licitación (146) y un 37% inferior a la que ha venido aplicando en los últimos años (163) en los centros concertados del sur, donde opera desde 2004.

El nuevo contrato, que cuenta con un importe de 20 millones de euros para los próximos cuatro años, resucita los fantasmas del caso Lifeblood, el polémico concurso que la entonces consejera de Sanidad, Mercedes Roldós (PP), adjudicó por 124 millones de euros en octubre de 2010, pocos días antes de que su partido rompiera el pacto de gobierno con CC y abandonara el Ejecutivo.

La empresa ganadora en aquella licitación, Lifeblood (alma en inglés), carecía de solvencia y de experiencia en el sector, ya que tan solo cinco meses antes se dedicaba en exclusiva al negocio inmobiliario. Su cabeza visible era Javier Jorcano, quien fuera gerente de la empresa propietaria del solar donde se ejecutó uno de los mayores escándalos urbanísticos de la etapa de José Manuel Soria como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, el Canódromo.

Sin embargo, el verdadero cerebro en la sombra de Lifeblood era el abogado Javier Artiles, quien trató de ocultar su vinculación con la sociedad por su condición de asesor externo de la Consejería de Sanidad. En su despacho trabajaba además la pareja del entonces director del Servicio Canario de Salud (SCS), Guillermo Martinón, a quien ficharía años después para Avericum. El caso Lifeblood acabó con la adjudicación anulada por el consejero Fernando Bañolas (CC) y con el archivo de la investigación judicial por falta de acusación, aunque con un contundente auto de sobreseimiento que apuntaba graves irregularidades en el concurso y sospechas de tráfico de influencias.

Tras el varapalo, Artiles volvió a la carga -y ganó- tres años después, esta vez a cara descubierta, con la empresa Avericum, la misma que había resultado adjudicataria del concurso para la zona sur de Gran Canaria en 2004. A pesar de las constantes denuncias de las empresas competidoras sobre incumplimientos del contrato, la sociedad del abogado no sólo continúa prestando el servicio en los hospitales Doctor Negrín (Gran Canaria) y Molina Orosa (Lanzarote), sino que además ha extendido su radio de actuación a otros puntos de la geografía española con un denominador común, ofertas económicas arriesgadas, muy a la baja, al límite de la temeridad.

Castilla La Mancha, Galicia, Gran Canaria

Su adjudicación más reciente, en la comunidad de Castilla La Mancha, ha activado las señales de alarma entre las asociaciones de enfermos renales, que han pedido la anulación del concurso por la rebaja del 36% en los precios y por el historial “no muy brillante” de Avericum, con concursos anulados precisamente por ese motivo. La empresa se ha defendido con un comunicado en el que sostiene que “hay muchísimos centros en España cuyos precios se encuentran entre 100 y 110 euros por tratamientos” y tilda las críticas vertidas por la competencia de “tendenciosas” y “calumniosas” para “los más de 200 profesionales de la medicina que trabajan en Avericum desde hace más de quince años”.

El de Castilla La Mancha no es el único caso. Según han reconocido a Canarias Ahora fuentes oficiales del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Servicio Gallego de Salud ha pedido informes a Avericum para que justifique el cálculo de la tarifa ofertada, que se sitúa también en torno a los 100 euros, al considerarla muy baja.

En el concurso del servicio externalizado del Hospital Insular, una de las empresas que ha licitado, Fresenius Care, ya ha anunciado que pedirá el acta de la mesa de contratación y el anexo de la puntuación para analizar la presentación de un recurso al tener serias dudas de que con ese precio se pueda prestar el servicio en las condiciones requeridas en los pliegos. “No nos salen los números”, señalan fuentes de esta empresa, que no entienden cómo Avericum puede presentar una oferta tan a la baja y obtener rentabilidad de un contrato que, además, añaden nuevas exigencias, como la contratación de nefrólogos, enfermeros y auxiliares o el servicio de acceso vascular (apertura en la piel y en el vaso sanguíneo), que hasta ahora lo venía prestando el propio hospital.

Según las bases del concurso, la empresa adjudicataria está obligada a realizar el tratamiento de hemodiálisis a un número de pacientes que inicialmente se prevé en 160 en el centro que debe ubicar entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde y en 60 en San Bartolomé de Tirajana, con dos turnos diarios de lunes a sábado. El incremento previsto de pacientes es del 5% al año. El periodo estimado para la puesta en funcionamiento de las dos unidades de hemodiálisis es de seis meses a partir de la firma del contrato.

El precio de licitación se fijó en 146 euros por sesión, resultado de sumar los 123 euros de la diálisis propiamente dicha y los 23 del suplemento de membrana de alta permeabilidad, parte fundamental en el tratamiento. Sin embargo, Avericum oferta la diálisis por 102,93 euros y el suplemento por cero euros, es decir, lo regala. Exactamente lo mismo que hizo en el concurso de 2014 para los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa. Ya entonces rebajó de forma considerable el precio de la sesión, en 50 euros, hasta los 121,96. Ahora lo hace aún más, un 16% con respecto a aquella licitación y un 37% en referencia con las tarifas que venía aplicando en la zona sur de Gran Canaria.

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